Un juez ordena que los venezolanos deportados a El Salvador deben ser regresados a Estados Unidos o recibir el debido proceso

Un juez federal de Washington ha ordenado al Gobierno de Donald Trump que presente, antes del 5 de enero, un plan para remediar las violaciones al debido proceso cometidas en contra de más de 100 venezolanos deportados en marzo a una prisión de máxima seguridad en El Salvador. La decisión vuelve a poner bajo escrutinio la decisión de la Administración de recurrir a una ley de 1798 para deportar a personas señaladas como miembros de una organización criminal sin ofrecerles una audiencia previa.

El fallo fue emitido por el juez James E. Boasberg, del Distrito de Columbia, quien concluyó que los venezolanos deportados bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 fueron privados de sus derechos constitucionales. Según el magistrado, el Gobierno debe optar entre facilitar el regreso de los afectados a Estados Unidos, u ofrecerles audiencias que cumplan con los estándares del debido proceso, aun si estas se llevan a cabo en el extranjero.

La medida afecta directamente a 137 venezolanos que fueron enviados a la prisión de máxima seguridad CECOT, en El Salvador, tras una proclamación presidencial emitida de 15 de marzo. En total, más de 200 migrantes fueron trasladados a ese centro penitenciario, aunque no todos bajo la misma ley. Todos fueron devueltos a Venezuela en julio como parte de un intercambio de prisioneros negociado por Estados Unidos.

Trump invocó la ley —que fue diseñada para tiempos de guerra— para declarar a presuntos miembros del grupo criminal Tren de Aragua como “enemigos extranjeros”, y así poderlos detener y expulsarlos de manera acelerada. Funcionarios de su Administración describieron a los deportados como terroristas, pandilleros y criminales peligrosos; sin embargo, investigaciones posteriores revelaron que muchos de ellos no tenían registro de antecedentes penales ni en Estados Unidos ni en el extranjero.

En su resolución, Boasberg rechazó el argumento de que los tribunales estadounidenses perdieron jurisdicción una vez que los hombres fueron trasladados a El Salvador. Además, sostuvo que Estados Unidos mantuvo “custodia constructiva” sobre los detenidos, ya que el encarcelamiento se realizó a petición del Gobierno estadounidense y fue financiado, al menos en parte, con fondos de Washington. Debido a esto, afirmó, los detenidos debieron haber tenido la oportunidad de impugnar su designación como miembros de una organización criminal antes de ser expulsados.

“Incluso si la Ley de Enemigos Extranjeros fue invocada legalmente, los designados bajo esa norma deben contar con algún mecanismo para cuestionar su inclusión”, escribió el magistrado. “Aquí no recibieron ninguno”.

El juez reconoció el caso como una demanda colectiva, lo que permite que algunos de los deportados actúen en nombre de todos. Con ello, el fallo se extiende a todos los venezolanos enviados a la prisión de CECOT y les abre la posibilidad de impugnar su deportación.

El caso ha sido controversial desde sus inicios. El mismo día en que se realizaron los vuelos de deportación, Boasberg emitió una orden temporal para detenerlos y ordenó que los aviones regresaran a Estados Unidos. A pesar de ello, los vuelos continuaron y aterrizaron en El Salvador. Más adelante, el juez afirmó que había fundamentos suficientes para considerar a la Administración en desacato criminal, aunque un tribunal de apelaciones suspendió el proceso de forma temporal, hasta hace unas semanas.

Organizaciones de derechos humanos han denunciado que los venezolanos detenidos en el CECOT fueron víctimas de abusos graves, que incluyeron golpizas constantes, malos tratos y casos de abuso sexual. Un informe conjunto de Human Rights Watch y Cristosal concluyó que el encarcelamiento constituyó detención arbitraria y desaparición forzada, según leyes internacionales.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), que representa a los deportados, aplaudió la decisión del juez. Su abogado principal, Lee Gelernt, afirmó que el fallo deja claro que el Gobierno no puede “deshacerse” de personas enviándolas a prisiones extranjeras sin consecuencias legales. “El debido proceso no desaparece porque el Estado decida actuar con rapidez o en secreto”, señaló.

El Departamento de Seguridad Nacional no ha hecho comentarios sobre el fallo. La Administración Trump, por su parte, ha indicado que probablemente apelará la decisión.