Camilo Umaña: “Colombia necesita una política criminal más humanista”

La familia de Camilo Umaña lleva más de medio siglo en una lucha contra la impunidad. El nuevo viceministro de política criminal y justicia restaurativa es hijo de Eduardo Umaña Mendoza, un reconocido defensor de derechos humanos que denunció crímenes de Estado, alianzas entre militares y paramilitares, y cuya lucha fue silenciada cuando fue asesinado en 1998. Aunque en 2016 el homicidio fue declarado crimen de lesa humani...

La familia de Camilo Umaña lleva más de medio siglo en una lucha contra la impunidad. El nuevo viceministro de política criminal y justicia restaurativa es hijo de Eduardo Umaña Mendoza, un reconocido defensor de derechos humanos que denunció crímenes de Estado, alianzas entre militares y paramilitares, y cuya lucha fue silenciada cuando fue asesinado en 1998. Aunque en 2016 el homicidio fue declarado crimen de lesa humanidad, aún se mantiene en la impunidad. Pero Camilo Umaña también es nieto del académico Eduardo Umaña Luna, coautor de un libro de referencia sobre el conflicto colombiano, La Violencia en Colombia (1962), donde el abuelo escribió un capítulo titulado “Factores sociojurídicos de la impunidad”. Por su trabajo, tanto el abuelo, el padre y el hijo tuvieron que salir, por periodos cortos o largos, al exilio.

Pero Camilo Umaña (Bogotá, 37 años) también es un académico que está haciendo un salto de las ideas a la práctica. Tiene un doctorado en criminología de la Universidad de Ottawa, otro en sociología jurídica de la Universidad del País Vasco, y más recientemente fue uno de los investigadores de la Comisión de la Verdad sobre un tema que atraviesa la historia de su familia: la impunidad. “Me pareció increíble que, 50 años después, en el mismo conflicto, me estuvieran buscando para escribir del mismo tema del que escribió mi abuelo”, cuenta en esta entrevista.

Pregunta. ¿Cómo marcó el trabajo de su padre su visión sobre la impunidad?

Respuesta. Absolutamente toda mi historia profesional, personal, mi forma de ver el mundo, está mediada por la experiencia de mi papá y de mi abuelo. La experiencia de mi papá de lucha contra la impunidad, de tratar de reivindicar los derechos humanos, de poner en la agenda pública problemas tan graves como la desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales, la persecución, la desigualdad social, eso ha sido para mí la escuela. Luego, mi padre y mi abuelo me dieron también un criterio ético. Mi abuelo me enseñaba que la moral es como un estandarte que se ata al mástil, un mástil que es la ética. La moral cambia según los vientos, puedes probar nuevos trapos, nuevas direcciones. Pero la ética es lo que te permite pilotear esta vida.

P. ¿La experiencia del asesinato de su padre le ha dado una perspectiva ‘privilegiada’ para aceptar este cargo en el Ministerio de Justicia?

R. Me da una perspectiva, la de alguien que ha sufrido las falencias de la justicia en este país. Yo no tengo la perspectiva de los políticos, que también deben ser importantes en estos procesos, ni tengo la perspectiva de un ciudadano en la calle cuando no le han tocado estos problemas. Tengo una perspectiva particular.

P. Su padre defendió a muchos militantes de izquierda con temor a ser asesinados por su posición política. ¿Le parece simbólico que usted llegue al gobierno de uno de esos militantes que sobrevivió?

R. Veo esto como un símbolo de esperanza, de que pueda haber una apertura democrática. Si bien es cierto que se ha instalado mucho esta distinción muy rígida entre izquierda y derecha, creo que en casa siempre hubo una distinción entre las personas más vulnerables y las personas que aprovechan esa vulnerabilidad. Creo que es una visión más de humanismo social, y eso se acopla obviamente a una agenda de izquierda, pero es una visión de tomar partido por el ser humano. Mi papá defendió a mucha gente que terminó siendo asesinada, o a la cual mi papá trató de salvarles la vida pero no pudo. A mucha gente le ayudó a salir del exilio, a mucha gente la salvó de las torturas, los pudo rescatar de las garras de la desaparición forzada. A mucha gente, no. Una vez fui a visitar la tumba de mi papá y había una persona poniéndole un arreglo y me decía: “es que su papá en realidad era el Defensor del Pueblo antes de que existiera la Defensoría del Pueblo, porque nosotros todos íbamos donde él si teníamos un problema”.

