PSOE e IU piden que el Congreso investigue a Pujalte
Creen que hizo un "uso indebido de su condición de diputado" al cobrar de una constructora
El Grupo Socialista presentará mañana en la Mesa del Congreso de los Diputados una propuesta de investigación del diputado del PP Vicente Martínez- Pujalte en la Comisión del Estatuto de los Diputados de la Cámara Baja. Los socialistas entienden que Pujalte hizo un “uso interesado o indebido” de su condición de parlamentario al haber cobrado 5.000 euros mensuales por asesorar verbalmente a la empresa constructora Collosa, como publicó EL PAÍS. La Izquierda Plural ha registrado también hoy la petición...
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El Grupo Socialista presentará mañana en la Mesa del Congreso de los Diputados una propuesta de investigación del diputado del PP Vicente Martínez- Pujalte en la Comisión del Estatuto de los Diputados de la Cámara Baja. Los socialistas entienden que Pujalte hizo un “uso interesado o indebido” de su condición de parlamentario al haber cobrado 5.000 euros mensuales por asesorar verbalmente a la empresa constructora Collosa, como publicó EL PAÍS. La Izquierda Plural ha registrado también hoy la petición de que el Congreso investigue a Pujalte.
Los socialistas señalan en su escrito que Pujalte fue contratado por la constructora “en consideración a su condición de diputado informado”, tal y como reconoció el directivo que le contrató. Mario Armero, exconsejero delegado de Collosa, defendió así el fichaje de Pujalte en 2008: “Un diputado informado sabe más de microeconomía que muchos consultores”, explicó a este diario el directivo. El Reglamento del Congreso establece que los diputados “no podrán invocar o hacer uso de su condición de parlamentarios para el ejercicio de actividad mercantil, industrial o profesional".
Por otro lado, el Grupo Socialista señala que la autorización que Pujalte recibió de la Cámara para realizar actividades privadas como economista en 2009 excluía expresamente las comprendidas en el artículo 159.2 de la Ley de Régimen Electoral (LOREG), esto es, el desempeño de puestos o cargos en empresas que se dediquen a obra pública y concesiones administrativas y entre cuyos ingresos se encuentren fondos públicos. La constructora Collosa, especializada en obra pública, renovables, concesiones y edificación, facturó 134,4 millones a la Junta de Castilla y León entre 2006 y 2007. Uniones de empresas en las que participó facturaron otros 304,2 millones a la Junta en ese periodo.
Tanto PSOE como IU invocan en sus escritos para pedir que la Comisión del Estatuto de los Diputados estudie este caso un acuerdo de la Mesa del Congreso de 1990, según el cual esta comisión quedó facultada para investigar asuntos de interés público relacionados con el tráfico de influencias. Esto es, vienen a sugerir que el caso del diputado del PP podría encuadrarse en un supuesto de tráfico de influencias.