La extradición, la llave para la “paz total” de Petro

Una carta firmada por varias bandas paramilitares con la intención de unirse a la propuesta de paz de Gustavo Petro volvió a abrir el debate sobre las posibilidades de lograr una negociación con estos grupos armados. El canciller electo, Álvaro Leyva, confirmó en una breve declaración a medios que recibió el documento y que es cierto que existen acercamientos. En la noche, otro panfleto de las Autodefensas Gaitanistas de Col...

Una carta firmada por varias bandas paramilitares con la intención de unirse a la propuesta de paz de Gustavo Petro volvió a abrir el debate sobre las posibilidades de lograr una negociación con estos grupos armados. El canciller electo, Álvaro Leyva, confirmó en una breve declaración a medios que recibió el documento y que es cierto que existen acercamientos. En la noche, otro panfleto de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia negó respaldar el ofrecimiento.

En la carta inicial, firmada también por Los Rastrojos y exparamilitares desmovilizados, dicen estar dispuestos a iniciar un cese al fuego a partir del próximo 7 de agosto y hablan de desarmarse, de pedir perdón, de reparar a las víctimas y de decir la verdad. “Invitamos a todos los sectores de la sociedad, empresarios y fuerzas vivas que nos acompañaron en la guerra a que ahora nos acompañen en el momento histórico en el que nos estamos comprometiendo con la paz del país”, dice el documento, en el que piden las mismas garantías que han tenido otros grupos armados, la fuerza pública y agentes del Estado que han participado activamente en el conflicto. Al final de la carta hablan de un punto crucial para lograr un acercamiento y posterior sometimiento a la justicia: la extradición. “No estamos de acuerdo con que se siga cercenando la verdad de nuestro país con mecanismos como la extradición, que debería operar solo en casos donde haya ausencia de verdad, perdón, justicia, reparación y no repetición”.

Camilo González Posso, analista y presidente del Instituto de Estudios para el desarrollo y la paz (Indepaz), dice que el mensaje refleja “el nuevo ambiente” que se asoma con la llegada del gobierno de Gustavo Petro y su apuesta por una “paz total”. “Es la respuesta a la propuesta del presidente electo que busca iniciar conversaciones con todos los sectores en busca de términos jurídicos y negociables para que sea posible”, señala González Posso.

La paz será una prioridad para Petro. Iniciará su mandato con el deseo de reanudar los diálogos con la guerrilla del ELN y destrabar la implementación del acuerdo con las FARC, que se estancó durante los cuatro años de Iván Duque. El nuevo gobierno también buscará encontrar soluciones jurídicas al desmantelamiento y sometimiento de organizaciones armadas como las que aparecen en la carta. “Hay una presión muy grande de organizaciones sociales pidiendo acuerdos humanitarios con compromisos de respeto a la población civil. Hay comunidades trabajando para esto en el Chocó, en el Cauca, en el Putumayo, en todas las zonas donde hay presencia de grupos armados y la situación es crítica”, señala González Posso.

En la carta, sobre la que Petro no ha hablado, las bandas acogen la invitación de empezar un acercamiento, pero lo hacen con algunas aclaraciones, el tema más importante es el de la extradición. “Extraditar personas que cumplan con los postulados de la verdad significa una afrenta a la dignidad humana, a la justicia nacional y a las víctimas”. Para González Posso, lograr una regulación en un mecanismo bilateral, como lo es la extradición, será uno de los retos que Petro asumirá como prioridad en su búsqueda de “paz total”. Y ya ha dejado ver su interés por avanzar en este sentido.

El 27 de junio, Petro decía en una entrevista con este diario que Estados Unidos ha concentrado su esfuerzo en Colombia de una manera muy ineficaz: en el glifosato a los cultivos de coca y las extradiciones. En mayo, criticó a Duque por haber firmado la extradición de Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, y pasar por alto el reclamo de las víctimas que decían que se llevaban la verdad a una cárcel de Estados Unidos. “Todo el tema de extradición tiene que supeditarse a la paz de Colombia. Hay delitos imperdonables, hay delitos que no pueden provocar una restauración, hay otros que sí y en esos que se puede provocar una restauración, debe haber una justicia restaurativa, es decir, que la justicia debe buscar que la víctima sea restaurada antes que nada”, decía el presiente electo a Semana.

