Gerardo Vega, de la lucha campesina al Gobierno: “El 50% de los asesinatos de líderes sociales están asociados a la tierra”

El primer cambio real del Gobierno de Gustavo Petro es haber cambiado de caras. No la suya, que lleva décadas protagonizando de alguna forma la política nacional, pero sí la de decenas de altos y medios cargos que empiezan estas semanas a tomar posesión de edificios públicos en los que nunca antes habían puesto un pie. Gerardo Vega (Huila, 1960) es uno de ellos. Hoy dirige la Agencia Nacional de Tierras después de años del otro ...

El primer cambio real del Gobierno de Gustavo Petro es haber cambiado de caras. No la suya, que lleva décadas protagonizando de alguna forma la política nacional, pero sí la de decenas de altos y medios cargos que empiezan estas semanas a tomar posesión de edificios públicos en los que nunca antes habían puesto un pie. Gerardo Vega (Huila, 1960) es uno de ellos. Hoy dirige la Agencia Nacional de Tierras después de años del otro lado. Exguerrillero del Ejército Popular de Liberación (EPL), una guerrilla marxista-leninista que firmó la paz en 1990, y más tarde abogado de cientos de campesinos y desplazados, ha dedicado su vida a luchar por un reparto de tierra más justo. Una labor que ahora le toca cumplir desde el poder.

En medio de debates sobre la reforma tributaria o la paz con el ELN, el problema eterno de la tierra en Colombia se abre paso a la fuerza. Desde la toma de posesión del nuevo presidente, las invasiones de tierras de campesinos y desplazados se han multiplicado por todo el país, exigiendo al Gobierno que cumpla lo prometido. “Hubo un atraso y una falta de voluntad política de los últimos 50 años para atender el tema agrario. Hay un problema acumulado, pero el presidente Petro está en la necesidad de solucionarlo”, explica Vega en entrevista con EL PAÍS desde su despacho.

Él ha sido representante legal de decenas de invasores durante años, para los que ahora busca una salida. Vega diferencia entre los campesinos que llevan 10 o 15 años ocupando y trabajando una tierra, para los que pide un “reconocimiento del Estado” como habitantes de esos predios, y las nuevas invasiones, para las que le pide diálogo. “Hay que sentarse a hablar con ellos. Se pueden hacer acuerdos”. Hace un par de semanas, varios ministros del Gobierno, encabezados por la vicepresidenta Francia Márquez, advirtieron a los nuevos ocupadores de que si no abandonaban las tierras en 48 horas, serían desalojados por la fuerza pública. Un ultimátum que podría haber hecho cualquier Gobierno conservador, pero que por ahora no se ha llevado a cabo. Vega insiste en que, antes de tomar cualquier medida, se están celebrando “mesas de conversación”.

Pregunta. Usted participó hace décadas en tomas de tierra. ¿Ha cambiado su visión en estos años?

Respuesta. Yo fui abogado de ocupantes de tierra, llevé procesos judiciales, muchos. Y luego trabajé en la restitución de tierras porque es una necesidad y una reivindicación. Que promoví o que he sido parte [de las invasiones] es lo que han dicho para desvirtuar la labor que hacemos en defensa de los derechos humanos y de las víctimas desplazadas.

P. Los campesinos y los desplazados lo que quieren ahora son resultados rápidos. ¿Qué es lo primero que se puede ofrecer?

R. Lo primero que hay que hacer es el reconocimiento de una gente que lleva 10 años, 15 años allí, y que produce alimentos en esas tierras. Luego buscar un trámite ágil, simplificado en la Agencia, que permita que puedan demandar tener tierras sin un trámite tan largo. Y lo segundo, hay que facilitar que se entregue rápido a través de cualquier mecanismo. Uno puede ser arrendar los predios mientras se hace la formalización.

P. La ministra y el presidente hablan de comprar tierras.

R. Lo importante es comprar tierras que sirvan para producir alimentos. Los que se oponen han dicho que la comunidad indígena y la comunidad de negritudes tienen en un tercio del país y no hicieron nada. Eso no es cierto. Hoy en manos de las comunidades indígenas y afro hay 2.800.000 hectáreas, menos de un 2% del total. La parte que tienen los resguardos son zonas de protección, son selva, bosques, afluentes de agua que sirven para proteger el planeta. Lo que han hecho es favorecer el planeta, el medio ambiente.

P. ¿Quiénes son los principales enemigos de la reforma agraria?

R. Desde organizaciones ilegales en el pasado que han atentado contra la vida de reclamantes de tierras, a grupos paramilitares, grupos de extrema derecha, en un periodo un sector del empresariado que se oponían a ese tipo de reforma, partidos políticos... Ese es un pasado reciente. Hoy hay una composición política del Congreso diferente. Esperemos que esa reforma que avance.

P. Como abogado representó legalmente a campesinos y desplazados contra empresarios ganaderos y bananeros. ¿Ha sentido rechazo al asumir el cargo?

R. Hasta ahora no ha habido ninguna manifestación pública. Lo que tienen que tener también es el convencimiento de que aquí no se va a expropiar a nadie.

P. ¿Le genera algún tipo de conflicto de interés el cargo?

R. No, porque he estado en el tema de restitución de tierras, que es un acto de justicia, es un acto justiciero. A los que le quitaron la tierra, a los que se la robaron, se la usurparon, pues que se la devuelvan. Luego están los que no tienen tierra y buscan acceder a ella, eso es un tema de reforma agraria. El acuerdo de La Habana dice que se entregarán tres millones de hectáreas para personas que no tienen y siete millones de hectáreas de formalización.

P. ¿Cómo se puede avanzar en la restitución de tierras?

R. Tiene que cesar el asesinato contra líderes sociales de reclamantes de tierras. El 50% de los asesinatos de líderes sociales están en esas causas asociadas a la tierra. Para que la gente reclame tiene que tener las garantías. El Estado esperaba 360.000 solicitudes, van 130.000 aproximadamente. Hay que motivar y facilitar que la gente pueda reclamar. Y cuando no hay condiciones de seguridad para restituir una tierra, pues se debe compensar en dinero o compensar en especie. La gente no se puede quedar eternamente esperando a que haya condiciones de seguridad.

P. Colombia tampoco tiene un catastro fiable. ¿Por qué?

R. El país debe saber para qué sirve ese 65% del sector rural que no está formalizado. En el pasado no ha habido interés en legalizar y formalizar el desorden. Pero un Estado viable o un Estado serio tiene que saber quiénes habitan su territorio, qué propietarios tiene y para qué sirve la tierra. Si no, ¿cómo vas a planear?

P. ¿Alguna vez había imaginado llegar hasta aquí?

R. No estaba en el propósito de decidir. Pero formar parte de un Gobierno como este sí me gusta. He trabajado en este tema mucho tiempo atrás, en la otra orilla. Si es útil esa experiencia, lo hago aquí con el mayor gusto.

P. Se hace llamar el Gobierno del cambio.

R. El solo hecho de que la gente hubiera votado este Gobierno y este programa es un cambio de actitud. Esa gran mayoría de población que no había participado institucionalmente, que había estado excluida, pues estaba ahí presente el día de la posesión. Realmente impresionante

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