Una experta de la ONU señala a la Fiscalía de obstaculizar a la JEP en el caso Santrich

Son seis los obstáculos para la puesta en marcha del Acuerdo de Paz firmado entre el Gobierno de Colombia y las FARC en 2016. Así lo determina un informe elaborado por la abogada y exministra chilena Antonia Urrejola, delegada en julio pasado por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para “detectar y verificar los obstáculos para la implementación del acuerdo”. En su condición de experta internacional, qui...

Son seis los obstáculos para la puesta en marcha del Acuerdo de Paz firmado entre el Gobierno de Colombia y las FARC en 2016. Así lo determina un informe elaborado por la abogada y exministra chilena Antonia Urrejola, delegada en julio pasado por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para “detectar y verificar los obstáculos para la implementación del acuerdo”. En su condición de experta internacional, quien fuera miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) entre 2018 y 2021 visitó el país en dos ocasiones y llevó a cabo 80 entrevistas individuales y grupales con funcionarios estatales y actores de la sociedad civil. Cuatro meses antes de iniciar su labor, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal de justicia transicional que surgió en virtud del Acuerdo, había denunciado penalmente a miembros de la Fiscalía General de la Nación, afirmando que no le suministraron la información suficiente sobre los posibles delitos cometidos por el fallecido guerrillero Seuxis Paucias Hernández, alias Jesús Santrich, lo que generó en su momento un choque de poderes y minó la credibilidad del tribunal.

El documento de Urrejola, de entrada, destaca el compromiso del 80% de los firmantes, quienes permanecen “comprometidos con el proceso de reincorporación a pesar de los riesgos para su vida”, y los esfuerzos de la Administración de Gustavo Petro para llevar a cabo una reforma rural. Pero luego identifica, uno por uno, seis impedimentos para la materialización del Acuerdo.

El primero es que encuentra la ausencia de una política de Estado alrededor de la implementación, refiriéndose a que el compromiso de concretar lo pactado varía dependiendo del mandatario de turno. Sin mencionarlo abiertamente, deja constancia en uno de sus párrafos que durante el cuatrienio del uribista Iván Duque en la Casa de Nariño se adoptó “un enfoque basado en una interpretación restrictiva del acuerdo”, lo que coincidió con esfuerzos por “suprimir ciertas instituciones”, según indica el documento.

Duque llegó al poder en 2018 tras ser uno de los principales críticos del Acuerdo y de Juan Manuel Santos, el presidente que firmó la paz. La férrea oposición del partido de Duque, el derechista Centro Democrático, lo llevaron a la Presidencia. Dos años antes, con la misma fórmula, habían logrado el triunfo del ‘No’ en el plebiscito convocado para refrendar una versión previa de ese mismo Acuerdo. Una de las primeras acciones de Duque tan pronto asumió el despacho presidencial fue presentar al Congreso seis objeciones a la ley estatutaria que reglamenta la JEP. Sin tribunal transicional, buena parte de lo acordado perdía sentido. Duque no tuvo éxito, pero su iniciativa dividió todavía más a la opinión pública.

Urrejola, en conversación por videollamada con EL PAÍS, reconoce que la continuidad de programas y planes es complicada en toda América Latina, no solo en Colombia, especialmente cuando involucran asuntos controversiales. No obstante, hace una reflexión sobre la importancia de que un Estado honre su palabra. “Hay una obligación y una buena fe que no obliga al Estado únicamente con los firmantes, sino también con la comunidad internacional. No es fácil. Cada mandatario va a querer darle matices o prioridades, eso es válido. Es clave, sin embargo, que se entienda que es un compromiso que implica a todas las entidades, incluyendo las regionales y las locales”.

El segundo obstáculo resaltado por Urrejola está ligado al primero, pues es el contexto político desfavorable que se gestó luego de la firma del Acuerdo. La exministra chilena es enfática en que no se refiere “al disenso natural de las democracias”, sino a los ataques a las instituciones encargadas de poner en marcha lo negociado con las FARC. Lo sucedido con Santrich es el más claro ejemplo.