P. ¿Ha militado en algún partido?

R. No

P. Su abuelo fue coautor del libro La Violencia en Colombia, una experiencia que lo llevó al exilio. ¿Qué trae de su abuelo a este cargo?

R. Mi abuelo es muestra de la importancia del humanismo social, de pensarnos el país desde la gente, de toda esta crítica social tremenda desde los años sesenta. Mi abuelo es cofundador de la primera facultad de sociología del continente, la Facultad Sociología de la Universidad Nacional de Colombia. El libro La Violencia en Colombia, que es el relato de lo que nos sucede como país, termina causando su exilio. Si quieres que te lo resuma, nosotros llevamos tres generaciones exiliados, perseguidos, y tratando de mover las ideas de justicia social, una justicia mucho más amplia. Y en ese sentido nuestras vidas se conectan muchísimo. Por cierto, mi papá nunca quiso un exilio porque le parecía que era una forma de abandonar su lucha y perder el pulso, siempre dijo que se quedaba hasta las últimas consecuencias, pese a que él había ayudado a mucha gente a que se exiliara. Nunca lo asumió como una opción de vida, él prefería morir por algo que vivir por nada.

P. ¿Cuál quisiera que fuera su principal tarea como viceministro de Justicia?

R. Tengo muy diversas tareas, pero la principal es quitar, o al menos arrinconar, el estado de cosas inconstitucional en la política criminal. [La Corte Constitucional colombiana ha declarado varias veces un estado inconstitucional en cárceles pero también en la política criminal]. Eso implica atender problemas tan graves e históricos acumulados como: el hacinamiento en las cárceles; la falta de acceso a derechos económicos, sociales y culturales; la política criminal desmedida por el populismo penal; la falta de racionalización de las medidas por unas penas absolutamente desbordadas. La única forma de atender los conflictos sociales ha sido la pena privativa de la libertad y creo que debemos repensarnos, debemos darle una nueva oportunidad a pensar el problema de la política criminal en Colombia.

P. ¿Qué le diría a quienes temen que el gobierno Petro sea más laxo con el crimen?

R. La propuesta no pasa por ser laxos con el crimen, sino con poder crear una política criminal más humanista que nos ayude a superar el Estado de cosas inconstitucional. Eso se logra no solamente para personas que cometen crímenes, sino también para las víctimas. Tenemos que buscar una política criminal efectiva, eficaz y humana.

P. ¿Colombia sufre de populismo penal?

R. Totalmente. En Colombia la pena más alta es de 60 años de prisión, y eso es una cadena perpetua en un país donde está prohibida la cadena perpetua. Si eso no es populista, yo no sé que es populista. En Colombia, los más pequeños y locales conflictos sociales se gestionan a través del sistema penal, porque se ve como la única puerta de respuesta a los conflictos sociales. Si alguien comete una injuria, una calumnia, lo llevan a juicio y eso termina en unos procesos muy distendidos. O cuando hay problemas de transición, de negociaciones de paz, o de sometimiento del crimen organizado, lo primero que pensamos es en el derecho penal y de lo menos que se habla es de las políticas sociales. A nadie le importa eso, la gente quiere saber cuántos son los años que alguien va a estar en la cárcel.

P. ¿Cómo responder a las víctimas que buscan justicia sin pensar en cuántos años van a estar los victimarios en la cárcel?

