Una orden de alejamiento contra una mujer que debió anularse acaba con ella en el calabozo siete años después

Raquel V. F. y su pareja José S. V. paseaban acaramelados en la madrugada del 25 de marzo de 2016 cerca del aparcamiento de la Ciudad Deportiva de Calatayud. Una dotación policial les dio el alto y les pidió el DNI. Un agente consultó la base de datos y vio que tenían prohibido estar juntos. El agente se dirigió a ella: "Tiene que acompañarnos, queda usted detenida por quebrantar la orden de alejamiento de su pareja". Su pareja era José, su acompañante. En los ordenadores se decía que ella no podía acercarse a él a menos de 200 metros.

Raquel protestó. Y se encorajinó con los agentes cu...

Raquel V. F. y su pareja José S. V. paseaban acaramelados en la madrugada del 25 de marzo de 2016 cerca del aparcamiento de la Ciudad Deportiva de Calatayud. Una dotación policial les dio el alto y les pidió el DNI. Un agente consultó la base de datos y vio que tenían prohibido estar juntos. El agente se dirigió a ella: "Tiene que acompañarnos, queda usted detenida por quebrantar la orden de alejamiento de su pareja". Su pareja era José, su acompañante. En los ordenadores se decía que ella no podía acercarse a él a menos de 200 metros.

Raquel protestó. Y se encorajinó con los agentes cuando se la llevaban. También se enfadó con la policía su pareja, el beneficiario de la orden. Supuestamente, José había denunciado a Raquel años antes por amenazas graves y el juzgado número 2 de Calatayud decidió dictar una orden de alejamiento contra ella. Pero un año después, en 2009, fue el juicio, y el juzgado la absolvió después de que su pareja retirase la denuncia y la Fiscalía desistiese de actuar contra ella. Eso alegó Raquel a la policía esa noche, y lo mismo hizo su pareja, sin éxito. 

En los ordenadores policiales se decía que Raquel no podía acercarse a su pareja a menos de 200 metros

Los agentes la escucharon, pero no desistieron. En el ordenador se decía que ella tenía prohibido acercarse a él. Y la medida estaba vigente. Era viernes de madrugada. La subieron al vehículo policial y la mujer acabó en los calabozos. Los juzgados estaban cerrados hasta el lunes, salvo urgencias, pero su caso no lo era.  

Un abogado de la pareja, Gregorio Entrena, del turno de oficio, se presentó el domingo en la comisaría y alegó que la detención de Raquel debía ser un error. Ya que la orden de alejamiento había sido revocada judicialmente ocho años antes, tras la sentencia absolutoria dictada el 15 de octubre de 2009. Pero en el ordenador seguía vigente y los agentes la mantuvieron retenida. El lunes entró de guardia el Juzgado de Instrucción 1 de Calatayud, que tomó declaración a Raquel y la dejó en libertad provisional a "disposición del juzgado". Y el juez le abrió diligencias urgentes por quebrantar una medida de alejamiento impuesta por su colega.

El abogado insistió al juez de guardia en que enviase un exhorto al juzgado 1, que físicamente estaba al lado. Lo hizo y, efectivamente, se trataba de un error judicial. Pero hasta que se aclaró el asunto Raquel estuvo encausada 20 días por ese quebrantamiento. El juez que dictó la medida olvidó cancelar el alejamiento y comunicarlo a la policía, y tampoco pensó que años después triunfaría el amor entre ambos.

La policía subió a Raquel al vehículo policial y acabó dos noches en el calabozo. Era fin de semana y no podían llevarla ante el juez

La pareja ha presentado una demanda ante el Ministerio de Justicia por la perturbación policial que sufrieron aquella noche mientras paseaban por las afueras de este municipio aragonés de 20.000 habitantes. Ella reclama 12.000 euros y él 3.000. La orden de alejamiento llevaba vigente ocho años en los ordenadores policiales sin que nadie la hubiese retirado.

En su demanda ante el Ministerio de Justicia, Raquel alega que el error le ha ocasionado los siguientes daños: "La innecesaria vigencia policial de esa medida entre 2008 y 2016", "ser perturbada por la policía cuando paseaba con el beneficiario de la orden", "haber estado dos noches efectivas en los calabozos policiales, con sus dos días" y "estar sometida a un procedimiento penal durante 20 días". José S. V., su pareja, en la misma demanda que ella, aduce haber sufrido "un daño moral al verse perturbado en su paseo con la reclamante, y tener que ir al juzgado a declarar como testigo, lo que le impidió ir al trabajo ese día".

El juez que dictó el alejamiento  olvidó cancelar la medida y comunicarlo a la policía

Justicia ha pasado el asunto al Consejo General del Poder Judicial y al Consejo de Estado para que opinen antes de decidir si se indemniza o no. El Poder Judicial ha dado la razón a la pareja. Subraya que la orden de alejamiento fue dictada el 5 de agosto de 2008 y no se canceló hasta 2016, y señala: "En el presente supuesto nos encontramos ante un defectuoso cumplimiento de la obligación de acordar la baja de la orden de alejamiento que había quedado sin efecto”. El juzgado declinó pronunciarse sobre este error.

Después de los avatares sufridos por la pareja y a la espera de una respuesta del ministerio, José destaca en su Facebook que se halla "comprometido con Raquel", y ella, en el suyo, exhibe fotos de ambos besándose. Este periódico ha intentado sin éxito recabar la versión de la pareja.