Los campeonatos de fútbol que no se jugaron y se financiaron con dinero público

El departamento de Nariño, al suroccidente del país, es sinónimo de fútbol. De sus calles, canchas y academias de formación surgen constantemente jugadores que posteriormente brillan en el profesionalismo e incluso llegan a representar a Colombia en competiciones internacionales. Willington Ortiz, Léider Preciado, Carlos Darwin Quintero y Víctor Ibarbo, entre otros, son algunos de los ejemplos de una lista que podría extenderse y remontarse varias ...

El departamento de Nariño, al suroccidente del país, es sinónimo de fútbol. De sus calles, canchas y academias de formación surgen constantemente jugadores que posteriormente brillan en el profesionalismo e incluso llegan a representar a Colombia en competiciones internacionales. Willington Ortiz, Léider Preciado, Carlos Darwin Quintero y Víctor Ibarbo, entre otros, son algunos de los ejemplos de una lista que podría extenderse y remontarse varias décadas hacia el pasado. La mayoría de ellos, aún siendo niños y adolescentes, afianzaron y perfeccionaron sus habilidades deportivas en los torneos departamentales que organiza la Liga de Fútbol de Nariño, celebrados periódicamente con el apoyo de la Gobernación y en los que participan jóvenes de diferentes ciudades y pueblos de la región. Sin embargo, este evento, que solía ser una oportunidad para el desarrollo de nuevos talentos, ahora es objeto de acusaciones por la falsa realización de una de sus ediciones y la supuesta malversación de recursos públicos.

El 28 de febrero de 2019, se firmó un convenio de colaboración entre la Gobernación, a través de la Secretaría de Recreación y Deporte, y la Liga de Fútbol con el objetivo de “fomentar, masificar y fortalecer a los deportistas de esta disciplina deportiva”. El valor del convenio, que recibió una adición presupuestal del 49% durante su ejecución, fue de 337.396 millones de pesos (cerca de 85.000 dólares) y el informe final de supervisión, documento con fecha de noviembre de ese mismo año y que deja constancia de los rubros en los que se gastó el dinero, señala que una porción del monto se destinó para el pago de alojamiento, alimentación, transporte y alquiler de escenarios “en el marco de los torneos departamentales en los municipios de Pasto, Ipiales, Tumaco y La Unión”. Ricardo Raúl Muñoz, el secretario de Recreación y Deporte en ese momento, firmó el informe y dio fe de que la Liga “cumplió de manera satisfactoria con el objeto y las obligaciones contraídas”. No obstante, EL PAÍS tuvo acceso a testimonios y documentos que demostrarían que los torneos departamentales en cuestión no se llevaron a cabo.

Manuel Araújo ha dedicado gran parte de sus 67 años a impulsar el fútbol en Tumaco, una de las poblaciones en las que se jugaron los supuestos torneos. Es una autoridad que conoce el fútbol más allá de lo que sucede en las canchas, incluyendo el ámbito gerencial y administrativo, y que gracias a su trayectoría fue nombrado presidente del Comité Municipal de Fútbol de Tumaco, cuya principal labor es organizar y promover el deporte en sus diferentes categorías. Se desempeñó en el cargo entre mayo de 2019 y octubre de 2022, cuando el presidente de la Liga de Fútbol, Raúl González, dejó sin efectos la resolución de su nombramiento. Según cuenta, su relación con él se deterioró cuando se enteró de que este firmó documentos que confirmaban que torneos departamentales se habían desarrollado en Tumaco en el segundo semestre de 2019, temporada que coincide con su periodo presidiendo el Comité. “Yo defendí mucho al presidente de sus críticos, pero tomé la decisión de apartarme cuando conocí esos documentos. No lo apoyé más y, en cambio, empecé a preguntarle por qué los había firmado”, recordó.

En la Fiscalía General de la Nación actualmente reposa una denuncia en contra de González por este y otros hechos. Araujo asegura que está dispuesto a colaborar con la justicia y dar su testimonio. “Aquí nunca se llevaron a cabo esos torneos. Me llamó mucho la atención que hay documentos que dicen que transportaban gente de aquí a Pasto y eso tampoco pasó. Si eso se hubiera hecho, necesariamente me habría dado cuenta por mi cargo. No hay planillas de inscripción y juego ni registro fotográfico. Todo lo que se moviera en Tumaco relacionado con el fútbol tenía que pasar por mis manos. Eso fue una mentira”.

La denuncia fue presentada por Jorge Gallego, un periodista que investiga el accionar de González desde hace más de un año. En medio de esta labor, solicitó información a la Gobernación de Nariño sobre los soportes documentales que justificaron el millonario desembolso de dineros públicos a la Liga de Fútbol. La respuesta fue incompleta, pero los documentos allegados revelan inconsistencias. Las cotizaciones del transporte, los escenarios deportivos y el arbitraje no cuentan con firmas y, además, tiene nombres de personas que no corresponden con los verdaderos representantes legales de las compañías con las que se solicitaron estos servicios. “Nunca supe nada de ese torneo. Esa persona que figura en el documento como representante legal no tiene nada que ver con la empresa. Si alguien quiere contratarnos, tiene que entenderse conmigo porque soy propietario y representante legal desde 2015, aproximadamente”, comentó el representante de una de las empresas en cuestión y quien solicitó que no se revelara su identidad.

El escándalo causó mella. La Liga de Fútbol de Nariño actualmente vive un desbarajuste en el que tuvo que intervenir el Gobierno Nacional. El 7 de marzo, cuando la noticia de los falsos torneos ya se regaba y la oposición a González crecía, se celebró una asamblea extraordinaria y se nombraron nuevos miembros en el comité de la Liga, su órgano directivo. En esa ocasión también se reeligió a González como presidente. Asistentes a dicha asamblea afirman que más de 30 delegados se retiraron, calificaron de ilegítima la reunión porque no se convocó con ocho días de anticipación —como establecen los estatutos— y luego llevaron el asunto a conocimiento del Ministerio del Deporte. En una resolución proferida el 4 de julio, el Ministerio declaró ineficaces las decisiones tomadas y ordenó a la Federación Colombiana de Fútbol designar un comité provisional mientras se convoca debidamente una nueva asamblea.

Al momento de publicar este artículo, González no respondió ninguna de las llamadas y mensajes de EL PAÍS. La denuncia que reposa en la Fiscalía también lo acusa de contratar a familiares y personas no capacitadas con dineros que agencias de cooperación internacional le suministraron a la Liga de Fútbol. Más allá de que logre superar el bache en el que se encuentra su presidencia, deberá acudir ante el llamado de las autoridades.

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