Jueces y fiscales reclaman reducir el número de aforados
El Poder Judicial y el Consejo Fiscal remitirán sendos informes al Gobierno pidiendo limitar la protección especial a políticos
El Consejo General del Poder Judicial y el Consejo Fiscal plantearán al Gobierno en los próximos días —a través de sendos informes sobre la futura ley del Poder Judicial— que impulse medidas para reducir el número de aforados que hay en España.
Cerca de 10.000 personas sólo pueden ser juzgadas en España por tribunales superiores de Justicia autonómicos, cuyos principales altos cargos son elegidos a propuesta del Consejo del Poder Judicial, elegido a propuesta de los principales partidos políticos, o por ...
El Consejo General del Poder Judicial y el Consejo Fiscal plantearán al Gobierno en los próximos días —a través de sendos informes sobre la futura ley del Poder Judicial— que impulse medidas para reducir el número de aforados que hay en España.
Cerca de 10.000 personas sólo pueden ser juzgadas en España por tribunales superiores de Justicia autonómicos, cuyos principales altos cargos son elegidos a propuesta del Consejo del Poder Judicial, elegido a propuesta de los principales partidos políticos, o por el Tribunal Supremo, cuyos magistrados obtuvieron la plaza por decisión del Consejo del Poder Judicial.
La lista de aforados alcanza a los 5.171 jueces, a los 2.407 fiscales, y a prácticamente toda la clase política que ocupa escaños en el Congreso, el Senado o los parlamentos autonómicos.
El artículo 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, vigente en la actualidad, señala la relación de aforados en el Tribunal Supremo: “Presidente del Gobierno, presidentes del Congreso y del Senado, presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, presidente del Tribunal Constitucional, miembros del Gobierno, diputados y senadores, vocales del Consejo General del Poder Judicial, magistrados del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, presidentes de la Audiencia Nacional y de cualquiera de sus Salas y de los Tribunales Superiores de Justicia, fiscal general del Estado, fiscales de Sala del Tribunal Supremo, presidente y consejeros del Tribunal de Cuentas, presidente y consejeros del Consejo de Estado, Defensor del Pueblo y presidente y consejeros de una Comunidad Autónoma, cuando así lo determine su Estatuto de autonomía”.