La Administración Trump reduce la admisión de refugiados en Estados Unidos a mínimos históricos
La Casa Blanca restringe el programa de reasentamiento a solo 7.500 personas y otorga prioridad a los afrikáners blancos de Sudáfrica

El Gobierno de Donald Trump estableció un tope de apenas 7.500 refugiados para el año fiscal 2026, el límite más bajo en la historia del programa de admisión de refugiados de Estados Unidos. La medida representa una disminución considerable respecto a las 125.000 personas con este estatus que fueron autorizadas durante el último año de la Administración Biden, y concentra la mayoría de los cupos disponibles en los sudafricanos blancos de origen afrikáner.
La decisión fue anunciada este jueves mediante un aviso publicado en el Registro Federal. El memorándum no ofrece explicaciones al respecto, solo señala que la decisión está “justificada por razones humanitarias o responde al interés nacional”. Esta reducción se produce en un momento en que el desplazamiento forzado alcanza cifras preocupantes, con millones de personas huyendo de conflictos armados, persecución y crisis humanitarias en diversas regiones del mundo.
Desde su primer día de vuelta en la Casa Blanca, Trump firmó una orden ejecutiva que suspendió indefinidamente el Programa de Admisión de Refugiados. La orden aseguraba que el país había sido “inundado con niveles récord de migración” y que la entrada adicional de refugiados sería “perjudicial para los intereses” de la nación.
La suspensión entró en vigor el 27 de enero y dejó varadas a unas 10.000 personas que ya habían sido aprobadas para viajar a Estados Unidos, incluyendo intérpretes afganos que habían arriesgado sus vidas trabajando para el Gobierno y las fuerzas armadas estadounidenses. El 7 de febrero, una segunda orden ejecutiva abrió una excepción a la suspensión general, al otorgar prioridad a la admisión de afrikáners sudafricanos. El documento argumentó que estas personas enfrentan “discriminación racial injusta”. Asimismo, la Administración Trump alega que los agricultores blancos sudafricanos son víctimas de violencia sistemática y persecución estatal, algo que el Gobierno de Sudáfrica rechaza.
El 12 de mayo llegó el primer grupo de 59 afrikáners en un vuelo chárter pagado por el Gobierno de EE UU. Fueron recibidos por altos funcionarios, entre ellos el subsecretario de Estado, Christopher Landau, y el subsecretario de Seguridad Nacional, Troy Edgar, un protocolo inusual para el programa. En septiembre, el número de afrikáners admitidos llegó a 138. El proceso de admisión para estas personas fue notablemente rápido, tomando meses en lugar de años, como usualmente requiere el programa. Los afrikáners recibieron el estatus de refugiado P1, que les otorga acceso a beneficios gubernamentales y una vía hacia la ciudadanía.
Organizaciones humanitarias y defensores de los derechos de los refugiados han señalado que muchas personas que huyen de conflictos en Medio Oriente, África, América Latina y otras regiones enfrentan amenazas mucho más graves que la población afrikáner.
“Esta decisión deja dolorosamente claro que la Administración Trump valora más la política que la protección. Al privilegiar a los afrikáners y seguir prohibiendo la entrada a miles de refugiados que ya han sido investigados y aprobados, la Administración está politizando una vez más un programa humanitario”, señaló en un comunicado este jueves el presidente del Proyecto Internacional de Asistencia a los Refugiados (IRAP, por sus siglas en inglés), Sharif Aly. “Es atroz excluir a refugiados que han superado años de rigurosos controles de seguridad y que actualmente se encuentran atrapados en situaciones peligrosas y precarias”, agregó.
En la misma línea, en un comunicado, el Comité Internacional de Rescate (IRC) instó al Gobierno estadounidense “a que reevalúe y reconsidere esta decisión, especialmente a la luz de los niveles récord de desplazamiento global, con más de 42 millones de refugiados obligados a abandonar sus hogares por conflictos y persecuciones”. “Los niveles de reasentamiento de este año deberían ampliar la oferta de seguridad de Estados Unidos a los refugiados que se encuentran en mayor situación de riesgo, incluidos los más de 100.000 que han superado todos los controles y esperan pacientemente su turno” para llegar al país, añadió la organización.
Por otra parte, la suspensión del programa y los recortes presupuestarios amenazan con devastar la infraestructura de reasentamiento de refugiados en todo el país. Agencias que el año pasado ayudaron a reasentar a miles de personas han tenido que despedir a cientos de empleados y cerrar oficinas. La organización IRIS (Servicios Integrados para Refugiados e Inmigrantes), de New Haven, Connecticut, anunció en septiembre pasado que no participará en el programa federal de admisión de refugiados durante el año fiscal 2025-2026. Al comunicar su decisión, mencionaron sus preocupaciones sobre la priorización de afrikáners mientras se excluye a otros grupos vulnerables.
Además de suspender las admisiones, Trump ha minimizado los beneficios para los refugiados que han logrado llegar. La asistencia financiera inicial y la cobertura de salud se ha reducido de 12 a cuatro meses, dejando a muchas familias sin apoyo durante su etapa de integración.
El programa de refugiados de Estados Unidos comenzó en 1980 y siempre ha contado con el apoyo de ambos partidos. Durante su primer mandato, Trump redujo las cifras de refugiados desde 50.000 en 2017 hasta 15.000 en 2021. El demócrata Joe Biden elevó los números hasta 125.000 anuales, admitiendo a más de 100.000 personas en 2024, lo cual representó la cifra más alta en 30 años.
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