El Congreso tumba el artículo que permitía que los abusadores sexuales de niños tuvieran una rebaja en sus condenas

Uno de los puntos más polémicos de la propuesta de reforma a la justicia del Gobierno Petro, ha sido eliminado. Este martes, el Congreso de la República ha revocado un artículo que pretendía que quienes cometan delitos sexuales o de secuestro contra niños, niñas y adolescentes, pudieran acceder a preacuerdos con la Fiscalía para reducir sus penas hasta en la mitad. La proposición, firmada por 120 de los 305 congresistas, llega justo después de que el país se conmocionara con dos asesinatos de menores de edad: el de Alexis Delgado, un niño de dos años que fue hallado en una finca de Cundinamarca, y el de Sofía Delgado, una menor de 12 años que fue desaparecida en el Valle del Cauca. Ambos casos ocurrieron en octubre y se sumaron a la cifra de 375 menores de edad víctimas de homicidio que habían ocurrido en Colombia entre enero y agosto pasado, según Medicina Legal.

La ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, argumentó que el artículo pretendía disminuir los índices de impunidad en esos casos. “Se trata de judicializar mejor a quienes abusan de los menores de edad”. Lejos de plantearse como beneficios para los procesados, afirmó, era una estrategia para que los capturados aportaran información sobre otros posibles responsables o de redes creadas para cometer actos sexuales contra menores de edad. “Significaría un provecho para la justicia”, dijo en agosto pasado. Sin embargo, el Gobierno fue cediendo y, un mes más tarde, la misma ministra reconoció que estaban evaluando retirar esa medida.

Con la nueva decisión, quienes cometan actos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, no podrán acceder a rebajas en su condena, así confiesen los delitos o hagan aportes a la justicia en el proceso. El senador Carlos Fernando Motoa, del partido Cambio Radical, ha dicho que la nueva propuesta “se consolidó de manera armonizada junto con los autores de la reforma a la justicia con la necesidad de disuadir ciertas acciones individuales que ponen en peligro la salud física y mental de los menores de edad”. Y, aunque el término de “acuerdo nacional” impulsado por el Gobierno se ha vuelto difuso, reconoce que “hay acuerdo al interior de la Comisión Primera con este proyecto porque no se ha negociado bajo la tutela ni dirección de ningún integrante del Gobierno nacional”.

El congresista ha afirmado a este diario que, aunque los casos recientes generaron indignación colectiva y volvieron a poner el tema sobre la mesa, la discusión no es reciente. En 2020, en medio de la pandemia, el Senado aprobó una reforma que permitía la cadena perpetua para asesinos y violadores de niños, una iniciativa que respaldó el Gobierno de Iván Duque. No obstante, un año después la Corte Constitucional tumbó la ley, argumentando que podía constituirse como una sanción “cruel, inhumana y degradante, prohibida por los instrumentos internacionales, toda vez que se anula la esperanza razonable y efectiva de salir de la prisión y se margina definitivamente al individuo de la sociedad”.

Brayan Campo, el confeso asesino de Sofía Delgado, aceptó los delitos de feminicidio agravado, secuestro simple y ocultamiento de pruebas. La Fiscalía avanza en investigar si también cometió violencia sexual contra la menor de 12 años, pero ya los delitos que le ha imputado podrían sumar más de 50 años de prisión, la pena máxima en Colombia. Aunque Campo podría llegar a un preacuerdo con la Fiscalía, de ser encontrado responsable de violencia sexual, no podría acceder a ningún beneficio de reducción de pena por ese delito.

Para la ministra Buitrago, aunque ya su cartera venía contemplando la posibilidad de eliminar el artículo, la presión y el costo político incidieron. “Hubo puntos de coincidencia en las razones jurídicas, pero en las razones políticas también, porque el mensaje que se daba no era el adecuado”, ha dicho a medios después de la decisión en el capitolio. Ha explicado que el proyecto busca que una sanción efectiva para los agresores, sin descuidar los esfuerzos por reducir los índices de impunidad en la investigación, que fue uno de los argumentos de su cartera para construir la propuesta de los beneficios en la condena.

El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, también se pronunció por la eliminación del artículo. Ha dicho que la decisión fue “sabia, conveniente, y que permite avanzar sin tanta discusión y tanta controversia innecesaria en un tema que hay que reconocer, en la actual circunstancia que está viviendo el país con esta clase de crímenes”. El asunto seguirá en la agenda mediática y política, entre otras cosas, porque Medicina Legal ha advertido del aumento en un 10% en casos de denuncias por delitos contra la niñez, con respecto a los casos registrados en 2023.