Los taxistas levantan el paro tras un acuerdo con el Gobierno

Los taxistas han levantado el paro de este miércoles tras firmar un acuerdo con el Gobierno. El documento, de 18 puntos, incluye un compromiso del Ejecutivo de reforzar la presión contra las alcaldías para que sancionen el uso de aplicaciones de transporte como Uber, Didi o Indrive. “El Ministerio de Transporte fija políticas y expide actos de carácter general. Las medidas que corresponden en materia de régimen sancionatorio son de las autoridades municipales”, h...

Los taxistas han levantado el paro de este miércoles tras firmar un acuerdo con el Gobierno. El documento, de 18 puntos, incluye un compromiso del Ejecutivo de reforzar la presión contra las alcaldías para que sancionen el uso de aplicaciones de transporte como Uber, Didi o Indrive. “El Ministerio de Transporte fija políticas y expide actos de carácter general. Las medidas que corresponden en materia de régimen sancionatorio son de las autoridades municipales”, ha explicado el ministro, Guillermo Reyes. Por su parte, el sindicalista Julián Osorio ha pedido al Gobierno que les ayude a profesionalizar el gremio para “que dejen de llegar manzanas podridas que se camuflan de taxistas”.

Las presiones al Ejecutivo por parte de taxistas y plataformas han llevado a idas y vueltas que mantienen la incertidumbre. El ministro dijo en septiembre que las plataformas eran ilegales y que había que desmontarlas gradualmente, tras una reunión de los taxistas con el presidente de la República, Gustavo Petro. En enero, se filtró un borrador de un proyecto de ley que planteaba el bloqueo de las aplicaciones y multas contra los usuarios. Aumentó entonces la preocupación por una forma de transporte que utilizan miles de colombianos cada día. Ante esto, Reyes matizó los cambios: “No es prohibir las plataformas, es regularlas”.

El acuerdo de este miércoles resalta que cualquier cambio debe pasar por el Congreso. Hasta entonces, el Gobierno entiende que las plataformas son ilegales porque la ley 336 de 1996 establece que los servicios públicos de transporte deben ser prestados por vehículos autorizados y registrados. “Exhortamos a las autoridades municipales a realizar el cumplimiento de dichas disposiciones”, dice uno de los compromisos que el ministro enumeró este miércoles. Según el texto, la Superintendencia de Transporte trabajará en el seguimiento de las entidades responsables “para compelerlas en el cumplimiento de sus funciones, obligaciones y deberes legales”.

El documento, además, resalta que el Ministerio de Transporte prepara un proyecto de ley que reformulará “el precario régimen sancionatorio” para todas las modalidades de transporte. “Se establecerán herramientas para el control del transporte informal e ilegal que pulula en varias regiones del país”, ha declarado Reyes.

El ministro ha valorado el desarrollo de las protestas, a pesar de que los taxistas denunciaran a lo largo del día que no podían ejercer sus derechos adecuadamente. “Si bien tuvo algunas dificultades, de pequeñas obstrucciones a la movilidad, hay que reconocer que hubo respeto, que hubo civismo y que hubo buen comportamiento”, ha subrayado Reyes. El mensaje contrastaba con el de Osorio, que felicitó a los trabajadores que sacaron adelante el acuerdo pese a que “fueron hostigados por la fuerza pública”.

El sindicalista ha asistido a la reunión vestido con una camiseta de la selección colombiana de fútbol que, según él, simboliza el reclamo de los taxistas. “El amarillo significa el oro que las plataformas ilegales se quieren llevar a migrar a otras partes del territorio nacional. El azul, que significa los mares, son las lágrimas que nuestras familias han derramado porque la ilegalidad ha retirado su sustento”, ha explicado. El color restante, el rojo, representa la sangre a la que no se quiere llegar por “una pelea injusta”.

