Un magistrado ordena la libertad de Salvatore Mancuso

Manuel Bernal Parra, magistrado del sistema especial que juzga a exparamilitares, llamado Justicia y Paz, ha ordenado la libertad de una de las figuras más emblemáticas de fenómeno criminal colombiano. Salvatore Mancuso, excomandante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), tenía en su contra 57 detenciones preventivas en ese sistema, todas intramurales, y se encontraba recluido en la cárcel La Picota, de Bogotá. Pero Parra ha pedido este jueves sustituirla...

Manuel Bernal Parra, magistrado del sistema especial que juzga a exparamilitares, llamado Justicia y Paz, ha ordenado la libertad de una de las figuras más emblemáticas de fenómeno criminal colombiano. Salvatore Mancuso, excomandante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), tenía en su contra 57 detenciones preventivas en ese sistema, todas intramurales, y se encontraba recluido en la cárcel La Picota, de Bogotá. Pero Parra ha pedido este jueves sustituirlas por medidas no privativas de la libertad. Lo hace porque, según explica, Mancuso ha cumplido durante ya varios años con dos lineamientos obligatorios de Justicia y Paz: aportar la verdad a sus víctimas, y entregar bienes para repararles.

“Muchas gracias, su señoría”, dijo el excomandante al escuchar la decisión en una audiencia virtual. Mancuso podrá salir de la cárcel pero no del país, no podrá portar armas, y deberá presentarse ante los tribunales de Justicia y Paz cuando sea requerido. También deberá presentarse ante la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, la institución que dirige los procesos de resocialización de quienes dejaron las armas.

Mancuso regresó al país a finales de febrero después de casi 15 años en Estados Unidos, el país al que fue extraditado en 2008 durante el Gobierno del expresidente Álvaro Uribe. Aunque el excomandante se había acogido al sistema especial de Justicia y Paz, en 2006, Uribe alegó que este seguía delinquiendo y por eso debía ser extraditado. Las víctimas vieron la movida de Uribe como un esfuerzo por callar la verdad del exparamilitar. Sin embargo, este siguió participando en audiencias de verdad y, desde Estados Unidos, cumplió varias de sus condenas en Colombia. Regresó alegando que ya había cumplido su tiempo obligatorio en la cárcel y debía estar en libertad. Dos meses y medio después de su aterrizaje, Parra le dijo que puede salir de La Picota.

El camino legal de Mancuso no ha sido fácil de seguir porque su libertad, de forma excepcional en el sistema de justicia colombiano, ha estado en manos de dos tribunales especiales de justicia transicional. Al poco tiempo de su aterrizaje, un juez de Justicia y Paz en Barranquilla había negado inmediatamente la petición de libertad, recordando 33 medidas de aseguramiento que Mancuso tenía en su contra en el departamento del Atlántico. Tampoco le permitió ser gestor de paz, una oferta que le había hecho el gobierno del presidente Gustavo Petro. Esa decisión fue apelada por los abogados del excomandante. Pocos días después otro tribunal transicional, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que juzga a exguerrilleros de las FARC y miembros de la fuerza pública, anunció que ellos deberían ser quienes evaluan la libertad de Mancuso—ya que este último está compareciendo la verdad sobre la relación de los paramilitares con la fuerza pública. Hace tres semanas, la JEP también le había negado la libertad.

Pero estaba pendiente la apelación en Justicia y Paz. Es en respuesta a ella que, ahora, el magistrado Parra dice que Mancuso sí puede salir de la cárcel. El excepcional ping-pong legal en el que está la libertad de Mancuso, por comparecer ante dos tribunales de justicia transicional, lo pone en una situación incómoda que al final tendrá que resolver la Corte Constitucional.

“Cuando dos o más autoridades de distintas jurisdicciones, sin un superior jerárquico común, tengan una disputa en torno a la competencia para conocer de uno o varios asuntos, será la Corte Constitucional la encargada de dirimirla”, decía el fallo de la JEP.

Mancuso mismo sabía que uno de sus grandes problemas iba a ser quien termina decidiendo sobre su situación legal, como lo escribió en una carta antes de aterrizar a finales de febrero. “A pesar de los vacíos y riesgos que supone para mis garantías procesales y seguridad jurídica el hecho de haber quedado sometido a dos jurisdicciones (..) creo que los modelos de justicia transicional que empezaron a operar en Colombia a partir de nuestra desmovilización (...) son ciertos y legítimos para el cierre judicial definitivo del conflicto armado interno”, dijo, comprometiéndose a ofrecer la verdad de la guerra a las víctimas, tanto en la JEP como en Justicia y Paz.

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