El desvío de agentes federales a las deportaciones lastra la lucha contra la trata de personas

Dos menores latinas, de 14 y 17 años, respectivamente, han sido liberadas de su explotador en el condado de Chester, en Pensilvania, según anunció este lunes la fiscalía general de ese Estado. Ramiro Caal Jolomna está acusado de delitos graves de trata de personas y servidumbre involuntaria y delitos relacionados. El fiscal general de Pensilvania, Dave Sunday, presentó cargos contra él por mantenerlas trabajando sin cobrar bajo la amenaza de deportarlas.

Se trata de un caso que sale a la luz entre muchos que quedan ocultos, según denuncian algunos expertos. La investigación de casos de tráfico y trata de personas ha perdido impulso porque la campaña de deportaciones del presidente Donald Trump ha absorbido recursos de otras agencias que antes se dedicaban a la lucha contra la explotación laboral y sexual de las víctimas. Desde que regresó a la Casa Blanca, la detención y deportación de migrantes indocumentados se convirtió en la prioridad número uno de muchas agencias que antes se dedicaban a la investigación de otros delitos.

Según datos obtenidos por el Instituto CATO, se han desviado 42.153 personas, incluidas 28.390 de agencias federales del orden público, para ayudar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). “Este traslado ha reducido significativamente la capacidad del Gobierno para abordar la actividad delictiva en Estados Unidos”, afirmó David J. Bier, director de Estudios de Inmigración, al presentar los datos.

En el Departamento de Estado, la Administración Trump recortó más del 70% de la plantilla de la oficina de la agencia para el monitoreo y combate de la trata de personas, responsable de liderar las iniciativas contra la trata en todo el Gobierno.

Los defensores de la lucha contra la trata denuncian que la retirada de personal amenaza con anular décadas de progreso en la lucha por prevenir la esclavitud sexual, el trabajo forzoso y la explotación sexual. Los menores y las mujeres son un blanco fácil para las redes de tráfico de personas, que se aprovechan de su vulnerabilidad cuando huyen de la violencia, explotación y pobreza de sus países de origen.

Según la investigación de trata en Pensilvania, realizada por la fiscalía y la Policía Estatal del Estado, las jóvenes contrajeron una “deuda” después de que Caal Jolomna las trajera al país. Las víctimas fueron expulsadas de la escuela y sometidas a largas jornadas laborales a cambio de muy poca o ninguna compensación.

La menor de 14 años fue traída a Pensilvania desde México y obligada a trabajar turnos de 16 horas, siete días a la semana, solo para que su sueldo fuera transferido a Caal Jolomna y su esposa. También la obligaban a realizar tareas domésticas, como limpiar la casa de su explotador.

En cuanto a la de 17 años, Caal Jolomna hizo de patrocinador para llevarla a Estados Unidos desde Guatemala y la mantenía en condiciones similares. La joven quería mantener a su padre enfermo y a otros familiares en su país de origen, pero después de que el detenido le quitara la mayor parte del salario, le quedaba muy poco dinero.

Un memorando presentado el 16 de septiembre por el congresista demócrata por Maryland Jamie Raskin revela que los drásticos recortes de la Administración Trump en el Departamento de Estado vaciaron la Oficina para el Monitoreo y la Lucha contra la Trata de Personas (TIP). El informe de Raskin apunta que “la mitad del personal policial federal que podría estar asignado a rastrear terroristas, traficantes de personas y otros delincuentes ahora ha sido asignado exclusivamente a la aplicación de leyes migratorias”. La TIP debe realizar un informe anual sobre la lucha contra la trata de personas. Debería haberse presentado el 30 de junio, pero aún no se ha hecho público.

Raskin denuncia que el Departamento de Justicia también ha cancelado cientos de subvenciones otorgadas a las fuerzas del orden estatales y locales para ayudar a prevenir, investigar y enjuiciar delitos violentos, así como a aquellas que ayudan a los supervivientes de violencia sexual y doméstica. Además, Trump ha cerrado agencias y oficinas cruciales que luchan contra el tráfico de personas, como la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), que recopilaba información crucial sobre las rutas y redes de trata emergentes.

Según los datos obtenidos por el Instituto CATO, el ICE está recibiendo asistencia de casi 17.000 agentes de otras agencias, incluyendo 14.500 agentes federales del sistema penal. Uno de cada cinco alguaciles federales, 650 de 3.892; uno de cada cinco agentes de la Agencia Federal de Investigaciones (FBI), 2.840 de 13.700; la mitad de los agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA), 2.181 de 4.620; más de dos tercios de la agencia de Alcohol, Tabaco, Armas y Explosivos (ATF), 1.778 de 2.572, y casi el 90% del personal de las Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), 6.198 de 7.100, se han traspasado para colaborar con el ICE, según CATO.

“En la ardua lucha contra la explotación sexual y la trata de personas, el desvío de recursos policiales seguramente tendrá consecuencias mortales”, dice el memorando demócrata. En 2023, el principal brazo de investigaciones del DHS, el HSI, rescató a 1.806 niños y arrestó a 4.214 sospechosos de delitos relacionados con la explotación sexual infantil. “Con el 90% de la agencia ahora asignada a la agenda de inmigración del presidente, estos esfuerzos prácticamente se han detenido, y el Gobierno se queda con pocos recursos para detener a los criminales que se dedican a la explotación infantil, la trata de personas y otros delitos más graves”, recoge.

El Gobierno de Trump niega las consecuencias de estos traslados. En declaraciones a The Guardian, la secretaria adjunta del DHS, Tricia McLaughlin, dijo que bajo la presidencia de Trump y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, Estados Unidos está “desmantelando las redes de tráfico sexual y salvando a los niños de la explotación y el abuso sexual”.

“La afinidad de Trump por los delincuentes sexuales”

Raskin sostiene lo contrario. El memorando de los congresistas demócratas en el comité judicial, que lleva por título “Epstein es la punta del iceberg: la Administración Trump está desmantelando la infraestructura contra la trata de personas y mimando a los traficantes de personas, depredadores sexuales y violadores”, denuncia que “la afinidad de Trump por los delincuentes sexuales es mucho más profunda que Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell”.

Hace referencia a la relación de amistad que tuvo el presidente con el pederasta millonario que se suicidó en su celda en 2019 en Manhattan y su cómplice, que cumple una condena de 20 años por conspiración y tráfico sexual de menores. El memorando menciona que varios altos funcionarios de su Administración, entre ellos el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., han sido acusados ​​de conducta inapropiada.

También se refiere a que el Gobierno facilitó el regreso del influencer misógino Andrew Tate y su hermano Tristan de Rumania, donde enfrentaban cargos por violación. Decenas de personas indultadas de los cargos relacionados con el 6 de enero también habían enfrentado cargos de trata y abuso sexual antes y después de la insurrección.