Los progresistas del Consejo dirán un ‘no’ rotundo a la reforma de Gallardón
La norma que proyecta el ministro de Justicia permite amordazar a los medios de comunicación a través del Poder Judicial
La reforma legal con la que el ministro Alberto Ruiz-Gallardón pretende poner patas arriba a toda la justicia española (blindando al Príncipe como aforado, restando protagonismo a los jueces estrella, amordazando a los medios de comunicación que el Consejo del Poder Judicial interprete que inquietan a los jueces y, además, creando tribunales judiciales de instancia) se va a encontrar con un primer no en el camino hacia su apro...
La reforma legal con la que el ministro Alberto Ruiz-Gallardón pretende poner patas arriba a toda la justicia española (blindando al Príncipe como aforado, restando protagonismo a los jueces estrella, amordazando a los medios de comunicación que el Consejo del Poder Judicial interprete que inquietan a los jueces y, además, creando tribunales judiciales de instancia) se va a encontrar con un primer no en el camino hacia su aprobación final. El bloque progresista del Consejo ni siquiera va a perder el tiempo matizándola: quiere que esa reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial sea retirada íntegramente. Y así lo votará en su momento en el pleno. Y avanza que si sus colegas conservadores tiran del rodillo de su mayoría absoluta para avalarla (el Consejo tiene que informar sobre ella y remitir sus conclusiones, no vinculantes, al Gobierno), presentarán una cascada de votos particulares.
Para informar de esta ley, a diferencia de lo ocurrido con la de Seguridad Ciudadana y la del aborto, el Consejo ha variado su proceder. En esta ocasión, el informe lo hará la Comisión Permanente, que controla Lesmes. Y luego será debatido por el resto de vocales. Aparte de incluir entre los aforados al Príncipe y a su esposa y eliminar el fuero a numerosos políticos, la reforma de Ruiz-Gallardón contiene un aspecto, resaltan fuentes judiciales, de “un enorme calado” para la libertad de prensa. Se incorpora la posibilidad de que el amparo que el Consejo concede a un juez que lo solicite incluya una orden para que cese la conducta perturbadora y abre la posibilidad de acusar a un medio de comunicación de un delito contra la Administración de Justicia. Fuentes del Consejo señalan que esta medida está orientada "a los políticos" que entorpecen la actividad judicial con declaraciones inadecuadas. “Es una ley mordaza en toda regla”, advierten fuentes judiciales. "Una vez aprobada, vale para todos", añaden.
Ya intentó Ruiz-Gallardón implantar una norma que también fue muy criticada y que otorgaba poder a los jueces para acallar a un medio si este, por ejemplo, desvelaba investigaciones secretas. La reacción en la calle fue tal que decidió aparcarla. "Ahora, por la puerta de atrás, la de la figura del amparo en el Consejo, vuelve a intentarlo", denuncian las citadas fuentes judiciales.