Chocó, entre las inundaciones y un paro armado del ELN

La desgracia ha vuelto a dirigir la atención hacia uno de los rincones más marginados de Colombia. Chocó, el departamento de población mayoritariamente afro y con mayores índices de pobreza, anclado entre las selvas y ríos del litoral Pacífico, está afrontando el último tramo del año como lo empezó: sumergido en emergencias en una de las regiones del mundo donde más llueve. En enero, un derrumbe acabó con la vida de por lo menos 39 personas en la vía que comunica a la capital, Quibdó, con Medellín (Antioquia), una de las carreteras más peligrosas del país. Diez meses después, 37.000 familias ―alrededor de 200.000 personas― han resultado damnificadas por las inundaciones. El desbordamiento de los principales ríos, Baudó, Atrato y San Juan, ha arrasado con viviendas, enseres, animales y cultivos. Zonas completas, como la que habitaba la comunidad indígena El Salto, en el municipio de Bojayá, han desaparecido. Y un paro armado decretado por la guerrilla del ELN ha dificultado la movilización de ayudas humanitarias.

El presidente de la República, Gustavo Petro, presidió este miércoles un Puesto de Mando Unificado sobre el impacto de las lluvias en todo el país. Lo hizo simbólicamente en Quibdó, donde reconoció la urgencia de elaborar mapas de riesgo para avanzar en planes de reubicación. “Que la tragedia no se repita, no porque no vaya a haber desastres porque lamentablemente los gobiernos de hoy son gobiernos para regir la crisis climática, van de desastre en desastre y cada vez peores, sino para garantizar que, si se producen, el ser humano quede protegido, la vida quede protegida”, señaló.

El jefe de Estado llegó después del llamado de la gobernadora Nubia Carolina Córdoba. “Chocó está bajo el agua”, alertó la mandataria el sábado pasado, al entregar los primeros reportes oficiales de la que calificó como la emergencia de mayores proporciones que ha enfrentado el departamento, una competencia difícil. Las imágenes divulgadas en redes sociales y medios muestran el agua, literalmente, hasta los techos. La creciente de los ríos ha sorprendido a 27 de los 31 municipios del Chocó. “Señor presidente, señora vicepresidenta, no esperemos una tragedia para reaccionar en tiempo y articuladamente. Este panorama rebasa absolutamente la capacidad local”, expresó Córdoba.

La gobernadora prorrogó la calamidad pública que había establecido meses atrás, porque el Chocó no termina de atravesar una emergencia cuando llega otra. Un día después, el presidente Petro anunció que declararía la situación de desastre nacional, priorizando a Chocó, Bogotá y La Guajira. Este miércoles emitió el decreto que formaliza ese anuncio y que permite agilizar recursos para reconstruir áreas afectadas.

La falta de infraestructura básica y de servicios esenciales aumenta la vulnerabilidad del Chocó, donde 7 de cada 10 habitantes subsiste en condiciones de pobreza. La corporación Manos Visibles, una red que trabaja para reducir brechas de inequidad, advierte que 6 de cada 10 viviendas están construidas con materiales frágiles; menos del 25% de la población rural tiene acceso regular a agua potable, y hay, en promedio, menos de un centro de salud por cada 10.000 personas. “Estamos hablando de un departamento rural y selvático. Las construcciones son en materiales poco resistentes para un lugar donde llueve todos los días. Sin infraestructura básica se van a seguir repitiendo tragedias evitables”, apunta Giuliana Bryan Álvarez, gerente de empoderamiento colectivo y género de la oenegé.

Las bajas inversiones para resolver problemas estructurales empeoran el impacto de las emergencias, como ocurrió a comienzos de año. “Además del gobierno departamental, estuvo involucrado el nacional, pero nunca llegaron las acciones de mitigación, ni prevención. Estamos en un departamento en riesgo ambiental que se mantiene en alerta todos los días”, agrega Bryan Álvarez.

Otro problema es el manejo inadecuado de residuos, especialmente, en comunidades rurales y ribereñas. En muchos casos, las basuras van a parar a los ríos. Marino Moreno, integrante del comité cívico por la salvación y la dignidad del Chocó, dice que no hay un plan de dragado para remover los materiales. “Esto está en los acuerdos de los paros cívicos de hace 8 años y han pasado varios gobiernos que no han cumplido. Si no se atiende esta solicitud, vamos a tener muy pronto desapariciones de pueblos enteros o tragedias más graves”, subraya.

En el Chocó todo se junta, como si el departamento de 605.000 habitantes estuviera condenado a reunir los males que aquejan al país. La violencia no cesa ni siquiera ante la crisis: el ELN, la guerrilla más antigua en armas en Colombia, solo relajó su paro armado en la noche del martes, cinco días después del inicio de las emergencias, con el anuncio de corredores humanitarios. “Frente a esta realidad tan dura que viven todos estos hermanos de esta parte del departamento del Chocó, invitamos a que todos estos grupos entren en un verdadero espíritu de diálogo”, pidió Monseñor Mario de Jesús Álvarez, obispo de la Diócesis de Istmina-Tadó. En 2023, el Chocó concentró el 44% de la población afectada por confinamientos forzados con 20.720 víctimas. Además de la ola invernal, el encierro bajo intimidaciones también amenaza la seguridad alimentaria.

La Gobernación ha desplegado la entrega de toneladas de ayudas, consistentes en kits de alimentos, cocina y aseo. La gobernadora ha insistido en la necesidad de un apoyo efectivo de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres (UNGRD), la entidad nacional que recientemente ha sonado más por los escándalos de corrupción que por la acción oportuna ante los riesgos de emergencias.

Cuando el derrumbe de enero pasado enlutó al Chocó, sus habitantes lamentaban el racismo estructural reflejado en la desconexión y el olvido que históricamente han marcado a esa región del país. Recordaban que aquella tragedia no había sido la primera y temían que tampoco fuera la última. El Chocó es un departamento que siempre duele.