Videoanálisis | ¿Pensiones exorbitantes o derechos adquiridos?
Sheinbaum va por las pensiones millonarias. Los derechos, sobre todo cuando se trata de los de unos pocos, no pueden ser infinitos cuando los recursos tampoco lo son
Mientras un trabajador mexicano jubilado recibe, en promedio, 7.000 pesos mensuales, hay exfuncionarios del Estado que, cada mes, ven caer en su cuenta hasta un millón de pesos. Un millón de pesos. Cada mes.
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Mientras un trabajador mexicano jubilado recibe, en promedio, 7.000 pesos mensuales, hay exfuncionarios del Estado que, cada mes, ven caer en su cuenta hasta un millón de pesos. Un millón de pesos. Cada mes.
Mientras la mayoría de los jubilados hacen malabares con 7.000 pesos mensuales, hay miles cuyo punto de partida es 140 veces esa cantidad.
Lo que sabemos es que las pensiones anuales de la extinta Luz y Fuerza del Centro y de Petróleos Mexicanos representan 53.000 millones de pesos al año y alcanzan para cubrir a 36.000 personas. Si ese mismo monto se destinara a pagar la pensión promedio nacional, alcanzaría para cubrir anualmente a 630.000 personas.
Son 36.000 personas frente a 630.000. De ese tamaño es la asimetría.
Ante ese monumento a la desigualdad, la presidenta anunció que enviará una reforma constitucional. La idea es que ninguna pensión de mandos de confianza en organismos descentralizados, empresas públicas, fideicomisos públicos o banca de desarrollo pueda rebasar la mitad de lo que gana la propia presidenta, es decir, que ninguna pensión pueda rebasar los 70.000 pesos mensuales.
Según Sheinbaum, la reforma generará un ahorro cercano a 5.000 millones de pesos al año y se destinará a programas sociales. Esa cantidad alcanzará para pagar 60.000 pensiones del bienestar al año.
A lo que ustedes replicarán: ¿alguien puede pensar en los derechos adquiridos?
La teoría de los derechos adquiridos sostiene que cuando un derecho se ha vuelto parte de nuestro patrimonio, el Estado no puede venir a quitárnoslo retroactivamente.
Pero los derechos adquiridos no son absolutos. Menos cuando se trata de dinero público. En el constitucionalismo moderno hay una conversación abierta sobre la posibilidad del Estado de revisar los derechos adquiridos con base en criterios de proporcionalidad, sostenibilidad financiera y equidad distributiva.
Además, después de la reforma del 2024 en materia de supremacía constitucional, las reformas de nuestra Carta Magna quedaron fuera del alcance de la Corte y del juicio de amparo.
En el fondo, el dilema es más ético que técnico: ¿debe protegerse toda situación jurídica consolidada, incluso cuando resulta abiertamente desproporcionada frente a la realidad de millones?
Los derechos, sobre todo cuando se trata de los de unos pocos, no pueden ser infinitos cuando los recursos tampoco lo son.