Osorio se ha mostrado consciente de las críticas de la ciudadanía al servicio de taxis, evidenciadas en los mensajes que circularon este miércoles en redes sociales. “Reconocemos que tenemos grandes errores y que tenemos que mejorar”, ha afirmado. Sin embargo, ha explicado que necesitan de la ayuda del Gobierno para profesionalizar el sector.

Las protestas no logran la adhesión esperada

Algunos sindicalistas afirmaron más temprano que no tuvieron las garantías necesarias para protestar contra el Gobierno. “En los distintos puntos de la ciudad de Bogotá nos están inmovilizando los carros, los están rompiendo”, declaró un vocero. El presidente Petro negó las acusaciones en redes sociales: “En mi Gobierno no hay falta de garantías. El taxista es un trabajador, muchas veces una mujer, cabeza de familia y el Estado debe ayudar a dignificar su trabajo. Las puertas del diálogo están abiertas”.

La protesta se había confirmado el martes por la noche, después de que fracasara una negociación previa con el Ejecutivo. Reyes advirtió entonces de que la policía iba a actuar para evitar obstrucciones en las calles. “Aceptamos la protesta social y respetuosa, pero no vamos a permitir que mañana se atente contra el interés general de los colombianos con bloqueos”, señaló. Algo similar declaró la alcaldesa de Bogotá, Claudia López: “Ojalá cumplan las movilizaciones pacíficas sin bloqueos al transporte público. Ni los bloqueos ni obstrucciones al derecho al transporte público de las mayorías se permiten”.

Reyes y el director de la Policía, Henry Sanabria, informaron en la mañana del miércoles que las fuerzas de seguridad habían actuado contra los bloqueos en ciudades como Ibagué, Villavicencio, Riohacha y Popayán. “No podemos permitir que reine la anarquía en nuestras ciudades”, justificó el ministro. Según ambos, varios de los responsables fueron judicializados por los delitos de obstrucción de vías y perturbación del transporte público.

El paro no contó con la adhesión que se esperaba. Una de las dificultades fue que no tuvo el apoyo de Hugo Ospina, uno de los principales representantes del gremio y presidente de la Asociación de Propietarios y Conductores de Taxi. El sindicalista adujo que la protesta estaba mal formulada: era en contra del Gobierno, cuando los responsables de controlar a las plataformas son los municipios. “No hay que regular nada, ya existen normativas que prohíben que las motos y los autos particulares presten estos servicios. Controlar el transporte nacional es responsabilidad de los alcaldes”, explicó por teléfono a este periódico. Según él, la protesta fue un intento de deslegitimar su vocería y promover liderazgos alternativos.

Ospina pidió a los afiliados de su sindicato que salieran a trabajar con normalidad. Y no se sorprendió cuando la adhesión al paro fue limitada: “Hoy se demostró ante la opinión pública que el gremio de taxistas confía en Hugo Ospina”. Para él, la movilización fue contraproducente porque mostró la división del sector. “Si quieren un nuevo liderazgo, hagamos una asamblea gigante de taxistas. Estas protestas hacen daño a la industria. Maltratamos al usuario y generamos incertidumbre sin haber agotado las vías del diálogo”, enfatizó.

Los líderes del paro, sin embargo, lograron firmar con el Gobierno el acuerdo de 18 puntos, que incluye varios aspectos más allá de las plataformas. Entre ellos están la creación de un protocolo de procedimientos para agentes de tránsito, la preocupación por la seguridad social de los taxistas y el establecimiento de un fondo que otorgue incentivos para la transición energética del sector. Además, el Ministerio se ha comprometido a a crear un comité encargado de revisar los precios de la gasolina, que han aumentado aceleradamente desde mediados de 2022.

El desafío es que una gran parte de los puntos expresan buenas intenciones, crean o mantienen mesas de diálogo y prometen proyectos que no terminan de materializarse. El Ejecutivo declara su compromiso con el tema de las plataformas, pero delega el tema en otras entidades. Más allá del apoyo Reyes, el documento recuerda que la legalización debe pasar por el Congreso y que, hasta entonces, las sanciones dependen de las autoridades locales.

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