La Procuraduría inhabilita por 10 años al excanciller Álvaro Leyva por haber cancelado irregularmente la licitación de pasaportes

Los líos jurídicos de la licitación para elegir a la empresa encargada de expedir los pasaportes en Colombia prácticamente han significado el fin de la carrera política de Álvaro Leyva. Este martes, la Procuraduría ha sancionado al político conservador de 82 años a una inhabilidad para ocupar cargos públicos por otros diez, en una decisión de primera instancia que puede ser apelada por el primer canciller del Gobierno de Gustavo Petro. La entidad encargada de disciplinar a los funcionarios encontró que el entonces ministro violó los principios que regulan la contratación estatal al anular el proceso de la licitación en 2023 “sin contar con los fundamentos necesarios”.

El argumento principal de la Procuraduría es que “no había razones jurídicas para declarar desierta la licitación”, como determinó Leyva, pues la empresa Thomas Greg & Sons (TGS) cumplía con todos los requisitos y en la legislación colombiana “no existe veto para que no se adjudique un contrato al único oferente de una licitación pública”. En ese sentido, la sentencia considera que el político actuó de forma dolosa — con conocimiento y voluntad—, generando un caos administrativo. Incluso asegura que Leyva puso en riesgo el derecho al libre movimiento de los colombianos.

El ente de control también sostiene que el canciller conocía las condiciones de la licitación antes del cierre del proceso, por lo que si estaba en desacuerdo, o consideraba que favorecían a un oferente en particular, hubiera podido cambiarlas con anticipación, en vez de declarar el concurso como desierto cuando ya conocía al único proponente habilitado.

La decisión gira alrededor de una empresa: Thomas Greg & Sons (TGS), una compañía colombiana que desde el 2007 ha ganado ininterrumpidamente la licitación para expedir los pasaportes y ha sido contratista en paralelo de la Registraduría para realizar las elecciones, un contrato que ha sido cuestionado por Gustavo Petro en el pasado. “Thomas Greg & Son’s pone a los presidentes de Colombia”, había dicho durante la campaña regional de 2019. Luego, al llegar al poder, indicó que durante su Gobierno no se admitirían las licitaciones con un solo proponente. “Se declaran desiertas y se inicia de nuevo el proceso quitando las fallas que impiden la competencia”, dijo. Y Leyva se guio por esa directriz.

Los otros oferentes que participaban, como la alemana Veridos, la francesa IN Groupe y una alianza entre la colombiana Cadena y la Casa de la Moneda de Portugal, se retiraron del proceso, denunciando que los pliegos estaban diseñados para favorecer a TGS. Recordaban que entre los requisitos estaba el tener una planta de producción en Bogotá, con el que solo cumplía el entonces contratista.

El actuar de Leyva abría las puertas para que TGS demandara al Estado y pocos días después, en octubre de 2023, la empresa inició un proceso en el que pedía una indemnización de 117.000 millones de pesos (unos 27,3 millones de dólares) por el “daño reputacional sufrido”. En enero siguiente, la Procuraduría tomó una primera decisión en contra del entonces ministro: lo suspendió por tres meses por haberse extralimitado, y extendió la suspensión en abril, al considerar que su regreso podría afectar la nueva licitación. En mayo, Petro nombró como canciller en propiedad a Luis Gilberto Murillo, quien era embajador de Colombia en Washington y estaba encargado. Pero la llegada de Murillo no representó un cambio de enfoque.

Los detractores de la postura del Gobierno sostenían que así el sistema funcionaba bien, que los pasaportes se entregaban a tiempo y que el oferente colombiano contaba con la mayor experiencia. El Ejecutivo, sin embargo, planteaba que en la gestión de los pasaportes se debía priorizar lo público, y por ello la Cancillería ha apostado a que sea la estatal Imprenta Nacional quien los produzca. No obstante, esa entidad pública tuvo problemas en la impresión de las cédulas de extranjería, al punto que tuvo que subcontratar a una empresa mexicana, que también tuvo todo tipo de inconvenientes. El Ejecutivo ha aceptado que la Imprenta no está preparada, por lo que ha concedido a TGS la producción de los pasaportes hasta septiembre de 2025, cuando será asumida por el Gobierno de Portugal, que los fabricará desde una planta ubicada en Colombia. Pasados 10 años, entregará la infraestructura al país, y la Imprenta Nacional se podrá encargar del proceso.