El duro plan migratorio de Trump podría destrozar el sistema alimentario estadounidense

Mientras el candidato presidencial republicano Donald Trump hace campaña para un segundo mandato en la Casa Blanca, el expresidente ha prometido en repetidas ocasiones que aprobará la mayor deportación de inmigrantes indocumentados en la historia de Estados Unidos. Es una amenaza audaz que, según los expertos jurídicos, se debe tomar en serio, a pesar de los importantes desafíos técnicos y logísticos que plantea el expulsar a 11 millones de personas de Estados Unidos.

Aunque solo tuviera un éxito relativo, el planteamiento de línea dura de Trump respecto a la inmigración —con su especial interés en la expulsión de inmigrantes que viven en Estados Unidos sin un estatus legal permanente— tiene el potencial de desarraigar innumerables comunidades y familias mediante redadas generalizadas y el internamiento de personas en centros de detención.

Economistas, grupos sindicales y defensores de los inmigrantes aducen que las deportaciones masivas también amenazarían la economía y perturbarían la cadena de distribución de alimentos de Estados Unidos, que depende de muchas maneras de la mano de obra inmigrante.

Las ramificaciones de una operación de expulsiones masivas serían “enormes”, teniendo en cuenta “la participación de los inmigrantes en nuestra fuerza laboral”, señala Amy Liebman, jefa de programas centrados en los trabajadores, el medio ambiente y el clima de la Red de Proveedores de Servicios de Salud para Migrantes (MCN, por sus siglas en inglés), una organización sin ánimo de lucro que aboga por la justicia sanitaria. La inmigración es una de las razones que explica el crecimiento de la fuerza laboral, afirma Liebman, “y luego hay que fijarse en los alimentos, y en las granjas”.

La posibilidad de que se produzcan perturbaciones relacionadas con las deportaciones llega en un momento en que el sistema alimentario de Estados Unidos ya se está viendo afectado por el cambio climático. Las condiciones meteorológicas extremas y los desastres climáticos están perturbando las cadenas de suministro, mientras que las tendencias de calentamiento a más largo plazo afectan a la productividad agrícola. Aunque la inflación se está enfriando, el aumento de los costes sigue siendo un problema para los consumidores de todo el país, y los economistas han descubierto que la mera previsión de condiciones meteorológicas extremas puede provocar un aumento de los precios de los alimentos.

Las deportaciones masivas podrían crear más caos, porque los inmigrantes representan un papel incalculable en el sistema alimentario estadounidense. Cada año, cientos de miles de personas, la inmensa mayoría procedentes de México, obtienen legalmente visados H-2A que les permiten entrar en Estados Unidos como trabajadores agrícolas temporeros y regresar a su país cuando termina la cosecha. Pero las personas que viven en Estados Unidos sin estatus legal también desempeñan un papel crucial en la economía del país: se calcula que, durante la pandemia, 5 millones de trabajadores esenciales no tenían papeles. Y el Centro para el Progreso Estadounidense (CAP, por sus siglas en inglés) ha hallado que casi 1,7 millones de indocumentados trabajan en algún eslabón de la cadena de distribución de alimentos de Estados Unidos.

Increíblemente, la mitad de esos inmigrantes se ganan la vida en restaurantes; en pleno apogeo de la pandemia de covid trabajaban en entornos cerrados, a menudo reducidos, en una época en la que la falta de ventilación podía ser mortal. Cientos de miles de personas se dedican también a la agricultura, bien trabajando en el campo o clasificando productos, así como a la producción de alimentos, manejando maquinaria o en mataderos.

El sector agrícola es solo uno de los muchos sectores que en los últimos años han experimentado escasez de mano de obra, lo que la Cámara de Comercio de Estados Unidos describe como una “crisis”. Esta escasez continuada hace que la propuesta de campaña de Trump de forzar un éxodo masivo de personas sin estatus legal sea una política inherentemente mala, afirma Liebman. “Una parte de mí piensa, ‘Abróchense los cinturones, gente, porque ¿quién va a lavar los platos en los restaurantes, quién narices va a procesar ese pollo? ¿Hola?”.

Los riesgos para la salud y la seguridad que los inmigrantes sin papeles asumen para mantener alimentados a los estadounidenses —tanto en tiempos de crisis como en cualquier otro momento— encuentran escasas protecciones legales y laborales. Un proyecto de ley presentado por el senador Alex Padilla, demócrata de California, para ofrecer a los trabajadores esenciales sin papeles una vía legal para conseguir la ciudadanía, murió en el comité en 2023. Padilla declaraba a Grist que seguirá luchando para “ampliar las protecciones para estos trabajadores esenciales, entre ellas una vía legal para obtener la ciudadanía”.

