Sheinbaum conmemora una ‘nueva’ Constitución tras las reformas detonadas por el Plan C

El Plan C de Andrés Manuel López Obrador fue el detonante. Entre septiembre de 2024 y octubre de 2025, el Congreso de la Unión aprobó más de 20 reformas a la Constitución que modificaron 45 artículos y propiciaron decenas de leyes secundarias. Todo ello, con el objetivo declarado de devolverle el carácter social a la Carta Magna vigente desde 1917, que la presidenta Claudia Sheinbaum conmemorará este jueves en un acto solemne en la ciudad de Querétaro.

El llamado Plan C fue presentado por López Obrador el 5 de febrero de 2024, en el aniversario 107 de la Constitución, como preámbulo de las campañas electorales en las que Morena, PVEM y PT consiguieron las mayorías con las que han confeccionado prácticamente una nueva Constitución. Lo hicieron en el primer año y medio de la actual legislatura y, según los coordinadores parlamentarios de Morena, estas reformas permitieron recuperar el espíritu original de la Constitución que emergió de la Revolución Mexicana, el cual se había perdido en las más de 500 reformas hechas entre 1982 y 2018, en el auge del neoliberalismo.

Si el PRI, PAN y PRD abrieron el sexenio de Enrique Peña Nieto firmando un Pacto por México que los comprometió a aprobar la reforma educativa, energética, de telecomunicaciones, electoral y de transparencia, la 4T cerró el sexenio de López Obrador con el Plan C, que incluía una veintena de reformas constitucionales y legales, con la del Poder Judicial como punta de lanza. En tiempo récord, obviando trámites del proceso legislativo y arañando la mayoría calificada en el Senado, la coalición gobernante aprobó todas las reformas del Plan C en unos cuantos meses, excepto una: la reforma político-electoral, que en un par de semanas será enviada por la presidenta Sheinbaum a la Cámara de Diputados con un contenido distinto al que proponía López Obrador.

Del Plan C a las reformas de Sheinbaum

Promulgada el 15 de septiembre de 2024, la reforma judicial modificó 20 de los 136 artículos de la Constitución y representó un parteaguas que dio pie a la polémica elección de jueces, magistrados y ministros. Al expresidente aún le correspondió promulgar dos decretos más del Plan C un día antes de dejar el cargo: los cambios al artículo 2 para reconocer a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público, y la de la Guardia Nacional, que modificó 12 artículos.

Sheinbaum promulgó el resto del Plan C: la reforma para rescatar el transporte ferroviario, la que declara empresa pública del Estado a la Comisión Federal de Electricidad, la que amplía los programas del bienestar amparados por la Constitución, la de vivienda para los trabajadores del Estado, la que eliminó al Inai y otros organismos autónomos, la de protección animal, la de protección a la salud y prohibición de vapeadores, la de prisión preventiva oficiosa para los delitos de extorsión y defraudación fiscal y la que coloca en el artículo 123 el apoyo económico mensual a jóvenes en desocupación laboral.

Una reforma del Plan C ya aprobada por las dos Cámaras y por las Legislaturas de los estados, pero que no ha salido del Congreso para ser promulgada, es la que establece que el salario de maestros, policías, integrantes de Fuerzas Armadas, médicos y enfermeros nunca podrá fijarse por debajo de la inflación en la revisión anual.

Además del Plan C, la presidenta Sheinbaum promovió dos reformas constitucionales al inicio de su sexenio: la que promueve la igualdad sustantiva y la vida libre de violencia para las mujeres –la primera de su autoría, que modificó siete artículos constitucionales y se promulgó en noviembre de 2024- y la que otorgó a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana facultades de investigación en algunos delitos. Después ha logrado que el Congreso de la Unión le apruebe seis reformas más a la Constitución y decenas de reformas legales.

En febrero de 2025, un mes después de la toma de protesta del presidente Donald Trump en Estados Unidos, Sheinbaum promovió una reforma a los artículos 19 y 40 para establecer en la Constitución: “bajo ninguna circunstancia México aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero que sea lesivo de la integridad, independencia y soberanía de la Nación, tales como golpes de Estado, injerencias en elecciones o la violación del territorio mexicano, sea ésta por tierra, agua, mar o espacio aéreo”.

Otra reforma importante la anunció Sheinbaum el año pasado, justo en el aniversario 108 de la Constitución, para prohibir la reelección legislativa y municipal (que se autorizó con una reforma hecha en 2015) y el nepotismo; es decir, el traspaso de cargos de elección entre familiares directos en periodos consecutivos. Aunque la presidenta propuso que esas prohibiciones apliquen desde las elecciones de 2027, las presiones de sus aliados del PVEM y PT propiciaron que entren en vigor hasta 2030.

Una prioridad más de Sheinbaum, ya aprobada en el Congreso, es la reforma que busca eliminar trámites burocráticos y digitalizar procesos, pero fue criticada por la oposición por las amplias facultades otorgadas a la nueva Agencia de Transformación Digital. En el mismo contexto, el Congreso frenó una iniciativa de la presidenta en materia de telecomunicaciones, que buscaba regular las plataformas digitales y que fue calificada como “ley censura” por opositores y especialistas.

Según el Sistema de Información Legislativa de la Secretaría de Gobernación, la presidenta Sheinbaum ha enviado 65 iniciativas de reforma constitucional y legal al Congreso de la Unión, y ha logrado la aprobación de 59 (90,7%). Sólo cinco siguen pendientes en comisiones y una tiene pendiente discutirse en el pleno. Esto quiere decir que, en apenas un año y tres meses de gobierno, Sheinbaum logró números semejantes a los de su antecesor. López Obrador promovió en total 103 iniciativas; logró la aprobación y publicación de 78 decretos (75,7%); 14 fueron desechadas, 4 siguen en Comisiones, y 6 cuentan con dictamen, pero no han sido procesadas en el pleno.