El Supremo anula por tercera vez el traspaso del Guadalquivir
El alto tribunal vuelve a rechazar la transferencia del río, declarada inconstitucional
El Tribunal Supremo ha resuelto el tercer y, en principio, último recurso presentado contra el decreto de 2008 que permitió la transferencia de las competencias sobre el Guadalquivir a la Junta de Andalucía. Y el alto tribunal vuelve a anular este decreto, ya que el artículo del Estatuto de Autonomía de Andalucía que amparaba el traspaso ha sido declarado inconstitucional.
El Supremo primero resolvió el recurso de Extremadura, por don...
El Tribunal Supremo ha resuelto el tercer y, en principio, último recurso presentado contra el decreto de 2008 que permitió la transferencia de las competencias sobre el Guadalquivir a la Junta de Andalucía. Y el alto tribunal vuelve a anular este decreto, ya que el artículo del Estatuto de Autonomía de Andalucía que amparaba el traspaso ha sido declarado inconstitucional.
El Supremo primero resolvió el recurso de Extremadura, por donde también transcurre la cuenca del Guadalquivir, y luego el de Castilla-La Mancha, en la misma situación que su comunidad vecina. Faltaba por resolver el presentado por el ingeniero de Caminos Francisco Javier Flores Montoya. En esta última sentencia de la sección tercera de la sala de lo contencioso administrativo, fechada el 14 de julio, se vuelve a declarar "nulo" el decreto.
El razonamiento empleado por los magistrados es similar al empleado en las otras de dos sentencias. La única diferencia es que el Supremo reconoce que el traspaso puede afectar a los ingenieros de Caminos, ya que el traspaso del Gobierno central a la Junta "puede incidir de alguna manera a sus expectativas profesionales, en la medida que se eliminan ciertas plazas reservadas al referido cuerpo de ingenieros".
En este momento, Andalucía sigue manteniendo la gestión de las políticas hidráulicas de las aguas de la cuenca que transcurren por la comunidad gracias a una encomienda cerrada tras el primer fallo del Constitucional. A través de ese convenio de encomienda el Gobierno central recuperó las competencias, aunque siguió cedió la gestión a la Junta. Pero esa encomienda tiene fecha de caducidad. En octubre las dos administraciones tendrán que tener lista la solución legal definitiva para la gestión del río.