El rastro de Víctor Álvarez Puga se desvanece mientras México aguarda por su extradición

El destino del abogado mexicano Víctor Manuel Álvarez Puga es aún una incógnita. Buscado en México por delincuencia organizada, blanqueo de recursos y evasión fiscal, Álvarez Puga estuvo hasta hace unos días bajo custodia de la agencia antiinmigrantes de Estados Unidos, ICE, que le había detenido desde septiembre por irregularidades en su estancia en ese país. El Gobierno de Claudia Sheinbaum aprovechó su captura por motivos migratorios para presionar por su extradición. Sin embargo, ahora no hay rastro del letrado. Su nombre ha desaparecido del registro público de detenidos de ICE, y ni las autoridades de México ni los abogados de Álvarez Puga, consultados por EL PAÍS, han explicado qué ha pasado con él.

Álvarez Puga y su esposa, la famosa conductora Inés Gómez Mont, son acusados por la Fiscalía de México de encabezar una red criminal de lavado de dinero y evasión mediante empresas factureras, compañías de papel que simulan prestar servicios y emiten comprobantes falsos. La pareja, según la Fiscalía, estuvo involucrada en el enorme desfalco de casi 3.000 millones de pesos de la Secretaría de Gobernación en 2016, cuando la dependencia era encabezada por Miguel Ángel Osorio Chong, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, ambos del PRI. De acuerdo con la investigación, a cuyos detalles ha accedido este periódico, una estructura de compañías fachada simuló una contratación para hacerse con los recursos, que luego fueron blanqueados a través de múltiples movimientos bancarios. Una parte del dinero, al menos 18 millones de pesos, terminó en las cuentas del matrimonio.

Los recursos estaban destinados originalmente a mejorar la seguridad de las prisiones del país. La investigación contra Álvarez Puga comenzó durante el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero altos funcionarios en la red de complicidades del letrado lograron retrasar la acción de la Fiscalía. Finalmente, un juez autorizó la captura del abogado y su esposa en septiembre de 2021. La Interpol también emitió una ficha roja para su detención en el extranjero. Luego de que se dio a conocer que Álvarez Puga estaba en manos de ICE, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, subrayó que está a la espera de la extradición del abogado. “Nos interesa mucho que no haya impunidad en esto”, asentó la mandataria.

Sin embargo, a principios de diciembre, el nombre de Álvarez Puga dejó de figurar en el Sistema de Localización de Detenidos en Línea de ICE, lo que podría significar que el letrado fue liberado, o transferido a otra autoridad de Estados Unidos, o enviado a México. Este diario ha enviado consultas desde hace días a portavoces de la Fiscalía, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Gobernación, preguntando por información sobre el personaje, sin respuesta a la consulta. También se envió un cuestionario por correo electrónico a los abogados de Álvarez Puga, John Patrick Pratt y Edward Fortunato Ramos, del que no se recibió contestación. Una consulta más se envió a una portavoz de la embajada de Estados Unidos en México, que de igual modo no dio respuesta.

Álvarez Puga fue capturado por ICE el pasado 24 de septiembre con base en una orden de captura migratoria. Desde entonces, litigó en los tribunales su expulsión hacia México. De acuerdo con los documentos del juicio, consultados por este periódico, el letrado promovió una solicitud de asilo en la que argumenta que él y su familia son víctimas de una persecución en México a raíz de sus “posturas políticas conservadoras”. El letrado asegura en esa petición que tiene “temor de regresar a México dadas sus opiniones políticas y su pertenencia a un grupo social particular”. Es decir, según su versión, el Gobierno mexicano le persigue por motivaciones políticas y no por su presunta implicación en el desfalco millonario al erario.

Álvarez Puga estaba en EE UU desde enero de 2021, meses antes de que en México se libraran las órdenes de captura en su contra, de acuerdo con los documentos del juicio migratorio. En julio, a punto de vencerse su estancia regular en el país norteamericano, el abogado salió a un viaje a Las Bahamas. Tenía programado volver en avión, pero reingresó a EE UU en barco y sin que se le haya validado el boleto de entrada por funcionarios de inmigración. Desde entonces, vivió de manera irregular en el Estado de Florida, donde él y su esposa han amasado una enorme fortuna inmobiliaria, que ha ido documentando EL PAÍS.

Los defensores legales de Álvarez Puga lograron retrasar su proceso de deportación, pues han pedido que su cliente tenga una audiencia previa para revisar su caso. La Fiscalía informó hace unas semanas de que un juez migratorio ya había ordenado, el 17 de octubre, la entrega del letrado a México, resolución que fue impugnada por su defensa. En tanto, en México se han movido algunas piezas. La semana pasada fue detenido Jesús Gabriel Pérez Rodríguez, exdirector del área de tecnología en OADPRS, la instancia dedicada a la administración de las prisiones, perteneciente a la Secretaría de Gobernación. La Fiscalía sostiene que el exfuncionario estuvo directamente involucrado en el desfalco atribuido a Álvarez Puga.

A la fecha, solo han sido llevados ante la justicia exfuncionarios y testaferros de mediana o poca relevancia. Osorio Chong, el extitular de Gobernación en la fecha de los desvíos, no fue incluido en la indagatoria de la Fiscalía. La red de altos funcionarios que en el pasado sexenio ayudaron a Álvarez Puga a construir su imperio de corrupción, o que directamente contrataron sus servicios ―ilícitos―, también está en la lista de pendientes de las autoridades. Este diario ha revelado un par de auditorías de Hacienda que muestran cómo se dispersó parte del dinero de desviado de Gobernación a las cuentas de parientes de políticos, empresarios y gente de la farándula.