Traficantes de armas se asocian con funcionarios corruptos para operar la red criminal del dueño de Miss Universo

La investigación sobre la trama de corrupción ligada al dueño de Miss Universo, Raúl Rocha Cantú, ha dejado al descubierto las mañas de un grupo de presuntos criminales, capaces de establecer conexiones al interior del aparato de seguridad federal en México. La red, financiada supuestamente por Rocha, estaba liderada por Jacobo Reyes, alias Yaicob, Jorge Enrique Alberts, alias Yoryi, y Daniel Roldán Morales, alias El Inge. Alrededor de un entramado de empresas del ramo de la seguridad privada, se dedicaban principalmente a importar combustible de contrabando y armas, apoyados en un presunto capitán del Ejército y varios agentes de la Fiscalía General de la República (FGR).

A continuación, EL PAÍS propone una guía de los principales integrantes de la banda, un quién es quién, desde Rocha Cantú, Reyes y Alberts, a los principales funcionarios presuntamente implicados, pasando por el segundo y el tercer escalón de la red, que manejaban además operaciones de venta de drogas y de despojo de inmuebles, siempre con el supuesto apoyo de funcionarios de diferentes dependencias. La trama operaba principalmente en el Estado de México, Querétaro, Ciudad de México y la frontera sur del país, en el paso con Guatemala.

Jacobo Reyes León, alias Yaicob o El Licenciado. Se le identifica como uno de los líderes de esta conspiración criminal. Antes de esta orden de aprehensión, fue detenido durante un cateo en febrero de este año, al encontrarle con un par de armas y tabletas con fentanilo. De acuerdo a la investigación, mantiene “comunicación vía telefónica con cada uno de los integrantes con los cuales coordina para llevar a cabo cada una de sus conductas criminales como lo son el tráfico y venta de armamento bélico, así como en materia de hidrocarburos”.

Sus conversaciones telefónicas, intervenidas por la autoridad, son parte central de la investigación, que describe a Reyes León como un empresario con influencias políticas y judiciales. Él es quien se encarga de gestionar las relaciones de esta red con la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, donde paga a una funcionaria para que le advierta sobre investigaciones y denuncias en contra su organización.

Reyes León tiene un pasado político. Fue director de Seguridad Ciudadana y Comisario de Seguridad Pública del municipio de Acolman, en el Estado de México, en 2019; y luego se postuló como candidato del PRD a la presidencia municipal en la vecina San Martín de las Pirámides en los comicios de 2021.

Jorge Alberto Ponce, alias Yoryi. Es uno de los líderes de la trama, junto a Reyes. Su función, según explica el juez que firmó la orden de detención en su contra, hace unas semanas, era coordinar la importación de combustible de contrabando por la frontera sur. Como socio de varias empresas del ramo de seguridad, Ponce organizaba también la compra de armas y su posterior manipulación para venderlas posteriormente a grupos criminales de Tamaulipas, principalmente una de las patas del Cartel del Golfo, dirigida por un tal alias Cape o Cafex.

Además de la manipulación de las armas, Yoryi también encargaba permisos de portación para evitar “detenciones en flagrancia”. En esta operación figura como facilitador un tal alias El Capi, luego llamado también capitán Cortés y Capitán Julián. Más adelante, la acusación dice que la trama contaba además “con una persona que le nombran DON ARMAS, quien realiza toda esa alteración del armamento bélico el cual colocan en diversas empresas de seguridad, con las mismas matrículas, esto con la finalidad de ahorrarse el registro en la Secretaría de la Defensa, y otorgar la misma licencia de portación de arma a diversas personas”.

Ponce coordinaba igualmente la operación de despojo de inmuebles y la miriada de trámites burocráticos posteriores para legalizar estas apropiaciones. Según la acusación, Ponce “ha logrado reunir un aproximado de 160 millones de pesos en propiedades”, esto es unos 20 millones de dólares.

Daniel Roldán Morales, alias El Inge. Ingeniero mecánico, en la red tiene un puesto justo bajo Reyes León, siendo el jefe de la sección de huachicol. Viaja a Guatemala para negociar el combustible para contrabandear, se encarga de gestionar los predios en Querétaro donde se almacena el hidrocarburo y administra su venta en México, incluyendo el control y relación con las empresas factureras con las que legalizan su comercio. Su puesto se describe como similar al de un jefe de logística. También es el encargado de la venta de armas en el Estado de Querétaro.

