Así funcionaba la red de tráfico de combustible del dueño de Miss Universo

Es diciembre del año 2024. Jacobo Reyes León recibe una llamada telefónica. Le habla un recomendado por un amigo, que busca trabajo. “Sí, ya me acordé de ti; te voy a dar trabajo, pero no quiero que estés de puto, quejándote”, le advierte. “Conmigo se hace de todo: hay que mover armas, hay que mover huachicol, hay que hacer servicios en la empresa de seguridad y, de vez en cuando, jalarle al gatillo. ¿Estás de acuerdo?”. “Sí, señor”, contesta su interlocutor. Lo que no sabe Reyes León es que al otro lado de la línea hay un suboficial de la Guardia Nacional que, intentando investigar una red de...

Es diciembre del año 2024. Jacobo Reyes León recibe una llamada telefónica. Le habla un recomendado por un amigo, que busca trabajo. “Sí, ya me acordé de ti; te voy a dar trabajo, pero no quiero que estés de puto, quejándote”, le advierte. “Conmigo se hace de todo: hay que mover armas, hay que mover huachicol, hay que hacer servicios en la empresa de seguridad y, de vez en cuando, jalarle al gatillo. ¿Estás de acuerdo?”. “Sí, señor”, contesta su interlocutor. Lo que no sabe Reyes León es que al otro lado de la línea hay un suboficial de la Guardia Nacional que, intentando investigar una red de venta ilegal de armas, ha dado con una conspiración criminal que incluye a Guatemala, la refinería Deer Park, agentes corruptos de la fiscalía y a Raúl Rocha Cantú, dueño de Miss Universo.

Reyes León, alias El Licenciado, junto con Daniel Roldán Morales, El Inge, y Jorge Alberts Ponce, Yoryi, son los cabecillas de esta red de tráfico de armas, contrabando de combustible, lavado de dinero y despojo de viviendas, de acuerdo a la orden de aprehensión, a la que ha tenido acceso EL PAÍS. Junto a ellos, la Fiscalía General de la República (FGR) pide detener a otras 10 personas, incluyendo a agentes de la propia FGR, y a varios empresarios, entre ellos Rocha Cantú, quien presuntamente invirtió, al menos, casi cinco millones de pesos para hacer funcionar esta conspiración criminal.

A Rocha Cantú se le describe como una especie de socio capitalista, que “inyecta capital en la importación de combustible procedente de Guatemala y Estados Unidos de América”. Concretamente, para Estados Unidos, una de las pruebas de la trama apunta a la compra de 3.000 millones de litros de combustible a la refinería Deer Park, en Houston, instalaciones que el Gobierno de México compró durante el sexenio de López Obrador. En estos años, ha quedado comprobado que hay contrabandistas que importan combustible a México, falseando la declaración de aduanas, para no pagar impuestos. Para el caso de Guatemala, de acuerdo a las intervenciones telefónicas, Roldán Morales acudía a negociar los precios del combustible.

“Su modo de operación es vaciarlo en 25 totes [contenedores industriales] de 1.000 litros y acomodarlos en lanchas ganaderas para así cruzar el río”, puede suponerse que el Suchiate, para, del lado mexicano, cargarlo en pipas, según se lee en la orden de detención. “Puede inferirse que no pagan impuestos al no cruzar por aduanas” y “además tienen negociaciones con autoridades federales para que los dejen pasar sin ningún problema”, apunta el texto. La investigación contiene cientos de conversaciones telefónicas, con los criminales hablando abiertamente de sus delitos y conspiraciones.

En una de las llamadas, Roldán Morales le explica a Reyes León que sus socios guatemaltecos le cobran 4.000 dólares por cada pipa cruzada, pero que el servicio de protección incluye tanto a la “maña” como a la Guardia Nacional y la Fiscalía. Es decir, que la parte guatemalteca de la trama se encarga de cruzar el combustible, además de la logística y los sobornos para subirlo frontera arriba. “Esos weyes ya nos van a cuidar al punto que van a escoltar las unidades, que va a ir un wey de punta para que no tengan pedo para que el chofer se sienta tranquilo”, le dice.

Ya con el producto en México, el combustible era trasladado a predios de Querétaro, básicamente a dos lugares, La Espuela, en el municipio de Epigmenio González, y El Patio, también conocido como Quinta La Chingada, en el municipio El Marqués. En este Estado han ocurrido varios golpes contra el huachicol en los últimos meses, incluyendo el decomiso de un predio con una minirefinería.

La organización, una vez en Querétaro, adulteraba el combustible para sacar más rendimiento. Así, mezclan MTBE, un aditivo que eleva el octanaje, con nafta para venderlo como diésel. “El objetivo es que tenga los estándares establecidos y de esta forma no se vea que su producto se encuentra mezclado, actividad que realizan de manera minuciosa para que el hidrocarburo que venden no huela a otro tipo de sustancia y les sea más fácil colocarlo en el mercado”, escriben los investigadores. “Le comentan que quiere que sea igual que la Poderosa Culera”, dicen los criminales sobre la mezcla, en otra intervención telefónica.

El siguiente paso era la introducción de este combustible en el mercado. Desde La Espuela, que además tiene conexión ferroviaria, salían camiones con facturas de empresas como Pyth, Mada Energy, GN OIL, GMR o Tabasco Capital. Esta última empresa, de acuerdo a información en poder de EL PAÍS, estuvo más de un año sin presentar sus informes de venta de hidrocarburos al SAT y la CRE, sin consecuencias.

Es aquí, de acuerdo a la investigación, donde entraba el empresario Raúl Rocha, al que atribuyen funciones de dirección. Su nombre aparece casi desde la primera conversación intervenida y lo señalan como “uno de los principales socios de Jacobo Reyes León en la compraventa de hidrocarburo obtenido ilícitamente”. “Se encarga de inyectar capital a la organización; así como de comercializar al consumidor final el combustible obtenido ilícitamente, esto, a través de sus estaciones de servicio (gasolineras)”, explican. “Sus inversiones en la empresa criminal son millonarias, obteniendo ganancias a partir del monto de su participación”, añaden.

Estas pruebas fueron resultado de un cateo en una vivienda en la colonia San Miguel Chapultepec, en Ciudad de México, de donde sacaron notas, nombres y cantidades. Estos datos salen de una serie de libretas, donde aparecen, junto a cantidades de cientos de miles de pesos y la leyenda “Pago De Arreglos”, las siglas FGR Querétaro, FGR Querétaro MP, FGR CDMX y FEMDO. Corresponden a las oficinas de la Fiscalía General de la República en Querétaro y la capital, a algún agente –Ministerio Público– de la dependencia y a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada.

El documento señala a Mari Carmen Ramírez Rodríguez, servidora pública adscrita a la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos en Materia de Hidrocarburos, Derechos de Autor, Asalto y Robo de Vehículos, parte de la FEMDO. “Ramírez Rodríguez se reúne principalmente con Jacobo Reyes León, en restaurantes en la Ciudad de México, incluso lo ha recibido en las oficinas de la FEMDO, y recibe dinero de la organización a cambio de proporcionar información relacionada con los asuntos en los que se ven comprometidos sus integrantes, en las investigaciones a su cargo, a cambio de dinero favorece, es omisa en sus obligaciones como servidor público”, se describe.

Para ella no solo hay pruebas indirectas, sino que, durante los seguimientos que realizaron a Reyes León, vieron a la fiscal Ramírez subirse a un vehículo con él en las cercanías de las oficinas de FEMDO. Esto fue justo después de que el líder de la trama le comentase a su esposa, por teléfono, que iba a dar dinero a la MP de la FEMDO.