Petro llega al ecuador del cuatrienio sin ceder en su desafío al viejo consenso económico

El presidente insiste en un proyecto de visos estatistas condicionado por la ralentización y las deudas postpandémicas

El presidente colombiano, Gustavo Petro, durante la conmemoración de la Batalla de Boyacá, en Tunja, Colombia, el 7 de agosto de 2024.Ivan Valencia (AP)

Tres minutos de un discurso presidencial, o unas pocas líneas en la red social X, son suficientes para pulverizar 60 páginas de trabajo técnico del Departamento de Planeación Nacional. Son palabras textuales de Jorge Iván González, veterano economista y hasta febrero responsable de esa agencia estatal. Lo dice para sintetizar la constante fricción entre el temperamento intempestivo del presidente, Gustavo Petr...

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Tres minutos de un discurso presidencial, o unas pocas líneas en la red social X, son suficientes para pulverizar 60 páginas de trabajo técnico del Departamento de Planeación Nacional. Son palabras textuales de Jorge Iván González, veterano economista y hasta febrero responsable de esa agencia estatal. Lo dice para sintetizar la constante fricción entre el temperamento intempestivo del presidente, Gustavo Petro, y el trabajo aplicado de cientos de funcionarios encargados de delinear, con el mejor soporte estadístico a la mano, el modelo macroeconómico de la Administración de izquierdas. Este es el contexto en el cual el Gobierno alcanza el ecuador de su mandato, con un cuadro económico difuso, con más de un parche a la vista, marcado por las tensiones con el tradicional consenso económico y muchos desafíos para retomar la normalidad perdida tras la pandemia.

La situación de Colombia de cara al último tramo del año es moderadamente alentadora. Así lo explica Munir Jalil, economista en jefe para la región Andina de la banca de inversión BTG Pactual. En contra de algunos pronósticos iniciales, el país cerraría el ejercicio con un crecimiento del PIB en torno al 2%: “La economía se está recuperando, de eso no caben dudas. La pregunta que habrá que resolver a futuro es si el Gobierno habría podido ayudar a que el proceso fuera más dinámico”, se cuestiona Jalil. Sus palabras retratan la paradoja en el manejo de Hacienda, marcado por dos fuerzas simultáneas: la retórica de cambio y la responsabilidad económica, esta última muy alejada de los peores vaticinios de la oposición que situaban a Colombia en un escenario apocalíptico cercano al hundimiento venezolano.

Petro ha mantenido el eje crítico de su ideario económico, inflexible con las peores falencias del sistema capitalista, pero a la vez atento del andamiaje institucional. En medio de los aprietos de caja y del billonario endeudamiento contraído en la crisis sanitaria por el Gobierno del conservador Iván Duque, ha respetado un modelo que no lo seduce del todo. “En últimas ha sido muy respetuoso con el equilibrio del consenso macroeconómico existente. Ha tratado de sostener el déficit fiscal bajo control, de pagar la deuda. También ha sido prudente con la decisión del Banco de la República de bajar las tasas de interés de manera gradual. Si uno analiza su política fiscal y monetaria, ha sido más ortodoxo que heterodoxo”, analiza el economista Daniel Castellanos.

Conviene recordar que la situación fiscal postpandémica empujó al Gobierno a desmontar el fondo de subsidio a la gasolina y al diésel. El próximo año tendrá que desembolsar 9.000 millones de dólares para cumplir con el pago de los créditos de corto plazo adquiridos con organismos como el Fondo Monetario Internacional para gestionar la crisis sanitaria. También tendrá que ayudar a subsanar los agujeros heredados por las energéticas tras la congelación de las facturas de la luz durante la pandemia y, para rematar, asumirá una parte del desbarajuste causado por la suspensión temporal del cobro de los peajes durante meses en que el transporte estuvo paralizado.

Por eso, Jorge Iván González pronostica que el próximo año se dará una asimetría “totalmente loca” entre el presupuesto para atender el servicio de la deuda y la baja inversión. “Un país que destina 80 billones en inversión y 120 billones en cubrir compromisos de deuda es, simplemente, inviable. La situación fiscal es complicadísima y, aunque suene paradójico, hay que reconocer que el esfuerzo por recomponer las finanzas ha sido brutal”. Con estos ingredientes se podría decir que el cuadro general apenas empieza a mostrar brotes de normalidad, pero también que hay pocos analistas que se muestran satisfechos.

