Avenida Boyacá: Un proyecto clave para Bogotá queda en el limbo por una acción del Ministerio de Ambiente
El alcalde Carlos Fernando Galán acusa al Gobierno Nacional de entrometerse en un proyecto que permitiría descongestionar la conexión entre la capital y los municipios del norte de la Sabana
Otro proyecto para mejorar las vías que comunican a Bogotá con Cundinamarca por el norte podría quedar en el limbo. El Consejo de Estado ha admitido una demanda presentada por la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, que pide anular la licencia ambiental expedida en diciembre de 2023 para construir la ampliación de la avenida Boyacá entre calles 183 y 235. El proyecto permitiría conectar Bogotá con los municipios del norte de la Sabana y funcionaría como uno de los principales accesos a Lagos de Torca, uno de los proyectos de vivienda más grandes de los últimos años en la ciudad. En el trasfondo está una puja, que ya suma más de una década, por el destino del área verde del borde norte de la ciudad, en la que las Alcaldías recientes han buscado ordenar y crear nuevas vías, en tanto el presidente y exalcalde Gustavo Petro ha defendido que debe convertirse en una reserva natural protegida.
El alcalde mayor Carlos Fernando Galán ha acusado al Gobierno de Gustavo Petro de entrometerse “en asuntos que deben ser definidos por Bogotá”. “Con esta demanda, el Gobierno Nacional está haciendo todo para bloquear la posibilidad de que se avance en una obra estratégica para la movilidad de Bogotá. Haremos todo lo que esté en nuestras manos para hacer respetar la autonomía de Bogotá”, he escrito este jueves en X. Se abre, así, otro frente de choque entre su Alcaldía y el Gobierno Nacional.
La propuesta es prolongar la avenida que atraviesa toda la ciudad por el occidente, por 4,9 kilómetros más, hacia el norte. Tendría cuatro carriles vehiculares (dos por sentido), ciclorrutas y zonas peatonales, y dejaría una franja de reserva en el centro que permitiría ampliarla eventualmente hasta 12 carriles. El fideicomiso que desarrolla el proyecto ya tiene lista la financiación del primer tramo, entre las calles 183 y 200, y está cerrando los estudios y diseños de una ruta que serviría como alternativa a los dos accesos ya existentes y colapsados: la Autopista Norte y la carrera Séptima. Sin embargo, ha sido motivo de debate entre la Nación, el Distrito, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) y varias veedurías ambientales porque pasa por la Reserva Forestal Regional Thomas van der Hammen, que en 1.395 hectáreas conecta los cerros orientales con el río Bogotá. Se trata de un hogar de paso para 11 especies de mamíferos, 23 de mariposas, 49 de aves y de cerca de 200 tipos de plantas de alto valor ecológico.
La Veeduría Ciudadana para la Protección de la Reserva van der Hammen ha señalado que la vía fragmentaría la reserva. Por eso, entre 2021 y 2023, cuando la CAR adelantaba los procesos para darle licencia ambiental, la organización ciudadana pidió que se evaluaran alternativas para reducir el impacto sobre la reserva. A esta batalla se unió Petro, alcalde de Bogotá entre 2012 y 2015. “Si prolongan la avenida Boyacá a través de la reserva forestal del norte que este gobierno piensa consolidar, acaban la reserva forestal Thomas van der Hammen: la reserva forestal del norte”, publicó el presidente en X en septiembre de 2023, pocos días antes de una audiencia en la que sus ministros de Ambiente y Transporte argumentaron a la CAR la necesidad de estudiar otras alternativas. A pesar de ello, la autoridad ambiental otorgó la licencia en diciembre.
El Ministerio de Ambiente recurrió la decisión y, ante el silencio de la CAR, escaló con una demanda ante el Consejo de Estado el pasado 17 de octubre. El tribunal ha admitido la acción y ha dado un plazo de un mes a la CAR para responder. Por ahora, la prolongación puede avanzar porque el Consejo de Estado negó las medidas cautelares de urgencia, según la interpretación de Lagos de Torca. Alejandro Callejas, gerente del proyecto, asegura que la CAR ha perdido las competencias para decidir sobre la licencia. “La licencia queda en firme y aún queda abierta la discusión por una medida de suspensión. Tenemos unos días para responder y, mientras tanto, el Consejo estudiará si suspende la licencia”, detalla en una entrevista telefónica. “Confiamos en que el Consejo de Estado lea nuestra argumentación, mostrando que las preocupaciones ambientales han sido recogidas en el proyecto, y resuelva desde el punto de vista técnico”, sostiene, y argumenta que el diseño no toca los acuíferos, tiene un sistema permeable para permitir el paso del agua e incluye pasos subterráneos de fauna.
La ministra Muhamad ha defendido este jueves, desde la COP16 en Cali, que la CAR no cumplió con el procedimiento que exige dar una licencia sobre una reserva. “Esa avenida como está planteada va a generar graves perjuicios sobre la Sabana de Bogotá y en tiempos de cambio climático esto no es un juego. Estamos ejerciendo nuestras competencias”, ha manifestado quien fue la secretaria de Ambiente de Bogotá durante la Alcaldía de Petro.
Para la Administración distrital, está en jaque un proyecto de movilidad fundamental. Conecta a la ciudad con la provincia de Sabana Centro, que incluye municipios como Chía, Cajicá y Tocancipá, en la que viven cerca de 540.000 personas, muchas de las cuales trabajan o estudian en la capital. El alcalde Galán ha advertido que se pone en riesgo uno de los principales accesos a un desarrollo de 135.000 viviendas que costará 22,9 billones de pesos (más de 5.000 millones de dólares) y está planeado para 25 años.
A este problema de la prolongación de la avenida Boyacá se suma el de la ampliación de la Autopista Norte entre las calles 191 y 245. En enero otra institución nacional que depende del Ministerio de Ambiente, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), archivó la solicitud de licencia ambiental para ese proyecto, que ya está contratado y financiado. Hoy, la Autopista tiene tres carriles por sentido y se ampliaría en dos más. Se esperaba que las obras empezaran en 2023 y terminaran en 2029. La autoridad determinó que el proyecto no cumple con requisitos como garantizar la conectividad hídrica de los humedales Torca y Guaymaral, que fueron fragmentados en los años 50 por la construcción de la vía. Hoy hay mesas de trabajo para arreglar los diseños de tal forma que la ampliación pueda construirse.