Desarraigo, encierro y amenazas, el sufrimiento de las familias víctimas del reclutamiento de menores en Colombia

Edalid Carrillo no tuvo otra alternativa que llevarse a su hijo de 13 años del lugar donde nació. Lo hizo para protegerlo de grupos armados ilegales, después del asesinato de Herman Naranjo Quintero, padre del menor y líder social de Corocito, una vereda del municipio de Tame (Arauca), en febrero de 2022. El clamor público de la mujer pidiendo que le respetaran la vida a su esposo secuestrado no fue suficiente...

Edalid Carrillo no tuvo otra alternativa que llevarse a su hijo de 13 años del lugar donde nació. Lo hizo para protegerlo de grupos armados ilegales, después del asesinato de Herman Naranjo Quintero, padre del menor y líder social de Corocito, una vereda del municipio de Tame (Arauca), en febrero de 2022. El clamor público de la mujer pidiendo que le respetaran la vida a su esposo secuestrado no fue suficiente para que se evitara el crimen. Desprotegida, Carrillo decidió abandonar el territorio. Temía perder también a su hijo por reclutamiento forzado y seguir soportando el horror de la guerra.

Con el paso de los meses, el caso de Carrillo ha quedado en el olvido, pero la desgracia para familias como la de ella continúa en zonas con poca presencia del Estado. El reciente asesinato de cuatro menores indígenas del Putumayo en límites entre Caquetá y Amazonas, tras haber afrontado el reclutamiento de parte del Frente Carolina Ramírez de la disidencia de las extintas FARC conocida como Estado Mayor Central, ha vuelto a poner en evidencia el alcance de este delito en Colombia. Madres y padres se enfrentan al silencio, las amenazas y el desarraigo en un esfuerzo por evitar que agrupaciones al margen de la ley les arrebaten a niños, niñas y adolescentes.

En poblaciones tan expuestas al conflicto armado como Tame, en el oriente colombiano, familiares de jóvenes en alto riesgo han sacrificado la cercanía con sus hijos con tal de alejarlos del peligro. El personero del municipio, Juan Carlos Villate, ha liderado labores para proteger a algunos de ellos, sacándolos de donde viven tras el llamado de urgencia de sus familias, cuando éste logra superar el silencio que imponen las armas.

“En esas intervenciones las comunidades sienten confianza y hablan, dicen: ‘mire, a mi hijo se lo van a llevar, ayúdenos por favor’. Empezamos a activar rutas para sacar a los niños del territorio con el apoyo de organismos internacionales, pero eso solamente se identifica cuando estamos en la vereda”, dice Villate en diálogo con EL PAÍS. Uno de esos operativos se llevó a cabo con otras instituciones a inicios del año pasado en Caranal, un caserío del municipio de Fortul en el que había siete niños en riesgo de caer en manos de grupos ilegales.

Pocos funcionarios asumen el riesgo a acercarse a las comunidades amenazadas, la mayoría de ellas indígenas. “El orden público ha llevado a que se atienda desde el escritorio. Y es natural, hay miedo. A mi equipo de trabajo lo ha retenido la guerrilla varias veces”, confiesa el personero de Tame. En el resguardo La Esperanza, de la vereda Siberia I, 11 niñas del pueblo Makaguán han sido reclutadas desde el 2022, dos de ellas este año, de acuerdo con registros de esa Personería.

La Defensoría del Pueblo tiene registrados 23 casos de reclutamiento de menores entre los 13 y los 17 años en el primer trimestre de este año, en los departamentos de Cauca, Amazonas, Antioquia y Arauca. Son ocho más que los reportados en el mismo periodo del año pasado. Pero las cifras, que revelan un aumento de más del 50%, no siempre dimensionan la gravedad del problema. “Las familias, si hablan, corren un riesgo en el territorio. Por eso no es fácil identificar los casos”, señala el personero.

Entre 1990 y 2017, 16.238 menores fueron reclutados por grupos armados en Colombia, según datos analizados por la Comisión de la Verdad. “Fueron niñas y niños sin la capacidad de decidir por su edad y condiciones sociales, sin posibilidades de salir de la guerra”, subraya el informe final de la Comisión.

