La justicia educativa y los ‘articulotes’ sobre transferencias territoriales

La Cámara de Representantes de Colombia tiene en sus manos durante las próximas semanas la votación de la reforma a los artículos 356 y 357 de la Constitución. Nos jugamos tres cosas trascendentales en esa decisión: ¿queremos un Estado nacional fuerte, o uno descentralizado? ¿Podemos redimensionar el Estado con estabilidad fiscal? Y lo más importante y menos discutido: ¿al fin gara...

La Cámara de Representantes de Colombia tiene en sus manos durante las próximas semanas la votación de la reforma a los artículos 356 y 357 de la Constitución. Nos jugamos tres cosas trascendentales en esa decisión: ¿queremos un Estado nacional fuerte, o uno descentralizado? ¿Podemos redimensionar el Estado con estabilidad fiscal? Y lo más importante y menos discutido: ¿al fin garantizaremos derechos básicos como la educación, la salud y el agua potable a territorios y grupos de la población eternamente discriminados?

Hoy, en la opinión pública, se discuten los asuntos que interesan al poder: los políticos, cómo se reparte el dinero entre gobiernos nacionales y regionales; los economistas ortodoxos, la regla fiscal sobre supuestos pesimistas. Las elites políticas piensan que la justicia territorial consiste en que el dinero público lo manejen las regiones, pero la descentralización solo será justa si lleva derechos sociales a la población excluida. Y la tecnocracia centralista no reconoce, aunque lo sabe, que invertir en desarrollo humano, y en especial en educación, al generar productividad y capacidades territoriales, hace que de la propia reforma surjan los recursos para pagarla, porque el retorno social y personal de esas inversiones es una de las mayores certezas logradas por las ciencias sociales en el último siglo.

Así que el interés de los excluidos debe ser incorporado de una vez en el texto constitucional, y no dejando la distribución de los recursos para una ley de competencias “posterior”. En concreto, para que la educación genere paz, equidad y prosperidad, necesitaríamos que la Cámara hiciera ahora cuatro cosas.

Uno, que apruebe el proyecto manteniendo el texto que salió del Senado, aumentando las transferencias del 24% de los ingresos corrientes de la Nación (ICN) en 2027 al 39,5% en 2039. Tendríamos dos años con la fórmula actual, y en la década siguiente la inversión fruto de la reforma generaría el retorno para pagarla.

Dos, que mantenga la participación mayoritaria que ha tenido la educación en esa bolsa, que hoy es del 58%. Sería un error fatal incluir ideas novedosas en detrimento de la educación en el crecimiento de las transferencias. Y por eso, ante los intereses que entrarán en juego proponiendo buenas intenciones (y micos) en la Ley de Competencias, es necesario blindarse ahora del riesgo de retroceder en la destinación específica de las transferencias a los derechos sociales esenciales.

Tercero, que reviva un par de frases de la ley estatutaria para garantizar el derecho fundamental a la educación que la misma Cámara había votado favorablemente el 15 de abril pasado. Es decir, mencione de modo preciso que las transferencias pagarán el derecho fundamental a la formación integral de calidad para todas las personas sin ninguna excepción, desde el grado de prejardín a los tres años, hasta la educación media articulada con la educación superior.

Y cuarto, que cree un Fondo dentro de la bolsa que favorezca a las zonas rurales dispersas afectadas por el conflicto armado, reforzando la idea incumplida de los territorios PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial). Con un 1,5% de los ICN en un mecanismo diferencial se garantizaría una educación razonablemente buena en los territorios donde se ve de modo más nítido que la violencia y la pobreza vienen de la desigualdad educativa. Es algo que ha reconocido la Misión de Descentralización. Por supuesto, si la salud y el agua potable entran en el Fondo, habría que ir más allá en ese porcentaje, pero ninguna inversión sería más pertinente que esa.

Por otro lado, este es un momento oportuno para la reforma. Se pueden implementar sus efectos gradualmente a partir de 2027, hay un periodo de holgura transitorio en las transferencias los próximos dos años, gracias al rebote económico de la pospandemia y a la reforma tributaria de 2022; y, como van seis de ocho debates, una vez aprobada habría tiempo para reglamentarla e implementarla. No aprobarla sería patear hacia adelante una crisis que ya vivimos en los últimos cinco años, y estar haciendo la modificación en dos años, pero a las carreras y para tapar huecos.

Los y las representantes a la Cámara tienen la mayor oportunidad en este cuatrienio de pasar a la historia, pero solo la aprovecharán fijando prioridades y aceptando que darles lo mismo a todos los intereses cuando hay tanta desigualdad, es eternizar la injusticia.

Y a quienes piensan que esta nueva oportunidad para la descentralización fracasará y “es mejor malo conocido que…”, les recuerdo que, en lo que respecta a la educación básica, cuando territorios mínimamente financiados la han asumido, han dado mejores resultados que cuando la Nación ha tratado de resolverlo todo desde oficinas ministeriales. En el debate en el Senado aportamos evidencia de ello, como se puede ver en el siguiente video de registro de esa sesión.