Rafael Gual, director de Canifarma: “El desabasto de medicamentos le explotará al próximo Gobierno”

A diferencia de muchos voceros del empresariado mexicano, Rafael Gual Cosío (Ciudad de México, 64 años) no se corta al hablar del legado que deja la actual Administración. Quizás esto es porque el sector que le compete es el de salud, uno de los más golpeados bajo el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Argumentando que existía corrupción, el mandatario arrancó su Gobierno con un radical rediseño en la compra de medicinas en el sistema público en 2019, y, desde entonces, ha cambiado de parecer siete veces.

Esto generó que el abasto de medicamentos pasara de 98% al 70%, asegura Gual, que recibe a EL PAÍS en su oficina en la Ciudad de México. Ingeniero químico de profesión, Gual Cosío lleva 42 años trabajando en la industria, 15 de ellos como director de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (Canifarma). “Es un desabasto que ellos generaron”, dice, “es una condición muy seria”.

La Canifarma tiene 170 empresas afiliadas que conforman el 87% del mercado nacional tanto de medicamentos para humanos y animales, así como de dispositivos médicos. Bajo esta Administración, la industria farmacéutica ha sido blanco de ataques, acusaciones de corrupción y trabas en el suministro al sistema público.

Pregunta. ¿Cómo deja a la industria farmacéutica esta Administración federal?

Respuesta. Ha habido una falta importante de diálogo desde el principio de esta Administración, lo que ha gravitado en tener muchos problemas en cuanto a la disponibilidad de medicamentos. Esto no es ninguna noticia, lo hemos visto en todo el sexenio. Han cambiado siete veces la forma de adquirir medicamentos. Siete diferentes intentos de resolver un desabasto que ellos generaron. Antes de esta Administración, teníamos abastos de 98%, y el promedio en este sexenio ha sido 70%. Es decir, un desabasto importante. Más allá de ello, el Gobierno nos debe a la industria farmacéutica cerca de 10.000 millones de pesos, de los cuales 6.500 corresponden al Insabi, organismo que ya desapareció, por lo que es una deuda más preocupante que también afecta el abasto. Una empresa nacional, pequeña, a la que no le pagan ni el capital de trabajo, acabará por desaparecer. Por su parte, lo que ocurre con una empresa internacional que no depende exclusivamente del mercado mexicano, es que se agota el crédito que tiene México como país para esa empresa y también se provoca un desabasto de los productos de esa empresa. Es una condición muy seria. Una condición que, de no resolverse, va a explotarle al siguiente Gobierno.

P. López Obrador justificó los cambios en el sistema de compras diciendo que se hacía con corrupción y, en efecto, hubo empresas señaladas en los Panama Papers que así lo sugerían.

R. Hay que diferenciar muy bien porque se trata de dos cosas totalmente diferentes. En los Panamá Papers había dos empresas distribuidoras, no farmacéuticas, no laboratorios farmacéuticos involucrados. Eran distribuidores del mercado privado. Lo que se dijo al principio de este sexenio fue que había corrupción en los distribuidores del sector público, que no es lo mismo que la industria farmacéutica. La industria no tiene distribuidoras. Es un eslabón totalmente diferente a la farmacéutica. Esas empresas no nada más eran distribuidores, cumplían otras funciones porque consolidaban la demanda de varios proveedores, demandas enormes y ellos sí aguantaban que el Gobierno les diera 60, 90 y 120 vueltas, mientras que a la industria sí le pagaban. Entonces, era como un amortiguador de pago entre el Gobierno y la industria. Esas eran las funciones importantes de esos distribuidores que fueron satanizados, que fueron vetados, acusadas de concentración. Finalmente, no se inició ningún proceso en contra de ellos. Esta corrupción que se dice que hubo entre comillas, pues no hay tal, o sea, no pudieron demostrar absolutamente nada.

