Toneladas de alimentos para los niños de Buenaventura están guardados en bodegas, mientras 45.000 estudiantes siguen sin alimentación escolar

La historia podría haber salido de un relato de Gabriel García Márquez. Cubetas de huevos apiladas, toneladas de frutas, granos y hasta carnes, han estado almacenadas en una bodega de Buenaventura (Valle del Cauca), el principal puerto marítimo de Colombia, en el océano Pacífico, mientras más de 45.000 alumnos del distrito asisten a clases con el estómago vacío, o a medio llenar.

Como los singulares acontecimientos de Ma...

La historia podría haber salido de un relato de Gabriel García Márquez. Cubetas de huevos apiladas, toneladas de frutas, granos y hasta carnes, han estado almacenadas en una bodega de Buenaventura (Valle del Cauca), el principal puerto marítimo de Colombia, en el océano Pacífico, mientras más de 45.000 alumnos del distrito asisten a clases con el estómago vacío, o a medio llenar.

Como los singulares acontecimientos de Macondo, el pueblo ficticio de las obras del Nobel de Literatura, lo que ocurre en la bahía también parece mentira, pero es real: la espera por el inicio del Programa de Alimentación Escolar (PAE) se ha prolongado porque el contratista no ha logrado obtener una póliza de seguro, un requisito de la contratación estatal para blindar los recursos públicos ante eventuales incumplimientos. Sin ese respaldo, el proveedor no puede empezar a operar.

El PAE, como se conoce el programa de complemento nutricional para incentivar la permanencia de niños, niñas y jóvenes en el sistema educativo, debía arrancar el primer día de colegio. Sin embargo, los estudiantes del puerto –donde ocho de cada diez personas viven en condiciones de pobreza– completan casi tres meses sin recibir la que, para muchos, es su única comida.

“A pesar de que el PAE es un complemento, a veces es el único alimento que muchos niños reciben durante el día o mientras los padres llegan de trabajar. Hay estudiantes que viven lejos de la escuela, a una hora o más, y cuando llegan ya están con hambre”, cuenta Brenda Nikol Zúñiga, alumna de la institución educativa Simón Bolívar.

Esta vez el problema no ha sido la falta de recursos, como sucede con frecuencia en poblaciones alejadas. El Gobierno central ha girado 3.400 millones de pesos (unos 770.000 dólares), de los 8.500 millones (1,9 millones de dólares) asignados al municipio para la alimentación en 2023. Las entidades territoriales certificadas, como Buenaventura, son las responsables de elegir a los contratistas del PAE e invertir el dinero.

Pero, como en este caso, pueden tener problemas en la ejecución. El primer proceso licitatorio que intentó realizar la Alcaldía fracasó porque ninguno de los interesados cumplió con los requisitos. Ya entrado el mes de abril, optó por firmar un convenio con el Consejo Comunitario de la Comunidad Negra de la Cuenca del Río Calima, una organización social y sin ánimo de lucro con la que podía contratar de forma directa.

Pero apareció otra barrera. El alcalde Víctor Hugo Vidal denuncia que las aseguradoras se han negado a expedir al Consejo una póliza para asegurar el contrato. “Ese es un tema que raya hasta en el racismo y la discriminación porque tiene que ver con los PAE en comunidades negras e indígenas. Nos han dicho que es por dificultades en años anteriores que generaron pérdidas”, sostuvo el mandatario en una declaración pública.

Alimentos para Aprender, la unidad administrativa adscrita al Ministerio de Educación que acompaña a los territorios en la implementación de la estrategia, verificó en visitas del 19 y 20 de abril que el operador está listo para empezar a distribuir los alimentos. “Hoy tienen los mercados embodegados, los contratos hechos, revisiones y visitas adelantadas, manipuladores listos. Dependen de una póliza de seguros, pero como es un nuevo servicio que prestan a estas comunidades, no se ha logrado”, le dijo su director, Luis Fernando Correa, a EL PAÍS.

Buenaventura no es la única zona de Colombia donde aún no arranca el programa de alimentación escolar. La Contraloría General de la República estima que hay 240.000 estudiantes afectados por las demoras en distintas regiones.

En Yopal (Casanare) también tuvieron que empezar una nueva licitación. En el departamento del Magdalena, en la costa Caribe, el servicio está suspendido desde marzo porque se terminó el contrato anterior, que fue adjudicado en octubre, casi cuando terminaba el año escolar de 2022. Como empezó tarde, con ese dinero cubrieron los primeros meses de este año, pero ahora hay que volver a contratar.

Y en algunos municipios de los departamentos de Antioquia, Boyacá, Córdoba, La Guajira y Vaupés, tampoco ha iniciado. “Nos preocupa el caso de La Guajira, donde hay 23.000 niños afectados de la población indígena altamente vulnerable. En Vaupés no hay atención en toda la zona urbana, con 3.648 niños afectados”, explica Alexandra Rodríguez, contralora delegada para la participación ciudadana.

En Colombia, hay niños y niñas que, literalmente, mueren de hambre. En lo corrido de este año, se han reportado 71 fallecimientos de menores de 5 años al Instituto Nacional de Salud por causas asociadas a la desnutrición aguda, 22 de ellos en La Guajira. Pero la burocracia no siempre se compadece de esa realidad.

“Son diferentes causas. Pero ellos (las autoridades territoriales) reciben una cifra de los recursos que van a recibir y deberían prever las problemáticas. Y no lo hacen. Lo hacen cuando ya empieza el calendario escolar”, cuestiona Rodríguez, la contralora delegada.

La edad escolar es un momento esencial para el desarrollo cognitivo. Angélica Velosa, nutricionista dietista de la Universidad Nacional, advierte que la mala nutrición a esa edad puede limitar a largo plazo las competencias de los menores e incluso su capacidad productiva e ingresos en la edad adulta. “Una buena alimentación se asocia con el desarrollo cognitivo e inmune. Comer bien le brinda al cerebro la energía y nutrientes necesarios para hacer conexiones, mejorar la memoria y los procesos de aprendizaje”, explica la experta.

Según la Unidad administrativa especial a cargo de la alimentación escolar, creada en 2019 específicamente para encargarse del tema, este año 81 de las 97 entidades territoriales arrancaron a tiempo la implementación del programa que cubre a 5,8 millones de estudiantes en todo el país. Son 14 más de las que lo hicieron el año pasado, pero 16 menos de las que se necesitarían para que el PAE logre todo su potencial en evitar el hambre.

Estudiantes de 40 instituciones educativas de Buenaventura preparan una manifestación para este lunes 24 de abril en las calles del puerto para exigir el inicio del programa de alimentación escolar. “Un muchacho con el estómago lleno, académicamente va a rendir más que una persona con hambre. Esto es un crimen”, lamenta el rector de una institución educativa que pide la reserva de su nombre.

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