Aníbal Gaviria y Daniel Quintero, los aspirantes presidenciales que dejan el poder en Antioquia en medio de un choque

Existen semejanzas entre Aníbal Gaviria y Daniel Quintero. Los dos políticos tuvieron mandatos interrumpidos en la Gobernación de Antioquia y en la Alcaldía de Medellín, respectivamente. Gaviria fue separado de su cargo en dos ocasiones, que suman cerca de ocho meses en su cuatrienio, después de que la Fiscalía ordenara su captura por supuestos hechos de corrupción que aún están bajo investigación y se remiten a su primera etapa como gobernador (2003-2006). ...

Existen semejanzas entre Aníbal Gaviria y Daniel Quintero. Los dos políticos tuvieron mandatos interrumpidos en la Gobernación de Antioquia y en la Alcaldía de Medellín, respectivamente. Gaviria fue separado de su cargo en dos ocasiones, que suman cerca de ocho meses en su cuatrienio, después de que la Fiscalía ordenara su captura por supuestos hechos de corrupción que aún están bajo investigación y se remiten a su primera etapa como gobernador (2003-2006). Quintero fue suspendido de sus funciones por la Procuraduría a raíz de su abierto apoyo al entonces candidato presidencial Gustavo Petro, en contravía de la ley que le prohíbe a los alcaldes manifestar este tipo de respaldos. Ambos líderes, además, han hecho público su interés por llegar al Ejecutivo nacional. Gaviria ya se postuló como precandidato del Partido Liberal en 2010 y Quintero asegura que aspirará en 2026. Esos paralelos pintan la trayectoria de un choque que aumentó en los últimos meses de sus administraciones, en asuntos que serán claves al momento de evaluar su desempeño.

Los últimos episodios de la rivalidad aún permanecen frescos. Uno de ellos gira alrededor del incumplimiento del contrato firmado en 2011 entre la sociedad Hidroeléctrica Ituango S.A —en la que la Gobernación tiene el 52,8% de las acciones y el municipio otro 46%— y las Empresas Públicas de Medellín (EPM) —que pertenece a la Alcaldía de Medellín— para la construcción de la megaobra dirigida a suplir el 17% de la demanda energética del país. EPM se comprometió a levantar, operar, mantener y, luego de cinco décadas, devolver el proyecto a la sociedad. En el documento se estipuló que cualquier controversia entre ellos se resolvería en un tribunal de arbitramento, un mecanismo de resolución de conflictos administrado por privados y no por jueces.

En 2018, un año antes de la elección de Gaviria y Quintero, una serie de imprevistos llevaron a postergar la puesta en marcha de la hidroeléctrica, que estaba en riesgo de colapsar y provocar una tragedia. Inició así el debate sobre quién era el responsable y Quintero, por entonces candidato a la Alcaldía, logró posicionarse como una figura visible. Las demoras en la entrega del proyecto fueron una de sus principales banderas en su sorpresivo triunfo en octubre de 2019. Repetía hasta el cansancio —como lo hizo durante su mandato— que lograría que los responsables asumieran los sobrecostos. Procesos judiciales y fiscales se iniciaron en contra de diferentes actores, como los exgobernadores Sergio Fajardo y Luis Alfredo Ramos, y las empresas que EPM subcontrató para el diseño, ejecución e interventoría de la megaobra.

Mientras gobernaba Medellín, Quintero —exalcalde desde agosto, cuando renunció— insistía en que esas empresas debían pagar los sobrecostos, en contraposición a Gaviria, partidario de hacer efectivas las pólizas contratadas con las aseguradoras. En diciembre de 2021, estas desembolsaron 4,3 billones de pesos (1.100 millones de dólares), que cubrieron el grueso del costo adicional. Nadie pagó condena. El choque seguía.

En febrero de 2022, en una columna en El Colombiano, el principal diario de Antioquia, Gaviria afirmó que las fallas en la hidroeléctrica no se debían a la “supuesta corrupción” que aún hoy argumenta Quintero. “Quienes han hecho estos señalamientos, los hacen irresponsablemente y sin fundamento”, sentenció.

Todavía faltaba por resolver una demanda que interpuso unos meses antes la sociedad Hidroeléctrica Ituango contra EPM por el incumplimiento del contrato, una decisión que tomó la junta directiva presidida por Gaviria, en su condición de gobernador. El pasado 7 de diciembre, el tribunal de arbitramento finalmente falló el caso y determinó que EPM debe pagar 781.828 millones de pesos (cerca de 196 millones de dólares) a la sociedad, debido a que no operó con la diligencia que exige una obra de esta magnitud. Como era de esperarse, la decisión no cayó bien en la Alcaldía, propietaria de EPM, ni en Quintero, que siempre se opuso a ese pago.

En su cuenta de X —antes Twitter—, el exalcalde cuestionó que Gaviria demandara a EPM cuando, afirma, al gobernador se le puede atribuir una porción de la responsabilidad dado su paso por la Alcaldía de Medellín entre 2012 y 2015, periodo en el que encabezó la junta de EPM y que coincide con la época en que inició la construcción de la hidroeléctrica. Quintero acusó a Gaviria de cambiar los diseños, no hacer caso a un equipo de asesores expertos y construir sin licencias. “Eso es un delito, esa plata se la deberían cobrar a ellos, a los políticos”, señaló en referencia al hoy gobernador, en el punto más alto del intercambio de incriminaciones.