P. Si no hay pruebas de corrupción, ¿por qué este Gobierno se lanzó contra la industria?

R. Habría que preguntarle a él [al presidente López Obrador]. No tengo la respuesta. Quizás porque se suponía que estos distribuidores tenían grandes ganancias y el Gobierno dijo ´'yo voy a distribuir, si distribuyo papitas y refrescos, ¿por qué no voy a poder hacerlo?’ Y obviamente no es así. Es un tema de alta especialidad en el mundo entero. Esta concentración a la que hizo referencia y que era sinónimo de corrupción, se da en todo el mundo. En Estados Unidos hay cuatro distribuidores, en Alemania cinco, en España ocho. Así funciona porque es una función altamente especializada. El que hubiera 10 distribuidores no es un monopolio y no es sinónimo de corrupción. Con esa mala idea, con esa ignorancia, pues decidieron hacerse cargo de la distribución y la fabricación y fue un desastre. La primera licitación que organizó la oficialía mayor, que no tenía idea de lo que hacía, después de que el Seguro Social tenía años llevando a cabo la licitación, tuvo 64% de ofertas que no fueron atendidas en su momento y que provocaron compras directas. Y ahí sí que hay corrupción, porque es lo menos transparente.

P. En este sexenio se han conocido historias de niños con cáncer sin tratamientos, de personas con enfermedades mentales sin medicamentos especializados y hasta de una heparina contaminada que mató varias personas en un hospital de la paraestatal petrolera. Pero ¿sabemos cuál ha sido el impacto económico del desabasto?

R. Ese es uno de los grandes temas. Cuando se trata de salud, no es gasto, es inversión porque cada dólar tiene como retorno cuatro dólares medido en la productividad de las personas en el mercado laboral. Una persona enferma difícilmente va a tener la capacidad de generar lo que tiene que generar porque simplemente no puede hacerlo. Tiene un impacto económico enorme y es uno de los más grandes problemas de este país. El Gobierno de México invierte en salud solo 2,7% del PIB, cuando la media de la OCDE es de 8% y Estados Unidos, invierte 21%. En América Latina hay países que invierten 6% y 7% del PIB en salud. En México, el gasto de bolsillo aumentó 42% en el último año, de acuerdo a lo que publica Coneval. Eso es lo que estamos viviendo. Ese es un lado del impacto económico: la gente tiene que financiar de su bolsillo lo que el Gobierno no le da.

P. ¿Qué opina de la megafarmacia?

R. No hay ningún país que centralice los medicamentos en un almacén y hay muchas razones. Los medicamentos tienen caducidad, por lo que tienen que estar en los hospitales, en las farmacias, no en un almacén. Logísticamente, eso es una barbaridad. ¿Cómo vas a sacar de ahí las medicinas para mandarlas a Chiapas, a Oaxaca? Los medicamentos funcionan a través de centros de distribución. Ponerlo todo en un solo almacén, es decir, concentrarlo, para después distribuirlo es ilógico.

P. ¿Cuál es el sentir que le deja esta Administración que ya va de salida?

R. La verdad, es un sentimiento muy amargo. Tengo 42 años de historia en esta industria y nunca había vivido esto. Todo lo construido en estos años, que le costó tanto a la industria, es echarlo para abajo. La descentralización que se promovió hace 30 años, que empezó a funcionar mucho mejor, la estamos perdiendo y estamos volviendo a como era antes, cuando los estados no tenían capacidad para atender a sus poblaciones. Logramos que las compras consolidadas con el Seguro Social fueran observadas por la OMS y por la OCDE, y por organismos internacionales y por testigos sociales aquí en México y donde era totalmente transparente. Sí había áreas de oportunidad, quizás en las compras de algunos estados que no participaban en la licitación consolidada, pero no en la consolidada misma que representaba cerca del 90% de las compras del Gobierno y por eso había abasto de 98%. Todo eso se vino abajo. Entonces ¿qué sentimiento es? Pues de amargura.

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