Petro respalda a su ministro de Hacienda pese a advertir el riesgo a un ‘default’

La época navideña en Colombia arranca con un tono apocalíptico de parte del Gobierno. El ministro del Interior Juan Fernando Cristo ha anunciado este domingo, en entrevista con el diario El Colombiano, que convocarán al Legislativo a sesiones extraordinarias, una vez terminen las ordinarias el 16 de diciembre, para tramitar la ley de financiamiento: una reforma tributaria que el ejecutivo presentó en septiembre para recoger 12 billones de pesos (unos 2.800 millones de dólares) adicionales y así fondear su abultado presupuesto para 2025. “No ha iniciado su trámite todavía en las comisiones económicas”, recordó. El próximo año pinta estrecho y el presidente Gustavo Petro se impacienta. No solo por la reforma, sino porque este fin de semana han aumentado los señalamientos contra su ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y de Desastres (UNGRD). Petro ha salido por segunda vez en defensa de su hombre de las cifras y, dirigiendo la atención a otro lado, ha afirmado que si el Legislativo no aprueba la reforma, Colombia podría cesar los pagos de su deuda.

“Pudiendo evitarlo, la oposición nos lleva al default, solo para ver si perdemos las elecciones del 2026. No les importa el bienestar de la gente”, añadió, advirtiendo de la posibilidad de que el Estado deje de pagar sus obligaciones, algo que, a diferencia de otros países de la región, no ocurrió en las décadas recientes. Se trata de una medida extrema que suele asfixiar a las economías que se quedan sin acceso a la financiación externa y suelen ver una gran deprecación de su moneda, una escalada de inflación y un empobrecimiento, como le ocurrió a Venezuela a partir de 2017.

El fin de semana que puso un tono apocalíptico a la Navidad arrancó el viernes en la noche, cuando Noticias Caracol reveló el testimonio que hizo a la Fiscalía una exasesora del ministro, María Alejandra Benavides. Al igual que dos exfuncionarios de la UNGRD, Benavides aseguró a las autoridades que, a finales del 2023, Bonilla buscó dirigir millones de pesos de esa entidad para canalizarlos a los aliados políticos de varios congresistas. Estos legisladores, a cambio, aprobarían unos créditos que el ministro tramitaba. “Todo necesitaba que él supiera”, le dijo Benavides a la Fiscalía, reafirmando que el ministro Bonilla estaba en el centro del más grande escándalo de corrupción del Gobierno Petro.

Bonilla ha respondido que pudo “cometer errores pero no delitos”, y que confía en que el proceso llegue a esa verdad. El mismo sábado, el Gobierno anunció que Bonilla se hará a un lado frente a lo que deba hacer el Ministerio para atender la nueva ola invernal y la ministra de Vivienda, Helga María Rivas, será ministra de Hacienda ad-hoc para ello.

Pero el presidente, quien dijo anteriormente de Bonilla que es “un hombre serio y honesto”, fue más allá en su defensa. “La labor del ministro de Hacienda ha sido buena en momentos difíciles para las finanzas públicas, debidos al intento de ahogamiento fiscal construido por la oposición”, ha escrito el sábado en su cuenta de X. Ese “ahogamiento”, según el presidente, se divide en tres escenas: la decisión de la Corte Constitucional de eliminar parte de su primera reforma tributaria, que permitía recoger de 2 a 5 billones de pesos (400 a 1.200 miles de millones de dólares, aproximadamente) más al año; la lentitud del Banco de la República en bajar las altas tasas de interés; y el costoso subsidio a la gasolina que impusieron gobiernos pasados. Petro necesita los 12 billones adicionales para sacar adelante sus proyectos, y señala como opositores a quienes no siguen su camino financiero.

Para el presidente, el debate económico y el proceso penal por el caso UNGRD están vinculados. “Ahora el ministro es víctima de otra trampa: la que se construye entre el concepto neoliberal del marco fiscal y la actitud extorsiva de miembros del parlamento que piden cupos indicativos a cambio de aprobar unos créditos que no van a la inversión pública ni de ricos ni de pobres, sino simplemente, para pagar las deudas de Duque”, escribió. En esta visión, Bonilla no buscaba hacer favores a congresistas al pedir que le aprobaran créditos, sino encontrar algún camino para las deudas que dejó el presidente anterior, el uribista Iván Duque.

Entre los culpables del riesgo de default, entonces, incluye al presidente anterior; a los congresistas que se oponen a la Ley de Financiamiento; a la mayoría de miembros de la junta directiva del Banco de la República; y a los magistrados de la Corte Constitucional. Entre ellos, hace énfasis en una persona, el presidente del Congreso y veterano político Efraín Cepeda. “Los parlamentarios que siguen a Cepeda, el presidente conservador del Senado, nos llevan de frente y con los ojos abiertos, al default”, dijo Petro. Este último le respondió el domingo al jefe de Estado, bajando el tono a la posibilidad de default y pidiendo a Petro “que enfoque sus esfuerzos en los $97 billones que tienen sin ejecutar, antes de una reforma que ponga más impuestos a los colombianos”.

Como ocurre en tantos hogares cada diciembre, el Estado encara el último mes con una discusión difícil sobre el presupuesto: cuánto y cómo se gastó el del año que termina, y cuánto habrá para el año que vendrá. En esa pelea todo el Gobierno tiene algo que decir. Por ejemplo, el ministro de Educación, quien la semana anterior dijo que de la Ley de Financiamiento depende que todos los estudiantes con créditos educativos del Estado tengan su dinero asegurado. Petro y su ministro de Hacienda estarán contando los votos que les faltan para esos 12 billones extra. “Como siempre el presidente actuará coherentemente, y buscará el mecanismo que evite la cesación de pagos en Colombia”, añadió Petro en su mensaje del fin de semana, bajando un poco la tensión. Pero por ahora el mecanismo, de acuerdo a él, depende del Congreso y se llama Ley de Financiamiento.