Una de las preguntas angulares tiene que ver con el modelo de desarrollo. O la inconsistencia en el plan y su falta de concreción. El ejemplo más claro es, quizá, el de los hidrocarburos, durante décadas una de las mayores fuentes de ingresos, hoy en una suerte de limbo que el Ejecutivo arropa bajo la capa difusa de la “transición energética”. En términos prácticos, la mayoría de analistas coinciden en que podría ser el gran lunar económico de esta Administración. “Haber anunciado desde el principio [del mandato] el freno a los contratos de exploración de petróleo fue fatal para la inversión y más aún teniendo a un país cercano a la Guyana, adonde ya muchas empresas se están yendo”, abunda González.

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El gran cortocircuito

La historia del manejo en política de hidrocarburos, además, es un retrato nítido del cortocircuito sostenido a lo largo de los dos años entre el mandatario y buena parte de la esfera privada. Para el profesor emérito de la Universidad EAFIT, Jesús Alonso Botero, la desconfianza cerril del mandatario se replica en todos los sectores de un país que ha aplicado un modelo de gestión de los servicios básicos donde participan actores públicos y privados. Para Petro, las aseguradoras en salud, las administradoras de fondos de pensión o las energéticas privadas son objeto de sospecha. Piezas de una maquinaria ineficiente, guiadas exclusivamente por el afán de lucro y carentes de mayores méritos para mostrar.

En todos y cada uno de los anteriores casos, el Ejecutivo ha buscado arrinconar o desarticular el rol de los privados en la arquitectura institucional a través de reformas legales o decisiones administrativas. De momento, las únicas ofensivas que han avanzado han sido la pensional y la de salud. Jorge Iván González recuerda cuando le reprochaban en reuniones gremiales que el proyecto del ‘petrismo’ era abiertamente estatista: “Yo les decía que en ningún aparte del Plan de Desarrollo se está proponiendo esa posibilidad”, respondía. Más allá de las etiquetas, los dardos del presidente suelen tener eficacia parcial dentro de un sistema que se ha prestado a menudo para la corrupción y otras inconsistencias.

Pero, a juicio de Botero, la incapacidad de Petro para materializar soluciones para las dolencias de un país largamente diagnosticado, solo atizan la desconfianza entre dos polos que atestiguan cambios importantes sin saber a ciencia cierta si el país se va a quedar sin los vicios del viejo modelo para saltar a un invento peor: “Siento que un presidente que le da la espalda al sector privado difícilmente va a mejorar la distribución de ingresos o va a impulsar la infraestructura, que es una forma de generar riqueza de forma colectiva”.

Se trata, en el fondo, de un conflicto profundo, arraigado a las convicciones reformistas del viejo militante de una guerrilla de raíz urbana como lo fue el M-19, hoy convertido en presidente y seguidor de corrientes de pensamiento que ponen en tela de juicio los límites del crecimiento: “Los Gobiernos, como los psiquiatras, muchas veces pueden hacer muy poco por sus pacientes, pero reciben a todo el mundo. Es lo que han hecho todos los presidentes hasta ahora y más aún en procesos de crisis como la actual. Pero, con Petro es muy complejo que se establezca el diálogo cuando un sector le genera dudas”, explica Munir Jalil.

Cita como ejemplo el caso del turismo, ahora en carpeta para convertirse en uno de los motores de crecimiento, pero ninguneado en la práctica durante los primeros dos años, según Jalil. En este orden de ideas no es de extrañar que la inversión privada haya caído un 24% en el segundo trimestre del año frente al mismo período de 2023. Una contracción aguda que sirve, además, como termómetro para medir ese concepto tan gaseoso como repetido este cuatrienio: desconfianza. “Mal haríamos en verlo como responsabilidad política exclusiva de esta Administración”, matiza Munir Jalil, “esto tiene que ver con un ciclo económico que se habría desarrollado igual con un Gobierno de derecha, de arriba, de abajo o de centro, porque los cálculos para estructurar los cierres financieros de los proyectos y las tasas de retorno estaban condicionados por las altas tasas de interés y la inflación”.

