Petro, sobre la futura fiscal general: “Que la Fiscalía nunca más se dedique a perseguir por razones políticas o económicas”
La Corte Suprema inicia sus reuniones para elegir el reemplazo de Francisco Barbosa, que termina su periodo en febrero
Este jueves, el día que la Corte Suprema de Justicia tuvo su primera reunión en el proceso de votación de la próxima fiscal general de la Nación, el presidente Gustavo Petro ha mandado un mensaje contundente sobre el futuro de la Justicia colombiana. “Cualquiera que sea la decisión de la Corte, espero que a partir de esa decisión, la fiscalía nunca más se dedique a perseguir colombianos por razones políticas o económicas y nunca más se permita que se use para encubrir el crimen”, escr...
Este jueves, el día que la Corte Suprema de Justicia tuvo su primera reunión en el proceso de votación de la próxima fiscal general de la Nación, el presidente Gustavo Petro ha mandado un mensaje contundente sobre el futuro de la Justicia colombiana. “Cualquiera que sea la decisión de la Corte, espero que a partir de esa decisión, la fiscalía nunca más se dedique a perseguir colombianos por razones políticas o económicas y nunca más se permita que se use para encubrir el crimen”, escribió en X. Petro envió a la Corte Suprema una terna de tres mujeres penalistas. La elegida reemplazará a Francisco Barbosa, quien dejará el cargo el 13 de febrero y ha sido una espina en el costado para el presidente desde que se posesionó hace un año y medio. El proceso para la elección no tiene términos definidos.
Las candidatas para suceder a Barbosa son Ángela María Buitrago, Amélia Pérez Parra y Luz Adriana Camargo, incluida por el presidente como reemplazo de Amparo Cerón. La decisión necesita un mínimo de 16 votos entre los 22 magistrados que participan en el proceso. Aunque la Corte Suprema tiene 23 magistrados, Gerardo Barbosa aún no se ha posesionado en el cargo y, por ahora, no puede votar.
Las candidatas
Entre las tres postuladas, la más conocida es Buitrago. Cercana al ministro de Defensa, Iván Velásquez, es profesora de la Universidad Externado de Colombia y llegó a la Fiscalía General en 2005. Ha recibido reconocimiento sobre todo por sus investigaciones en el emblemático caso del Palacio de Justicia de 1985, en el que la guerrilla del M-19 ―de la que formó parte el presidente Petro― se tomó ese edificio y los militares lo retomaron a sangre y fuego. Las incógnitas sobre quién estuvo detrás de ese operativo y qué pasó con varias de las personas que estaban dentro del Palacio durante la toma, y posteriormente desaparecieron, han causado indignación en Colombia durante décadas.
Camargo también es cercana al ministro Velásquez. Trabajó con él en Guatemala, donde investigaron los rastros de corrupción en ese país, con la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). En Colombia, ha sido magistrada auxiliar de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y, también con el ministro, participó en la investigación de la parapolítica, como se conoce al fenómeno de las alianzas entre políticos y paramilitares. Ha luchado contra la corrupción y tiene una trayectoria en defensa de los Derechos Humanos.
Pérez Parra, de perfil más bajo, también es reconocida internamente por llevar casos difíciles en la Fiscalía. Fue quien abrió la investigación contra el general retirado Jaime Uscátegui por la masacre que cometieron grupos paramilitares en el municipio de Mapiripán en 1997. Uscátegui luego fue condenado. Pérez Parra tuvo que exiliarse en 2003 cuando, como parte de la unidad de Derechos Humanos, llevaba casos contra los paramilitares Salvatore Mancuso y Carlos Castaño, que comprometían también a altos mandos militares.
Un nuevo comienzo
Independientemente de quien termine elegida, la nueva fiscal representará un cambio para Colombia, y sobre todo, para el Gobierno de Petro. Por una parte, será la primera mujer elegida para la Fiscalía desde que Viviane Morales fue nombrada al cargo en 2011, y la tercera en ocupar el cargo en la historia. Por otra, será una especie de nuevo comienzo para el Ejecutivo y una oportunidad para trabajar de forma más armónica con la entidad.
Barbosa, un fuerte oponente del presidente y el mejor amigo de la universidad de Iván Duque ―el mandatario que lo nominó al cargo en 2019― ha tenido una relación tirante con Petro, marcada por choques, críticas y acusaciones. El fiscal es un fuerte crítico de la paz total, el proyecto insignia Petro de sacar adelante acuerdos de paz con todos los grupos armados del país a la vez. Ha cargado contra ella innumerables veces y hasta ha llegado a tildarla de política fallida. “La paz total se convirtió en una paz criminal”, dijo la semana pasada.
Otro punto de tensión entre los dos hombres es el trato de la Fiscalía con los familiares del mandatario. El ente acusador obtuvo la detención en julio al hijo mayor de Petro, Nicolás, a quien investiga por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. También ha señalado a Juan Fernando Petro, el hermano menor del presidente, de haber cobrado a presos para asegurarles un hueco en las negociaciones entre el Gobierno y el crimen organizado.
Petro ha asegurado que no entorpecerá esas investigaciones y, al presentar la terna de mujeres a la Corte Suprema, incluyó una carta en la que hizo referencia al asunto. “En cuanto a las indagaciones o procesos penales que involucren a miembros de mi familia, les solicito que consideren la posibilidad de designar un fiscal ad-hoc para que no haya dudas respecto de la transparencia de estas”, escribió.
Aunque se aleja de las indagaciones de sus familiares, el presidente y sus aliados no se han mordido la lengua al discutir la gestión de Barbosa. Iván Cepeda, un senador cercano al mandatario, ha acusado al fiscal de utilizar su cargo “con fines políticos y electorales, en un intento por desequilibrar al Gobierno”. Petro no ha sido así de claro en sus críticas, pero durante una visita a España, recordó que él era el jefe de Estado y, por lo tanto, “jefe de él”, en referencia a Barbosa. El fiscal respondió diciendo que eran unas manifestaciones gravísimas contra la independencia judicial en Colombia y la división de poderes. Incluso fue más allá: “Estas declaraciones ponen en riesgo la existencia del Estado de Derecho”. Petro luego debió aclarar que, efectivamente, el fiscal general es independiente del Ejecutivo.
Estos choques entre el presidente Petro y el fiscal general terminarán cuando se posesione la nueva fiscal. Al ser ternada por el Presidente, ya es casi un hecho que tendrán mejores relaciones. El Gobierno intenta realizar actualmente una reforma de la Justicia que, según escribió Petro este jueves en X, “busque simplificarla, empoderarla, volverla efectiva y cercana a la ciudadanía”. Quien quiera que sea la elegida, seguramente tendrá que organizarla con ella. Sin embargo, existe la posiblidad de que la Corte tarde en decidir. En ese caso, la poderosa Fiscalía quedaría en manos de un encargado que, en primera instancia, sería la vicefiscal designada por Barbosa y cercana al saliente fiscal, Martha Mancera.
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