Un tribunal de apelaciones permite que el centro de detención Alligator Alcatraz siga operando

Un tribunal federal de apelaciones ha ordenado este jueves suspender la decisión de la jueza Kathleen Williams que ponía fin a las operaciones de Alligator Alcatraz, el controversial centro de detención para migrantes en los Everglades de Florida. El panel de tres jueces en Atlanta decidió por voto de 2-1 mantener en suspenso la orden de la letrada Williams mientras se resuelve la apelación, argumentando que es de interés público. Este nuevo fallo permite que la instalación, que fue construida apenas en una semana a finales de junio, continúe reteniendo migrantes por el momento.

El pasado 21 de agosto, la jueza emitió una orden judicial preliminar que disponía que las operaciones en la instalación debían cesar en un plazo de 60 días con la transferencia de los detenidos a otros centros y la desinstalación de equipos y cercas. Esa decisión fue el resultado de una demanda presentada por Friends of the Everglades, el Center for Biological Diversity y la tribu Miccosukee, quienes acusaron a los demandados estatales y federales de no cumplir con la ley federal que exige una revisión ambiental para construir en los humedales donde está ubicada la cárcel migratoria.

“Este es un golpe devastador para los Everglades de Estados Unidos y para cada criatura que vive allí, pero el caso está lejos de haber terminado”, dijo el jueves Elise Bennett, abogada principal del Center for Biological Diversity.

La administración del gobernador republicano Ron DeSantis inauguró en la primera semana de julio la instalación en una pista aérea aislada y rodeada de humedales para apoyar los esfuerzos del presidente Donald Trump de deportar a migrantes indocumentados actualmente en el país. La ubicación, en la remota región de los Everglades, estaba pensada como un elemento disuasorio contra fugas, dando lugar a su apodo en referencia a la famosa cárcel en la bahía de San Francisco. Ganó tanta atención que Trump visitó la cárcel el día de su apertura y sugirió que podría servir de modelo para futuros centros de detención en todo el país, en el marco de su plan de expandir la infraestructura necesaria para aumentar las deportaciones.

Tras el fallo de la jueza Williams en agosto, el gobernador DeSantis desmintió que el cierre de la instalación era inminente. “Dijimos que pelearíamos eso. Dijimos que la misión continuaría”, señaló. “Así que Alligator Alcatraz está, de hecho, como siempre hemos dicho, abierto”. Y esta semana, el Estado de Florida ya había comunicado en documentos judiciales que planeaba reanudar la admisión de detenidos si se concedía la suspensión. Ahora, el tribunal de apelaciones le ha dado la razón.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha calificado el fallo del jueves como “una victoria para el pueblo estadounidense, el estado de derecho y el sentido común”. “Esta demanda nunca tuvo que ver con los impactos ambientales de convertir un aeropuerto ya desarrollado en un centro de detención. Siempre se ha tratado y siempre se tratará de activistas de fronteras abiertas y jueces que intentan impedir que las fuerzas del orden expulsen a criminales peligrosos de nuestras comunidades, punto final”, declaró el DHS en un comunicado.

El Gobierno federal sostiene que no es responsable del centro de detención, ya que no ha gastado nada en su construcción u operación, aunque Florida ha dicho que busca obtener fondos federales para cubrir parte de su costo. Al mismo tiempo, Florida afirma que los estudios de impacto ambiental exigida por la ley federal no aplica a nivel estatal.

En el fallo de este jueves, la mayoría del panel de apelaciones aceptó en gran medida estos argumentos. Y pusieron énfasis en que Williams se equivocó al suponer que las declaraciones de funcionarios federales sobre reembolsar al Estado equivalían a una decisión final sobre el financiamiento de la instalación.