La interpretación “razonable” de una ley electoral “injusta”
Los partidos extraparlamentarios siguen criticando la exigencia de avales La modificación de la ley pretende "limitar la participación de la ciudadanía en política", dice Equo
Los minoritarios se temían algo peor. Tras la modificación de la ley electoral, que ahora exige a las formaciones sin representación parlamentaria que avalen sus candidaturas con firmas, los partidos aguardaban conocer las condiciones detalladas. La Junta Electoral Central las ha hecho públicas hoy, ocho meses después de la aprobación de la norma modificada. Los criterios (0,1% de apoyos del censo de la circunscripción sin necesidad de adjuntar fotocopia del DNI, va...
Los minoritarios se temían algo peor. Tras la modificación de la ley electoral, que ahora exige a las formaciones sin representación parlamentaria que avalen sus candidaturas con firmas, los partidos aguardaban conocer las condiciones detalladas. La Junta Electoral Central las ha hecho públicas hoy, ocho meses después de la aprobación de la norma modificada. Los criterios (0,1% de apoyos del censo de la circunscripción sin necesidad de adjuntar fotocopia del DNI, validez de la firma electrónica...) les resultan "razonables", aunque la exigencia de avales para presentarse a las elecciones les sigue pareciendo injusta.
El objetivo de la ley electoral es "limitar la participación de la ciudadanía en política", dice Equo
"La Junta ha hecho una interpretación razonable de una norma injusta cuyo objetivo es limitar la participación de la ciudadanía en política", ha comentado Equo. "Nos ha sorprendido gratamente. Dentro de lo que cabe son requisitos razonables", se suma Pirates de Catalunya, el partido impulsor de la web de recogida de firmas Yo Avalo. "Pero el requisito sigue siendo injusto. La Constitución establece el derecho a la participación política en igualdad de condiciones", comentan.
Los minoritarios temían tener que validar los avales ante un notario. "No nos importa salir a la calle a recoger firmas y creemos que conseguiremos el objetivo, siempre y cuando el proceso sea simple. Lo preocupante es la validación. ¿Tiene que hacerla la Administración? Si tuviéramos que hacerla nosotros y pagar a un notario para ello supondría un coste inasumible. Según algunos cálculos podría alcanzar los 300.000 euros”, comentaba hace unas semanas Juan López de Uralde, portavoz de Equo.