Landelino Lavilla / CIFRA
El Rey concede amnistía para los delitos políticos y de opinión
«La medida pretende cancelar las secuelas de la guerra civil», dice el ministro de Justicia
«La amnistía que el Gobierno ha propuesto al Rey y que Su Majestad se ha dignado conceder, es prenda de la efectiva voluntad d concordia encaminada a lograr un sistema político estable para todos los españoles», manifestó ayer el ministro de Justicia, Landelino Lavilla, durante un almuerzo ofrecido a la prensa tras el Consejo de Ministros. «Esta amnistía, yo creo que amplia, está fundamentalmente referida a los delitos de intencionalidad política y de opinión». El señor Lavilla declaró que esta medida se había concebido de forma que comprenda todas las figuras delictivas incluidas en el Código Penal y en las leyes penales especiales, caracterizadas por la intencionalidad política o de opinión, sin más excepción que los atentados a la vida o a la integridad física de las personas.A sendas preguntas del enviado especial de EL PAIS sobre la cantidad de reclusos a los que afectará la amnistía y sobre la posible medida complementaria de la misma consistente en la revisión de procesos por delitos de los llamados de sangre, el ministro de Justicia manifestó que, aunque carecía de datos exactos, por el momento serían unos 200 penados -aunque la cifra se fijó después, por fuentes solventes, en 500- quienes se beneficiarían de la amnistía, aparte de las restantes aplicaciones a quienes no se encuentran actualmente en la cárcel. Respecto al segundo tema, declaró que la amnistía no está condicionada por la opinión internacional y que, a pesar de los diferentes criterios que se han manfestado sobre la ausencia de garantías en los procesos celebrados en, septiembre de 1975, no existe, hoy por hoy, motivo alguno para disponer la revisión de aquellos juicios, que ocasionaron cinco ejecuciones y varias conmutaciones de la pena capital. El señor Lavilla señaló que entre las excepciones a la aplicación de la amnistía figuran también los supuestos en que se ha atentado contra el patrimonio nacional, a través del contrabando y defraudación monetaria.