“Los trabajadores agrícolas soportan largas horas de trabajo físicamente exigente, y nunca faltan, aunque las condiciones meteorológicas sean extremas y ni siquiera durante una pandemia mundial, para mantener alimentado nuestro país”, añadía. “Merecen vivir con dignidad”.

Según Padilla, si esta fuerza de trabajo fuera deportada, sin tener en cuenta su aportación económica a la sociedad estadounidense ni valorar si realmente representan una amenaza para sus comunidades, sería desastroso.

“Los planes de Donald Trump de llevar a cabo deportaciones masivas como parte del Proyecto 2025 no solo son crueles, sino que también diezmarían el suministro de alimentos y la economía de nuestra nación”, afirmaba Padilla, refiriéndose a la hoja de ruta de la Fundación Heritage para una presidencia de Trump. (La campaña de Trump no respondió a una solicitud de comentarios).

Los granjeros, que en Estados Unidos dependen de muchas maneras de la mano de obra inmigrante (incluidos los trabajadores indocumentados y los titulares de visados temporales H-2A), aseguran que la persecución de los inmigrantes sin papeles básicamente frenaría en seco la actividad empresarial. En respuesta a las propuestas federales y estatales de exigir a los empresarios que comprueben la situación legal de sus trabajadores, la Federación de la Oficina Agrícola Estadounidense declara: “Una reforma de la inmigración basada únicamente en la aplicación de la ley paralizaría la producción agrícola en Estados Unidos”. La Oficina Agrícola, un grupo de defensa de los agricultores, declinó hacer comentarios sobre la propuesta de deportación masiva de Trump, pero en un cuestionario que el grupo entregó a ambos candidatos presidenciales afirmaba: “El trabajo agrícola es exigente, a menudo estacional y transitorio, y cada vez son menos los estadounidenses que crecen en una granja, por lo que resulta más difícil encontrar ciudadanos nativos que se sientan atraídos por este tipo de trabajos”.

Los pequeños agricultores están de acuerdo. David Toledo, un inmigrante mexicano-estadounidense de primera generación que trabaja en Illinois como agricultor urbano, opina que es difícil imaginar las consecuencias que las deportaciones masivas tendrían para el sistema alimentario del país, sobre todo porque cree que “muchos estadounidenses no quieren los trabajos” que muchos trabajadores indocumentados desempeñan actualmente por un salario muy bajo.

“Necesitamos gente que quiera trabajar en los campos y en las tierras de cultivo. [Los trabajadores agrícolas] se despiertan mucho antes que el sol debido al aumento de las temperaturas, y viven en condiciones horribles”, explicaba Toledo, y añadía que Estados Unidos debe recordar “que somos una comunidad y una sociedad de acogida. Tenemos que serlo, porque vamos a ver a mucha más gente desplazándose [a Estados Unidos] desde países de todo el mundo debido al cambio climático”.

Stephen Miller, el asesor que ha perfilado la intransigente política de inmigración de Trump, ha promovido las deportaciones masivas como una intervención en el mercado laboral que impulsará los salarios de los trabajadores nacidos en Estados Unidos. Pero los analistas señalan que otros programas anteriores destinados a restringir el flujo de trabajadores inmigrantes no lograron que subieran los salarios de los ciudadanos nacidos en el país. Por ejemplo, cuando Estados Unidos puso fin en 1965 al Programa Bracero, que permitió a medio millón de temporeros mexicano-estadounidenses trabajar en Estados Unidos, los salarios de los trabajadores agrícolas nacionales no aumentaron, según un análisis del Centro de Investigación de Política Económica. Además, un análisis reciente revelaba que un programa de deportaciones de la era de Bush y de Obama conocido como Comunidades Seguras —que expulsó de Estados Unidos a casi medio millón de inmigrantes indocumentados— provocó la eliminación de puestos de trabajo así como una reducción de los salarios de los trabajadores nacidos en el país. Una de las razones es que cuando se deportó a los inmigrantes indocumentados, muchos mandos intermedios que trabajaban con ellos también perdieron su empleo.

Subida de precios

Una perturbación de este tipo en la fuerza de trabajo dedicada a la agricultura podría provocar también un aumento de los precios de los alimentos. Si los granjeros pierden una gran parte de su mano de obra por culpa de las deportaciones masivas, es posible que no tengan suficiente personal para cosechar, evaluar y clasificar los cultivos antes de que se estropeen. La reducción de la oferta de alimentos podría impulsar al alza los precios en el supermercado.

Muchos expertos señalan que el mero intento de deportar a millones de inmigrantes perturbaría la economía del país en su conjunto. “Perder a millones de trabajadores no beneficiará a nuestra economía”, sentencia Debu Gandhi, director de política de inmigración del Centro para el Progreso Estadounidense, un grupo de expertos liberal. “No hay ninguna justificación económica para ello”.