Jorge Mantilla, director de Dinámicas del Conflicto de la Fundación Ideas para la Paz, cree que en el nuevo gobierno, los términos de la extradición pueden ser revisados en la media en que varios sectores de la nueva coalición, sobre todo en los sectores de víctimas, consideran que la extradición vulnera los derechos de quienes han sufrido la violencia de los grupos armados. “Esto es un reto político para la coalición de Gobierno y la posibilidad de crear un momento de país propicio para hacer los cambios legislativos correspondientes (nueva ley de orden público, por ejemplo) y unir a actores tan importantes como las altas cortes alrededor de esta iniciativa”, señala Mantilla, que opina que la extradición también será un tema central con el ELN. “Esto implicaría que Estados Unidos dé su visto bueno, apoye, o al menos siga muy de cerca el proceso de sometimiento con Clan del Golfo y de negociación con el ELN”.

La carta generó varias reacciones en el gobierno actual. “Están tratando de ganar espacios de negociación, porque ellos están buscando un proceso de tratamiento benevolente con la justicia”, dijo el presidente Duque. El documento está firmado por organizaciones activas y por antiguos bloques de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Juan Diego Restrepo, periodista y editor del portal sobre conflicto Verdad Abierta, destaca que un sector del viejo paramilitarismo busca que el gobierno los escuche dentro de su propuesta de “paz total”, pero todavía hay muchas inquietudes sobre cómo sería ese proceso de negociación.

“¿Cómo darles una categoría [política] para que se pueda hacer una negociación? ¿Esos aportes a la verdad a la que se comprometen incluirá a los socios del narcotráfico en Colombia y en el exterior?”, cuestiona Restrepo, que advierte que varios de los paramilitares desmovilizados, que dicen hoy estar dispuestos a contar la verdad, ya fueron condenados a con una pena negociada (ocho años), y ya contaron lo que sabían en el sistema de Justicia y Paz. “La pregunta es qué más saben. Ellos hablan de un actor que todavía no ha contado la verdad y es el empresarial. Va a ser clave que esa verdad involucre a los empresarios que financiaron la guerra, que sean escuchados, pero también condenados como lo fueron algunos de ellos por participar de manera activa en la financiación de grupos paramilitares. Ellos [los exparas] parten del principio de que verdad sí hubo en Justicia y Paz, pero qué pasó con esa verdad, dónde quedó, por qué no se procesó judicialmente esa verdad y se juzgó a empresarios”.

Jairo Libreros, analista y experto en seguridad y defensa nacional, dice que un acercamiento con los grupos paramilitares va a enfrentar al gobierno entrante con un sector de la política tradicional. El mayor obstáculo, dice el analista, vendrá de las fuerzas militares, que han tenido relaciones estrechas con los paramilitares, y también habrá un sector del poder económico que se opondrá a que se conozca la verdad si se someten los narcos. “Es una gran oportunidad, mientras haya garantías de no extradición, de verdad, de justicia y reparación. La extradición de forma arbitraria ya demostró que no es efectiva en materia de justicia y verdad”, señala. La extradición será un punto central dentro de la búsqueda de la paz con estos grupos armados, cuyas estructuras fragmentadas, sin un liderazgo claro, suponen también un reto.

Restrepo dice que la carta abre muchos interrogantes.“¿En quién delegarán la representatividad todo ese conjunto de grupos armados? ¿Con quiénes se tendrá que negociar? Hay personajes como Gordo Lindo, Macaco [comandantes paramilitares desmovilizados], que pueden estar buscando beneficios jurídicos ante el riesgo de pasar muchos más años en la cárcel”.

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