R. A muchas víctimas les son muy provechosas las formas de reparación y compromiso serio por parte de las personas que han cometido crímenes, más que generar unos esquemas de sufrimiento interminable en centros de reclusión. Hay que darle respuesta a las víctimas pero se ha asumido que las víctimas son una especie de universo homogéneo en el cual hay una cantidad de gente que quiere: o bien salir corriendo a abrazar a las personas que han cometido faltas y perdonarles; o bien que están con una escopeta en la mano pidiendo la cabeza de los que le han hecho mal. Y no es ni una cosa ni la otra. Hay una gran diversidad de expectativas entre las víctimas y para eso está el Estado de Derecho, para mediar entre esas expectativas.

P. ¿Y porqué es tan punitiva la sociedad colombiana?

R. Yo no creo que la sociedad colombiana sea punitiva, sino que la han hecho punitiva. De las últimas reformas que han ampliado las penas, la gran mayoría, un 70%, han pasado por iniciativa gubernamental. Han sido los gobiernos los que han impulsado esa escalada punitiva, no han sido tanto referéndums, o que la gente haya organizado asambleas. Aquí lo que sí hay es un sentimiento generalizado que hay que conciliar, que es de inacción, inactividad, e impunidad.

P. ¿Y cómo enfrentarse al tema de la impunidad desde su despacho?

R. El tema de la impunidad pasa, por supuesto, por un tema de política pública, pero en gran medida por un tema de independencia judicial. Creo que nuestro trabajo aquí es poder dotar de las mejores herramientas posibles al sistema de administración de justicia. También contribuir con herramientas de política pública que puedan optimizar temas de investigación, de judicialización. Soy un convencido de que no se deben cambiar absolutamente todas las estructuras. Hay muchísimos cuellos de botella a nivel administrativo en el sistema judicial y ya tengo detectados algunos problemas grandes, medianos y pequeños. Hay muchos asuntos muy territorializados, muy microscópicos. No todo se cambia con una gran política pública. Hay también acciones, digámoslo así, pequeñas.

P. Deme un ejemplo de una acción pequeña

R. Por ejemplo, en los establecimientos penitenciarios. Todo el mundo se ha puesto a pensar que es muy importante abrir cupos y cupos [en las cárceles] para resolver el problema de hacinamiento. Pero se ha hecho poco para fortalecer las oficinas jurídicas que evalúan —y envían a los jueces de ejecución de penas sus evaluaciones— para atribuir subrogados penales y beneficios judiciales. Esa sería una forma de descongestionar sin tener que crear nueva infraestructura.

P. El presidente Petro ha hablado de cambiar el enfoque de política de drogas porque dice las cárceles colombianas están llenas de personas condenadas por este enfoque. ¿Está de acuerdo?

R. Sí. Los principales cuatro delitos en Colombia, que ocupan el 50% de la población carcelaria de adultos, son: el hurto, el homicidio, el tráfico y porte de estupefacientes, y el porte de armas. A su vez, en el sistema de responsabilidad penal de adolescentes, casi un 72% está representado por hurto y por tráfico y porte de estupefacientes. El tema de drogas es central en la política criminal. Todo el mundo cuando piensa en el tráfico y porte, piensa en grandes estructuras de narcotráfico. No piensa en casos concretos, personas concretas, como uno del que supe recientemente, el caso de una señora detenida en Ecuador, madre cabeza de familia, con seis hijos, y una condena de más de 20 años de prisión porque traficó drogas. Yo no conozco a esa señora, pero es madre soltera con seis hijos, ahí hay otro tipo de problemas sociales que debemos atender. O tenemos que atender este problema desde una perspectiva de salud pública, porque los indicadores dicen que Colombia ha incrementado el consumo de drogas. Tenemos la representación de que Colombia es un país productor, y no un consumidor, pero en muchas regiones del país hay un gran consumo y hay grandes alertas sobre todo en la juventud. Esto tiene que ver con una política social frente a los jóvenes. Si los jóvenes ven [el tráfico de drogas] como una forma laboral, y además como una forma de desfogar las ansiedades sociales, pues esto va a revertir un problema generacional muy fuerte. El gran problema de la política de drogas no está únicamente en el Ministerio de Justicia.

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