El Gobierno justifica con la ‘ley mordaza’ las multas de 6.000 euros a antitaurinos de Castellón
Los hechos tuvieron lugar en 2015 en el toro embolado de Olocau del Rei en Castellón
El Gobierno ha informado de que las multas de 6.000 euros impuestas a los más de 30 ciudadanos que se manifestaron contra el toro embolado de Olocau del Rei (Castellón) en 2015 quedan “justificadas” por la aplicación de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, más conocida como ley mordaza.
El senador de Compromís Carles Mulet preguntó al Ejecutivo en septiembre de 2016 sobre estas sanciones tan elevadas,"simplemente por manifestarse contra el maltrato animal", y preguntaba si “...
El Gobierno ha informado de que las multas de 6.000 euros impuestas a los más de 30 ciudadanos que se manifestaron contra el toro embolado de Olocau del Rei (Castellón) en 2015 quedan “justificadas” por la aplicación de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, más conocida como ley mordaza.
El senador de Compromís Carles Mulet preguntó al Ejecutivo en septiembre de 2016 sobre estas sanciones tan elevadas,"simplemente por manifestarse contra el maltrato animal", y preguntaba si “pretendían callar las críticas” ante estos hechos de tortura, “a base de multas”.
El Gobierno justifica que las conductas multadas se encuentran tipificadas en los artículos 36.1 y 37.1 de la citada ley, que hacen referencia a “la perturbación de la seguridad ciudadana en actos públicos, espectáculos deportivos o culturales, solemnidades y oficios religiosos u otras reuniones a las que asistan numerosas personas, cuando no sean constitutivas de infracción penal” y a “la celebración de reuniones en lugares de tránsito público o de manifestaciones, incumpliendo lo preceptuado en los artículos 4.2, 8, 9, 10 y 11 de la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, cuya responsabilidad corresponderá a los organizadores o promotores”. Estos últimos artículos hacen referencia al “buen orden de las reuniones y manifestaciones” y a los formalismos para petición de permisos de manifestaciones.
En el texto, Mulet denunciaba que estos hechos eran “un nuevo intento de emplear la llamada ley mordaza para acallar el activismo y la disidencia de opiniones sobre lo que al Partido Popular le parece una tradición digna de conservación, apoyo y subsidio”. El responsable también catalogaba de “estrambótica” la cantidad de 210.000 euros —resultado de la suma de todas las sanciones— “por el mero hecho de mostrar una disconformidad con el maltrato hacia los animales en festejos públicos”.