El Gobierno de Trump impone nuevas tarifas migratorias y multas fronterizas

La Administración de Donald Trump ha endurecido sus medidas migratorias. Esta semana ha anunciado dos nuevas tarifas que elevan los costos y sanciones para las personas que intenten ingresar a Estados Unidos sin autorización o soliciten residencia temporal (parole) por razones humanitarias.

En un video difundido el 15 de octubre desde la cuenta oficial de X de la Embajada de México en Estados Unidos, etiquetado como un “mensaje importante”, se advierte sobre la aplicación de una multa de 5.000 dólares a toda persona que cruce ilegalmente la frontera. “¡Respeta la ley! Si cruzas ilegalmente a Estados Unidos enfrentarás graves consecuencias”, afirma David Arizmendi, portavoz de la misión diplomática, en un mensaje acompañado por la etiqueta #NiLoIntentes, parte de la campaña del Gobierno estadounidense para disuadir la migración irregular.

En la grabación no se especifica cuándo entrará en vigor la nueva norma. Sin embargo, el anuncio se produce en un momento en el que los cruces irregulares a través de la frontera han alcanzado bajos históricos. Según datos a los que CBS News tuvo acceso, los cruces ilegales a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México en el año fiscal 2025, que acabó el pasado 30 de septiembre, se redujeron drásticamente hasta alcanzar el nivel anual más bajo desde principios de la década de 1970.

El aviso de la nueva multa coincide con la entrada en vigor, este jueves 16 de octubre, de una tarifa de 1.000 dólares para quienes soliciten o sean beneficiarios del parole humanitario, que permite la entrada temporal al país por razones urgentes humanitarias o de beneficio público significativo.

La medida fue publicada oficialmente en el Registro Federal por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés). El documento, firmado por la secretaria Kristi Noem, establece que la nueva tarifa se aplicará “a toda persona extranjera que sea admitida bajo la figura de parole”, salvo en 10 casos de excepción, entre ellos emergencias médicas, la inminente muerte de un familiar, funerales, menores en proceso de adopción con enfermedades graves o colaboración con el Gobierno estadounidense en investigaciones de seguridad o justicia.

El cobro forma parte de la implementación de la ley HR-1, también conocida como la “gran y hermosa” reforma fiscal de Trump, promulgada el pasado 4 de julio. Esta legislación amplía las tarifas migratorias tanto para quienes buscan ingresar legalmente como para los mecanismos de control fronterizo.

La tarifa del parole deberá pagarse en el momento en que el permiso sea otorgado, no al presentar la solicitud. El DHS precisó que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) serán responsables de recaudar el nuevo pago, según el tipo de trámite o punto de ingreso.

Otro golpe a miles de migrantes

El programa de parole humanitario fue una de las principales apuestas de la Administración de Joe Biden para canalizar de manera ordenada los flujos migratorios. Desde su implementación, esta opción permitió la entrada temporal y con autorización legal a más de 117.000 venezolanos, así como a 210.000 haitianos, 110.000 cubanos y 93.000 nicaragüenses.

Aunque el programa no otorga residencia permanente ni acceso directo a la ciudadanía, ofrece una alternativa segura frente a los cruces irregulares. La Administración Trump ha intentado eliminarlo y el Tribunal Supremo le ha dado la razón. Su fin dejaría a cientos de miles de personas ante dos únicas opciones: regresar a países marcados por la violencia, la crisis y la represión, o permanecer en Estados Unidos bajo el riesgo de deportación.