Raúl Rocha Cantú. Dueño de Miss Universo y la cara mediática de la investigación, es descrito como una suerte de socio capitalista, con al menos cinco millones de pesos invertidos en hacer funcionar esta conspiración criminal. Lo señalan como “uno de los principales socios de Jacobo Reyes León en la compraventa de hidrocarburo obtenido ilícitamente” y lo hacía a través de una red de gasolineras en las que comercializaba el combustible ilegal.

Sergio Hurtado Perea, alias Ingeniero Hurtado. Es el dueño de la empresa Ferropolymers, S.A. de C.V., que es la fachada legal para La Espuela, uno de los predios donde se almacena la gasolina ilegal. “Proporciona a la organización la infraestructura que les permite operar a gran escala, el almacenamiento, comercialización, alteración y distribución”, se describe. En esas instalaciones se reúne con los líderes Reyes León y Roldán Morales “para realizar cuentas y organizar el despacho del combustible recibiendo propuestas de negocios de combustible”.

Sergio Abraham Lara. Es uno de los principales operadores de Yoryis. Lara se encargaba principalmente de ejecutar las operaciones de despojo de la trama criminal. En un sistema bastante sofisticado, el grupo buscaba inmuebles deshabitados, metían personas para que los ocuparan y luego sobornaban a quien hiciera falta para “regularizarlos”. Una vez con los papeles en regla, la red usaba “esos inmuebles como garantía a cambio de préstamos millonarios”, refiere la acusación. Lara manejaba además un esquema de venta de drogas y, en paralelo, otro de armas, a criminales de la capital, ligados de alguna forma a La Unión Tepito, arraigada en el barrio del mismo nombre y las zonas aledañas.

Alejandro Jacob Álvarez Arriaga. Subordinado de Reyes y del Inge Roldán, alias Ale, se encargaba de gestionar los predios donde la trama almacenaba el combustible contrabandeado, en Querétaro, llamados La Espuela y El patio. Además, adulteraba el combustible almacenado para que rindiera más, apoyaba las ventas y alteraba las “cartas porte” de las pipas que trasladaban el combustible de contrabando, llamado popularmente huachicol, para dar apariencia legal a la carga. En una de sus conversaciones con Roldán, ambos refieren la intercepción de “​​una de las pipas de Cabeza de Vaca de 20 mil litros de capacidad que trasladaba hidrocarburo y que fue detenida por autoridades a las cuales les dio el dinero para que lo dejaran ir”.

Elizabeth Muzquiz Pineda, La Licenciada. Muzquiz era la cara legal de una de las empresas de la trama, pensada para ocultar el almacenamiento y venta ilegal de combustible contrabandeado. Se trata de la compañía Ferropolymers, dedicada oficialmente a la venta de polímeros, con sede legal en el predio de La Espuela, en Querétaro. Muzquiz trabajaba a la órdenes del Inge Roldán, aunque también mantenía comunicación con Reyes. Para dar apariencia de legalidad al combustible almacenado, la trama empleaba presuntamente empresas factureras, como “PTYH y Mada energy, GN OIL, GMR energéticos”. Muzquiz se encargaba de “la gestión, logística, contabilidad, facturación, del combustible que es almacenado y posteriormente distribuido desde el centro de operaciones”, según la acusación.

Mari Carmen Ramírez Rodríguez, La Fiscal. Servidora pública adscrita a la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos en Materia de Hidrocarburos, Derechos de Autor, Asalto y Robo de Vehículos. “Ramírez Rodríguez se reúne principalmente con Jacobo Reyes León, en restaurantes en la Ciudad de México, incluso lo ha recibido en sus oficinas, y recibe dinero de la organización a cambio de proporcionar información relacionada con los asuntos en los que se ven comprometidos sus integrantes”, se describe de ella. Agentes que hicieron seguimientos a Reyes León vieron a la fiscal Ramírez subirse a un vehículo con él para recibir los sobornos. Usó su posición para frenar investigaciones y vender información, ayudando a la red criminal.