Un estudio de Unicef sobre la caracterización de la niñez desvinculada de grupos armados organizados en Colombia entre 2013 y 2022 muestra que, de los 2.181 niños, niñas, y adolescentes atendidos en el programa de atención especializada del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), el 40% fueron reclutados por las extintas FARC y cerca del 27% por el ELN. Los restantes, por otros grupos como el Clan del Golfo o AGC. Casi cuatro de cada 10 menores desvinculados pertenecen a comunidades indígenas o afrocolombianas, una muestra de que este delito afecta más a sectores vulnerables e históricamente discriminados.

Aunque el reclutamiento de menores se redujo durante el proceso de paz entre el Gobierno y las FARC entre 2012 y 2016, el afán de grupos organizados por fortalecer sus estructuras y dominar los territorios ha desencadenado un nuevo ciclo de violencia que los ha vuelto a poner bajo amenaza. “Las niñas, niños y adolescentes en riesgo de reclutamiento ya viven en una permanente situación de vulneración de derechos en sus territorios”, indica el informe de Unicef.

Los grupos armados emplean múltiples tácticas para inducir a los menores a entrar a sus filas, pese a ser considerado un crimen de guerra. Las disidencias aprovechan las estructuras de hogares débiles, niños desescolarizados, de comunidades indígenas o de migrantes venezolanos. El ELN, por su parte, recurre a falsas promesas. “A los niños los enamoran, les dicen acá esto es adrenalina, aquí no va a pasar nada, le vamos a dar dinero, una moto, autoridad, mujeres... y los niños terminan yéndose para allá. Cuando se dan cuenta que la vida no es como se las mostraron e intentan devolverse, no se les permite. A los que lo han intentando, los han asesinado”, denuncia el personero de Tame, Juan Carlos Villate.

“Son casos de niños que los están utilizando incluso como carne de cañón en los combates”, agrega. Y pone como ejemplo los enfrentamientos entre el ELN y el Ejército el pasado 19 de marzo en la zona rural de su municipio, en los que murió un joven de 17 años que había sido reclutado por ese grupo ilegal.

En regiones donde el reclutamiento forzado genera un temor constante, los menores también están sometidos al encierro. Mayerly Briceño, una joven líder social de Arauca, radicada en Bogotá, lo vivió siendo niña. “Crecí en un espacio donde el conflicto estaba ligado a la vida diaria. Nunca tuve la oportunidad de saber qué era salir a la calle a jugar con los amigos. Hoy entiendo el temor de mi mamá de que ni mis hermanas, ni yo, saliéramos a la calle para no estar expuestas”, recuerda.

Briceño ahora es madre de un pequeño de 10 años y lamenta que esa realidad se repita. “Cuando creces y tienes un hijo, empiezas a mirar hacia atrás, y buscas la manera de protegerlo. Solo va de la casa al colegio y del colegio a la casa. No sale al pueblo, empezando porque no sabemos cuándo puede haber un enfrentamiento”, narra la mujer, quien planea sacar a su hijo del territorio.

Algunos de los menores rescatados del reclutamiento reciben refugio de organizaciones como Benposta, una ONG que trabaja por la protección de la niñez afectada por el conflicto. Juan Sebastián Campo, coordinador de proyectos, dice que el destierro debe ser una medida de última instancia. La prevención más efectiva, señala, es garantizarles derechos y oportunidades. “Existe suficiente información sobre las causas del ingreso de menores a la guerra. Muchos son niños y niñas que, literalmente, cansados de la violencia intrafamiliar, de la precariedad económica o que no tienen qué comer, terminan huyendo e ingresando a los grupos armados”, expresa Campo.

“¿Qué otro camino tienen cuando todas las puertas están cerradas? Siempre están los grupos armados tratando de ver cómo pueden terminar en la guerra y desafortunadamente es lo que sucede. Conozco muchísimos casos de jóvenes que no encuentran otra opción de vida. Es triste, pero es la realidad de este país y eso es lo que hoy seguimos viviendo”, dice Mayerly Briceño.

Luego de que el Frente Carolina Ramírez asesinara a los cuatro menores víctimas de reclutamiento, el presidente Gustavo Petro suspendió el cese al fuego en los departamentos de Meta, Caquetá, Guaviare y Putumayo. “Matar niños indígenas es un delito de lesa humanidad inadmisible. Reclutar forzadamente menores de edad lo mismo”, afirmó el Jefe de Estado. Con o sin cese al fuego, familias en territorios golpeados por el conflicto afrontan un esfuerzo solitario por proteger a sus hijos de los fusiles. Algunos gritos de ayuda quedan atrapados en medio de las amenazas. Otros, como el de Edalid Carrillo, no siempre se escuchan.

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