Por ejemplo, las deportaciones masivas privarían a los gobiernos de ingresos fiscales esenciales. En un informe del Consejo Estadounidense de Inmigración se señalaba que la mayoría de los inmigrantes indocumentados —o tres cuartas partes— en Estados Unidos participaban en la fuerza laboral en 2022. Esto coincide con lo que otros analistas entienden por mano de obra indocumentada. “Los inmigrantes sin papeles, cuando llegan a Estados Unidos, tienen la intención de trabajar, ganar dinero y contribuir no solo al mantenimiento de sus familias, sino también al de los Gobiernos federal, estatal y local”, señalaba Marco Guzmán, analista político del Instituto de Política Fiscal y Económica (ITEP, por sus siglas en inglés). En un informe reciente coescrito por Guzmán se afirmaba que los inmigrantes indocumentados pagaron la friolera de 96.700 millones de dólares en impuestos federales, estatales y locales en 2022.

Es más, los grupos de defensa se preocupan por el impacto que la deportación masiva tendría en las familias. “¿Qué significa esto sobre el terreno?”, señala Liebman, quien se pregunta a quién se le encomendaría la tarea de ejecutar las deportaciones masivas, y si requeriría que los organismos policiales locales llevaran a cabo redadas en sus propios barrios y comunidades. Explica que la mayoría de las familias inmigrantes del país tienen “estatus mixto”, lo que significa que algunos miembros de la familia tienen documentación, mientras que otros, no. “¿Vamos a entrar en las casas de la gente y separar a las familias?”, pregunta.

La inmigración es competencia del Gobierno federal y, durante décadas, los líderes electos de todo el espectro político han fracasado a la hora de aprobar políticas que sirvan para mejorar el deficiente sistema de inmigración estadounidense. “Ha sido muy difícil encontrar soluciones para la reforma de la inmigración”, comentaba Gandhi, y remachaba: “Tenemos soluciones bipartidistas sobre la mesa. Pero no hemos sido capaces de sacarlas adelante”.

A falta de otras soluciones políticas —como abordar las causas profundas de la emigración a Estados Unidos desde otros países, incluido el cambio climático—, la retórica del todo o nada para “cerrar la frontera” se ha vuelto popular entre los conservadores. De hecho, un sondeo de Scripps News/Ipsos publicado el mes pasado revelaba que la mayoría de los votantes estadounidenses entrevistados apoyan las deportaciones masivas de inmigrantes sin estatus legal.

Los expertos han debatido la viabilidad de la promesa de Trump de llevar a cabo expulsiones masivas, señalando que las deportaciones durante el primer mandato de Trump fueron inferiores a las de su predecesor Barack Obama. (El Gobierno de Biden también ha aprobado un número considerablemente mayor de medidas coercitivas contra los inmigrantes que las llevadas a cabo durante el mandato de Trump). Aunque el equipo de campaña de Trump aún no ha aclarado los detalles concretos sobre cómo se ejecutaría y se aplicaría la propuesta, Paul Chávez, director de contenciosos de AI Justice (Estadounidenses a favor de la Justicia para los Inmigrantes), un bufete de abogados sin ánimo de lucro, se muestra muy escéptico sobre la probabilidad de que una medida así se sostenga en un tribunal federal.

“No puedo imaginar un programa de deportación masiva que no implique perfiles raciales tanto de los inmigrantes como de los que son percibidos como inmigrantes”, señalaba Chávez. Cualquier forma de perfil racial que se derivara de un proceso de aplicación de la ley de este tipo violaría la 14ª enmienda de la Constitución de Estados Unidos, también conocida como la Enmienda de la Protección Igualitaria, que prohíbe la discriminación contra cualquier persona, independientemente de cuál sea su estatus de ciudadanía, en función de su origen nacional. Una operación de deportaciones masivas daría lugar a la elaboración de perfiles de personas en todo el país y a un trato “discriminatorio basado en el origen nacional”, aseguraba Chávez, lo que desencadenaría todo tipo de demandas.

“Tengo la impresión de que sería poco práctico y además imposible de aplicar de una manera que no viole inevitablemente la Constitución”, afirmaba Chávez.

Pero, independientemente de que los tribunales ratifiquen o no las deportaciones masivas, la amenaza de redadas enviaría un mensaje enérgico a los trabajadores, según Antonio De Loera-Brust, organizador de Trabajadores Agrícolas Unidos, un sindicato de trabajadores agrícolas que representa a los trabajadores independientemente de su situación migratoria. Planteaba que la retórica antiinmigración de Trump está diseñada a propósito para tener un efecto disuasorio en los residentes estadounidenses sin estatus legal. “No se trata de expulsar millones, sino de asustarlos”, remacha De Loera-Brust.

Esta nota fue producida por Grist y copublicada y traducida por EL PAÍS.