No solo la hidroeléctrica, el principal proyecto energético de Colombia y un viejo sueño antioqueño, enemistó a los dos líderes. El metro de Medellín, el único que existe en Colombia y moviliza 800.000 personas a diario, es el otro motivo de la agudización de su disputa. La noche del 29 de noviembre, el gobernador publicó en sus redes sociales una convocatoria para que se reuniera la junta directiva del medio de transporte, en la que se sientan alcalde y gobernador. La misiva contaba con la firma del alcalde encargado Óscar Hurtado, a quien Quintero dejó como sucesor tras haber sido su secretario de Hacienda y Gobierno. Los objetivos del encuentro eran dos: cambiar los requisitos para designar a algunos funcionarios de la entidad y nombrar un nuevo gerente, en reemplazo de Tomás Elejalde, en el cargo desde julio de 2016.

El órgano directivo se compone de nueve miembros: dos representantes de la Gobernación de Antioquia, incluyendo al gobernador; dos de la Alcaldía de Medellín, incluyendo al alcalde; un representante del Ministerio de Hacienda; otro del Ministerio de Transporte; y tres miembros independientes. El nombramiento de estos cinco últimos le corresponde al presidente de turno. Gustavo Petro, quien recibió el apoyo de Quintero y su grupo político en la campaña presidencial de 2022, asignó a estos cinco miembros en septiembre. Bastaba el voto de tres de ellos y los dos de la Alcaldía para dejar un gerente cercano a Quintero.

Gaviria aseguró que se trataba de una “toma hostil”, cuya intención era “saciar ambiciones y alimentar revanchismos a costa de la tradición de manejo técnico y transparente” del metro. Aunque no mencionó a Quintero explícitamente, este contraatacó. En entrevista con W Radio manifestó que nada tenía que ver con el plan de cambiar al gerente y criticó la forma en la que el gobernador ha manejado la entidad. “Si Aníbal Gaviria quiere que le nombren miembros de junta para que él ponga el nuevo gerente del metro, como lo hizo cuando fue alcalde de la ciudad, que hable con el presidente Petro”. Se refería a lo sucedido en 2015, año en que la junta nombró gerente a Claudia Restrepo, como sustituta de Ramiro Márquez, quien había liderado la institución por 14 años. Aquel cambio de fichas ocurrió con el beneplácito de Gaviria.

La reunión, pactada inicialmente para el 7 de diciembre, se celebró este jueves. Elejalde seguirá en la gerencia, aunque la discusión sobre su salida sí se dará en las sesiones ordinarias que están programadas el próximo año. Para cuando eso ocurra, Federico Gutiérrez se habrá posesionado como nuevo alcalde y tendrá los dos votos que hoy le pertenecen a personas cercanas a Quintero. Es posible que el cambio de gerente no se efectúe.

El listado de desencuentros protagonizados por el gobernador y exalcalde podría continuar. Por ejemplo, en julio de 2022, con Petro como presidente electo, Gaviria desautorizó públicamente a los aliados de Quintero —encabezados por Esteban Restrepo, exsecretario de Gobierno de Quintero y candidato del exalcalde un año más tarde para la Gobernación— de estar encargados del empalme con el nuevo Gobierno Nacional. “Desconozco, no autorizo grupo de supuesto empalme con el departamento de Antioquia. Me atengo a la conversación con Gustavo Petro donde acordamos relación directa”, advirtió en esa oportunidad.

En septiembre de ese mismo año, durante el Congreso Nacional de Exportadores, el gobernador confrontó a Quintero, quien había atribuido a su gestión el reconocimiento internacional de Medellín. “Es el reconocimiento al trabajo de una sucesiva serie de gobiernos, gobiernos distintos, gobiernos de partidos distintos, gobiernos de personas distintas y gobiernos de tendencias distintas”, fueron sus palabras ante un auditorio en el que estaba el presidente Petro.

La dimisión de Quintero en agosto pasado se prestó para otro encontronazo. “Renunciar antes de terminar el periodo es un irrespeto con los electores”, dijo Gaviria. Quintero le respondió en X: “Si Aníbal Gaviria quiere hablar de responsabilidades, que empiece hablando por su responsabilidad en la tumbada que nos metió con UNE-EPM: Malandrín”.

Ese choque puede ayudar a explicar que los dos salgan de sus cargos sin las usuales altas cifras de aprobación que los antioqueños dan a sus gobernantes. A dos semanas de que Gaviria entregue la Gobernación al uribista Andrés Julián Rendón, la encuestadora Invamer sitúa su aprobación en 57%. Quintero, que lleva dos meses y medio fuera de la Alcaldía, está mucho peor con 23%. Los dos mandatarios que nunca se entendieron, ahora enfrentan a caminos difíciles para las elecciones de 2026, sobre todo Quintero, impopular en su ciudad y conocido en el país como aliado de un presidente con alta desaprobación.

Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS sobre Colombia y aquí al canal en WhatsApp, y reciba todas las claves informativas de la actualidad del país.