La paz como excusa: a otro perro con ese hueso
Muchos concluimos hace algunos meses que el propósito real y estratégico de la reforma política era la de crear las condiciones que permitiesen al Pacto Histórico extenderse en las elecciones de octubre
Hoy llegó a su fin la reforma política presentada por el Gobierno nacional y defendida de forma vehemente por el presidente del Senado, Roy Barreras. Gracias a la presión ejercida por los legisladores de varios partidos, el Gobierno retiró el proyecto luego de ejecutar varias maniobras legislativas para salvarla. Los generosos anzuelos lanzados al Congreso tocaron el límite de lo indefendible.
Hace escasos cinco días, el presidente de...
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Hoy llegó a su fin la reforma política presentada por el Gobierno nacional y defendida de forma vehemente por el presidente del Senado, Roy Barreras. Gracias a la presión ejercida por los legisladores de varios partidos, el Gobierno retiró el proyecto luego de ejecutar varias maniobras legislativas para salvarla. Los generosos anzuelos lanzados al Congreso tocaron el límite de lo indefendible.
Hace escasos cinco días, el presidente del Senado trinó en su cuenta:
El senador Barreras justificó todo por “la paz” (no sabemos cuál): la eliminación de inhabilidades, la presentación de coaliciones de partidos mayoritarios en elecciones, el cambio de partidos de forma transitoria, los legisladores ministros y las listas cerradas y paritarias.
El objetivo de la reforma, según sus ponentes, era fortalecer la democracia y los partidos ―pero esta no propuso mecanismos reales para cumplir este propósito―. No tocó las candidaturas de movimientos significativos de ciudadanos que han generado el desuso de los partidos como vehículos para elecciones regionales y ejecutivas. Propuso en un artículo transitorio la promesa de una reforma futura para la democracia interna de las organizaciones y un registro de militancia inoperante. Si incluimos en el análisis la implosión reciente de partidos ―a raíz de las decisiones de la Corte Constitucional y el CNE―, la regulación de la disciplina partidista pierde sentido. Pero ante la insistencia, se continuó con su trámite.
El informe de ponencia para primer debate de segunda vuelta rebosó la copa (los actos legislativos tienen ocho debates; este habría sido el quinto). La defensa inicial del acto legislativo se centró en dos instrumentos: las listas cerradas y la financiación pública de los partidos (… y movimientos, grupos significativos, consejos comunitarios, etc.). Sin embargo, además de las joyas escondidas para los miembros de la coalición de Gobierno, los nuevos micos exacerbaron la indignación legislativa. La nueva ponencia eliminaba las listas cerradas obligatorias, sumó al derecho cuestionable de los legisladores de ser ministros el guardar el puesto en el legislativo mientras ejercían en las carteras (art. 181) e incluyó la financiación del 30% adicional en caso de usar listas cerradas.
Del análisis más profundo de la reforma fallida, muchos concluimos hace algunos meses que el propósito real y estratégico de ésta era la de crear las condiciones que permitiesen al Pacto Histórico extenderse en las elecciones regionales de octubre. Si esto no era obvio al finalizar la legislatura pasada, luego de estos cambios no quedaba duda.
Las denuncias y pronunciamientos por parte de los legisladores surtieron su efecto. La oposición y los miembros de la coalición de Gobierno que declararon su intención de votar negativamente en la comisión primera generaron la reacción del Ejecutivo. Ayer, de forma sorpresiva, el presidente y el ministro del Interior decidieron archivar la reforma, negando su paternidad ―y estableciendo su sorpresa por los contenidos (deja vú a lo Simón Gaviria), prometiendo una nueva reforma―.
Acto seguido, celebraron algunos legisladores del Pacto Histórico, exaltando la “gallardía” del presidente Petro, mientras los demás legisladores los acusaban de cínicos por legislar de forma tan irresponsable. El costo que estaban dispuestos a pagar por ganar era la división de los poderes, fortalecida en la Constitución de 1991.
Sin duda, la representación política puede y debe mejorar. Pero nada presente en la reforma fallida corrige estas imperfecciones, ni consolida la paz ―de La Habana o la total―. Fue un duelo interesante, y el Congreso salió victorioso atajando esta reforma. Ojalá que continuemos viendo las comisiones constitucionales haciendo su trabajo crítico en medio de una agenda legislativa tan abultada.
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