Un proceso de desinflación que, justamente, ha resultado más lento de lo anticipado y ha ido licuando por el camino la capacidad adquisitiva de los colombianos. Esta semana se conoció que la tasa de julio cerró en un 6,86% interanual, un dato que recupera el camino descendente hacia la meta fijada por el banco central en 3%. Jalil, sin embargo, agrega herramientas para comprender la caída de la inversión privada, que también se ha desplomado en América Latina: “Este Gobierno ha centrado el impulso, con evidentes problemas de ejecución, en el sector público. Pero no ha habido grandes proyectos de infraestructura, que se ejecutaban en alianzas público/privadas, ni en los proyectos de generación de energía con las multinacionales o grandes grupos, ni mucho menos inversión importante en el sector petrolero”.

Al reloj de arena le restan 700 días

La gran pregunta en este punto gira alrededor de qué tan eficaz ha sido el Gobierno en el proceso de enderezar la marcha de la economía. El presidente ha exhibido en las últimas semanas una reducción de tres puntos porcentuales en la tasa de pobreza monetaria como uno de sus logros más preciados. En efecto, pasó del 36,6% en 2022 al 33% el año pasado. 1.600.000 colombianos salieron de esa condición de precariedad, que tiene en cuenta la capacidad de pago de los servicios públicos y la canasta familiar. “Tener a 3 de cada 10 colombianos en condición de pobreza tampoco es para cantar victoria. El gobernante de turno saca pecho, pero son ciclos económicos en los que inciden muchos factores, y determinar qué tanta responsabilidad le atañe a Petro es imposible”, afirma González.

Hay otras explicaciones parciales. González señala, por ejemplo, que el Estado se ha enfocado en pulimentar el proceso de focalización para transferir los subsidios. Hoy se pierden, por ejemplo, unos 4 billones de pesos (unos 1.000 millones de dólares) en recursos mal asignados para cubrir los costos de servicios públicos de ciudadanos que no los necesitan: “Otro gran error del presidente ha sido nombrar a un guionista, como lo es Gustavo Bolívar, en la dirección del Departamento de Prosperidad Social, una dependencia que maneja un presupuesto de 11 billones de pesos para una tecnocracia muy complicada y que requiere una disciplina y unos conocimientos que solo se adquieren con los años”, sentencia González.

El otro logro tangible en estos dos años de Gobierno ha sido sacar adelante una reforma tributaria que en principio despertó un amplio consenso por sus rasgos progresivos, y con el tiempo ha ido recibiendo críticas incluso del mismo oficialismo, interesado en hacerle retoques para reducir el impuesto de renta a las empresas y apurar, en teoría, el ritmo de la economía. Para el grueso de los analistas, el problema central es que no ha habido mayor apremio en clarificar el método escogido para crecer, tan solo un boceto en forma general revelado por el presidente este viernes 9 de agosto, dos años más tarde: “En términos prácticos, no son conscientes de la enorme desconfianza que generan en los inversores. No me cabe duda de que ningún Gobierno puede tener éxito en el manejo económico si lo único que hace es generar incertidumbre”, sentencia Castellanos.

Hace tan solo unos días, el presidente declaró que el dinero de las Entidades Promotoras en Salud fue utilizado por “el paramilitarismo y para matar gente”. Y unas semanas atrás sostuvo que el margen de beneficios de las empresas generadoras de energía haría palidecer a Pablo Escobar. Esos excesos verbales, o acusaciones genéricas, han precedido a peleas desenfocadas. En opinión de Jorge Iván González, esos choques desconectan al presidente de temas más urgentes. A saber, aterrizar el Sistema Universal de Ingresos, incluido en el Plan de Desarrollo, que afinará aún más la información para orientar los subsidios hacia los territorios y familias más necesitadas.

Daniel Castellanos recuerda que se debe tener en cuenta siempre que toda esta historia se desarrolla en paralelo a los estragos de un momento histórico inusitado y complejo. Y consciente de que cualquier imprevisto geopolítico desde Estados Unidos o Europa podría suponer nuevos desajustes macroeconómicos, reclama mayor claridad del Ejecutivo en sus proyectos de política económica: “Las proyecciones de recaudo por impuestos han sido fallidas. Los logros sociales son muy modestos para un Gobierno de izquierda. El único, quizás, ha sido la reforma pensional con el auxilio para los mayores. Pero las cifras de desempleo han tenido variaciones mínimas, se mantienen en dos dígitos, y en la última medición volvieron a crecer”.

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