Seuxis Paucias Hernández firmó el Acuerdo, pero resultó detenido en abril de 2018 por orden de la Fiscalía, liderada en ese entonces por Néstor Humberto Martínez. Un tribunal de Estados Unidos le responsabilizaba de cometer el delito de narcotráfico y lo requería en extradición. La captura abrió un debate sobre la fecha en la que ocurrieron los hechos —si era antes de la firma del Acuerdo, no procedía la extradición— y quién, entre la JEP y la Fiscalía, era competente para determinarlo. La Corte Constitucional se decantó por el tribunal transicional y le ordenó al fiscal Martínez remitirle el expediente. Pese a múltiples solicitudes, para mayo de 2019, la JEP no lo había recibido, por lo que decidió aplicar la garantía de no extradición y dejarlo en libertad. A las pocas horas, en un episodio inesperado, la Fiscalía publicó un video en el que aparecía Santrich, aparentemente coordinando un envío de droga. Fue un cataclismo. Renunciaron el fiscal general y la ministra de Justicia; Santrich fue aprehendido y luego recuperó la libertad. Pronto volvió a la clandestinidad y en agosto siguiente anunció que retomaba las armas. Fue dado de baja en mayo de 2021.

Los choques entre entidades redujeron la confianza de la ciudadanía en el Acuerdo. El informe lo dictamina sin titubeos. “La falta de colaboración de la Fiscalía con la JEP, la demora en responder y los demás hechos expuestos indican que existió una obstaculización del procedimiento de la JEP sobre la garantía de no extradición”. Para Urrejola, la Fiscalía utilizó a los medios de comunicación para “afectar al sistema”. “Si uno revisa la prensa de la época, hay ataques más que hostiles, ataques directos a la JEP, a sus magistrados y su idoneidad personal”, recuerda la experta. Resalta que el entonces embajador de Estados Unidos, Kevin Whitaker, declaró al noticiero televisivo CM& que los hechos por los cuales Santrich estaba siendo acusado ocurrieron posteriormente a la firma el Acuerdo. “Dijo que la JEP no estaba cumpliendo con el Acuerdo. Es un embajador de otro país, no corresponde”, añade Urrejola.

La falta de una alta instancia estatal encargada de liderar la implementación es el tercer impedimento. Volviendo al caso Santrich, Urrejola considera que una comunicación eficaz liderada por un ente de ese tipo habría ahorrado al país la crispación judicial y política. Insiste en que la entidad que se imagina no está para resolver problemas de fondo, “ni mucho menos para decirle a los operadores judiciales cómo fallar”, sino para solucionar los “cuellos de botella”. “Lo de Santrich demuestra, más allá de si hubo o no obstaculización, que no había diálogo. La JEP enviaba una nota pidiendo información, pasaba mucho tiempo, y la Fiscalía contestaba lo que quería porque interpretaba los oficios de manera diferente. Mientras tanto, no se resolvía la situación judicial de una persona por casi un año”, afirma.

El cuarto punto detallado por la excomisionada de la CIDH es la continuación de la violencia. “Los territorios que dejaron las extintas FARC fueron ocupados por otros grupos armados no estatales que se disputan el control territorial y de las economías ilegales y se siguen expandiendo, generando más violencia”, indica el documento que elaboró. Según un informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos publicado en enero, en 2023 se registraron 98 masacres, que dejaron 320 víctimas mortales. Urrejola hace un llamado para saldar una deuda histórica. “Para abordar las causas de la violencia, es urgente reforzar la presencia integral del Estado en los territorios más afectados”.

El quinto y sexto obstáculo son las demoras en la implementación de los capítulos específicos del Acuerdo que tratan de los enfoques étnico y de género —el Instituto Kroc, a corte de septiembre pasado, comunicó que el 52% de las disposiciones de género se encontraban en “estado mínimo”— y la falta de garantías de seguridad para los firmantes. “La Defensoría ha emitido 117 alertas tempranas desde 2017, identificando riesgos para las personas firmantes, pero el Estado no ha podido prevenir el riesgo y se han materializado más de 400 homicidios desde la firma del Acuerdo”, estipula el informe.

Urrejola subraya que su investigación no es de carácter penal ni para responsabilizar individuos o instituciones. En días previos, cuenta, conversó informalmente con la nueva fiscal general, Luz Adriana Camargo. Entre los temas tratados estuvo la denuncia penal interpuesta por la JEP, en marzo de 2023, en contra de funcionarios de la Fiscalía por su accionar en el caso Santrich. Este es uno de los casos mediáticos que esperan a Camargo en la dirección de la institución y que señalarán bajo su liderazgo la Fiscalía estará más alineada con la JEP.

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