Miles de ‘dreamers’ se juegan el seguro médico por una demanda republicana

Más de 100.000 dreamers carecen de seguro médico por no tener el estatus legal para acceder a los subsidios federales que lo harían posible. Sin ellos, el coste es demasiado alto y no se lo pueden permitir. El 1 de noviembre, cuatro días antes de las elecciones, entrará en vigor una nueva legislación que les permitirá conseguir cobertura médica a precios razonables, pero 15 Estados republicanos intentan impedirlo.

Una demanda liderada por el fiscal general de Kansas, Kris Kobach, interpuesta la semana pasada, pretende bloquear la medida de la Administración Biden porque, argumenta, es ilegal y atraería a más inmigrantes indocumentados. El razonamiento de que es ilegal se basa en interpretaciones de la legislación vigente, que concede el derecho de acceder a los subsidios a quienes están “legalmente presentes”. En cuanto al riesgo de que atraigan más inmigrantes indocumentados, el argumento es muy discutible, pues la nueva norma está dirigida exclusivamente a los dreamers, que llegaron a Estados Unidos cuando eran niños. Incluso si no fuera así, expertos en inmigración no creen esta que sea una motivación suficiente para arriesgar sus vidas al cruzar la frontera.

“Hay muchas razones por las que las personas dejan sus países: persecución, violencia, pobreza, corrupción… No creo que tener cobertura médica en Estados Unidos, y menos teniendo que pagar, porque no es gratis, sea una prioridad para dejar sus países”, sostiene Adriel Orozco, consejero senior de políticas federales del American Immigration Council, una organización dedicada a la defensa de los derechos de los migrantes.

El argumento utilizado por Kobach es el de que si algunos indocumentados obtienen beneficios en el país, otros van a querer venir para beneficiarse de algún modo en el futuro. “Los inmigrantes ilegales no deberían tener vía libre para ingresar a nuestro país. No deberían recibir beneficios de los contribuyentes cuando llegan, y la administración Biden-Harris no debería tener vía libre para violar la ley federal”, dijo al anunciar la demanda el jueves pasado. La iniciativa está firmada por los fiscales generales de Alabama, Idaho, Indiana, Iowa, Misuri, Montana, Nebraska, New Hampshire, Dakota del Norte, Ohio, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Tennessee y Virginia.

Se basan en una ley de 1996 por la que los inmigrantes indocumentados no son elegibles para recibir ayudas públicas. El programa que amplió la cobertura médica durante la presidencia de Barak Obama en 2012, la Ley de Atención Médica Asequible (ACA, por sus siglas en inglés), conocida como Obamacare, extendió los seguros médicos a quienes estén “legalmente presentes”. Ahora el presidente Biden ha incluido a los dreamers en esa definición.

Estos son los beneficiados por DACA, la política migratoria que les permite permanecer en Estados Unidos si nacieron después del 16 de junio de 1981 y llegaron al país de forma ilegal siendo menores de 16 años. Aunque tienen permiso para trabajar, carecen de un estatus de residencia legal o de una forma de conseguir la ciudadanía. Por lo tanto, tampoco pueden acceder a los subsidios federales que rebajan el costo de los seguros médicos que, sin ellos, son prácticamente inviables.

De los 580.000 beneficiarios de DACA, más de una cuarta parte no tiene cobertura de seguro médico. “Los inmigrantes indocumentados solo tienen acceso a cobertura de empleador o cobertura no subsidiada fuera de los mercados, lo cual es prohibitivamente caro para la mayoría”, recoge en su página web The Commonwealth Fund, una organización dedicada a la investigación en temas de salud. “Muchos de ellos tienen trabajos que no son de tiempo completo, o los empleadores no les ofrecen seguro médico y tendrán que pagarlo por sí solos. Sin la reforma no podrían permitírselo”, explica Orozco.

Según los datos de The Commonwealth Fund, un 65% de los adultos residentes en Estados Unidos nacidos en otro país no disponía de seguro médico o su seguro era deficiente por un periodo mínimo de un año, mientras que entre los nacidos en Estados Unidos el porcentaje cae al 48%.

Cuando Biden anunció la extensión de la cobertura médica para los dreamers el pasado mes de mayo, se refirió al esfuerzo de su Administración por reconocerles derechos que hasta ahora no han recibido. “No hemos acabado la lucha para su senda a la ciudadanía, pero mientras tanto les estamos dando oportunidades que merecen”, dijo. El presidente apuntó la necesidad de que el Congreso apruebe una legislación que les reconozca los derechos que durante años se les ha negado.

“El primer día de mi Administración envié un plan integral de reforma migratoria al Congreso para proteger a los dreamers y a sus familias. Solo el Congreso puede brindarles un estatus permanente y un camino hacia la ciudadanía. El Congreso debe actuar”, señaló. La nueva norma modifica la definición de inmigrantes “legalmente presentes” para permitir que los beneficiarios de DACA sean elegibles para cobertura de seguro a través de ACA.

Según las regulaciones actuales, los inmigrantes “legalmente presentes” pueden ser elegibles para cobertura a través de Medicaid y el Programa de Seguro Médico para Niños si cumplen con los criterios y completan un período de espera de cinco años después de obtener el estatus de residencia permanente. También pueden inscribirse en cobertura subsidiada a través de los mercados de ACA mientras se encuentran en el período de espera para Medicaid.

Varios Estados están utilizando fondos estatales para ampliar la cobertura a sus residentes indocumentados a través de Medicaid y sus mercados estatales. California y Oregón, por ejemplo, brindan ese seguro a todos los residentes que cumplen los requisitos económicos, independientemente de su estatus migratorio. Este año, Nueva York amplió la cobertura de Medicaid a inmigrantes indocumentados mayores de 65 años. Colorado y el Estado de Washington apoyan que inmigrantes indocumentados de bajos ingresos compren seguros a través de los mercados y Minnesota planea ampliar la cobertura a más inmigrantes indocumentados a través de su BHP (Programa Básico de Salud, por sus siglas en inglés) en 2025.

A nivel federal, si la demanda de los republicanos no sale adelante, los beneficiarios de DACA podrán solicitar cobertura a través de HealthCare.gov y los mercados estatales a partir del 1 de noviembre. Según datos aportados por la Casa Blanca, cuatro de cada cinco consumidores han encontrado un plan por menos de 10 dólares al mes, y millones de ellos ahorran un promedio de aproximadamente 800 dólares al año en sus primas.