Los duros recortes de Trump a la política de cooperación golpean de lleno a decenas de programas clave para México
El desmantelamiento del USAID pone en jaque la continuidad de fondos cruciales para las autoridades mexicanas y las organizaciones civiles, y amenaza los esfuerzos construidos durante décadas
Las acciones de Estados Unidos frente a crisis humanitarias, desastres naturales y emergencias de salud pública en el mundo penden de un hilo. El secretario de Estado, Marco Rubio, anunció esta semana la cancelación del 83% de los programas coordinados por USAID, la principal agencia de Washington para la entrega de ayudas para el desarrollo. Se trata del último golpe de timón en la política exterior de Donald Trump, con el argumento de que los apoyos otorgados a otros países son un “despilfarro” y van en contra de los intereses de su Gobierno. En Latinoamérica y el Caribe, el impacto de los recortes es profundo y el futuro de casi 600 millones de dólares prometidos por la cooperación estadounidense para este año es una incógnita, entre ellos más de 180 millones para Colombia, 82 millones para Honduras, 66 millones para Haití y 10 millones para México.
“El efecto ha sido devastador para la región”, asegura el representante de una de las instituciones afectadas, que pide el anonimato. USAID, el brazo operativo del Departamento de Estado para la cooperación internacional, es la principal fuente de recursos de decenas de organismos no gubernamentales (ONG) en México y la incertidumbre sobre el futuro de la agencia ―en pleno proceso de desmantelamiento― se ha traducido en despidos, retrasos en los pagos y parálisis de proyectos que ya estaban en curso, y anticipa la peor crisis en el sector en décadas. “Había una fuerte dependencia de estos fondos, que se está traduciendo prácticamente en el cierre de varias organizaciones”, agrega.
El golpe no se limita solo a la sociedad civil. Las autoridades, sobre todo a nivel estatal y municipal, también son beneficiarias de las ayudas de Estados Unidos. Algunos recursos son entregados por USAID, como los proyectos de desarrollo o fortalecimiento institucional, aunque también hay otros, que tienen que ver con la cooperación militar y el combate conjunto al narcotráfico, que no pasan por la agencia, pero cuya continuidad peligra también.
La agencia, por ejemplo, patrocinó entre 2020 y 2024 un programa para la prevención de la violencia en alianza con Gobiernos municipales por más de 19 millones de dólares, y otro proyecto por 24 millones en colaboración con entes gubernamentales para atender desapariciones forzadas y tortura, previsto a concluir este año, según documentos oficiales.
El embate de Trump ha provocado un efecto en cascada porque, además de los beneficiados directos, hay afectados indirectos que colaboran en proyectos patrocinados por la agencia, aunque no hayan recibido las asignaciones directamente. Es el caso de la Red Necesito Abortar, con centros en Monterrey, Chiapas, Ciudad de México y Texas, al otro lado de la frontera. “USAID nunca nos ha dado fondos, pero sí a las organizaciones con las que trabajamos, como las de la comunidad migrante”, explica Sandra H. Cardona, coordinadora en Nuevo León: Ahí les “pega” de lleno, dice, porque están tratando de cubrir los agujeros que la suspensión de ese capital ha dejado en las otras entidades, sobre todo “en salud, menstruación digna y abortos seguros”.
Estas materias se vuelven fundamentales en una travesía en la que las mujeres se exponen a ser violadas múltiples veces en su camino a la frontera norte. “El número de mujeres a las que acompañamos se ha incrementado, también por las restricciones que hay ahora en Estados Unidos”, dice Cardona, “pero no solo con el aborto”. “Muchas personas de EE UU nos están pidiendo medicamentos para la comunidad trans porque ya no los pueden conseguir en las clínicas que los recibían”. En el último mes, calcula la activista, atendieron a alrededor de 200 mujeres más, aproximadamente 1500 en total.
Trump lanzó su ofensiva contra la agencia de cooperación desde su llegada a la presidencia, con un decreto emitido el pasado 20 de enero que paralizó durante 90 días recursos que ya habían sido asignados y, en muchos casos, entregados a organizaciones y gobiernos de todo el mundo. “Las cuentas están congeladas y hay una advertencia de que no puedes gastar ese dinero si no quieres arriesgarte a que te demande el Gobierno de Estados Unidos”, comenta Mariana Orozco, coordinadora de investigación de Data Cívica, una organización que fue beneficiaria de USAID.
La agenda de la cooperación estadounidense en México abarca desde el fortalecimiento del Estado de Derecho y la promoción de los derechos humanos hasta la mitigación del cambio climático y la inmigración. En febrero, el multimillonario Elon Musk, al frente del recién creado Departamento de Eficacia Gubernamental (DOGE), se refirió a la agencia como una “organización criminal” y “un nido de víboras marxistas radicales que odian a Estados Unidos”, y propagó teorías de conspiración para justificar los recortes.
Tras el anuncio de Rubio, 5.200 programas están abocados a desaparecer, mientras que 1.000 serán administrados por el Departamento de Estado, aunque no hay claridad de cuáles sobrevivirán, lo que ha sumido a la agencia en el caos. Se espera también una férrea batalla en los tribunales por los puestos de miles de funcionarios y los recursos que ya habían sido asignados.
El desmantelamiento de USAID es el último símbolo de la batalla de la Administración de Trump contra lo que él llama la “cultura woke” y un mensaje del viraje que impulsa el republicano para poner a “Estados Unidos primero”, apunta Jorge Schiavon, académico de la Universidad Iberoamericana. “Era un blanco fácil y se ajusta al discurso de que dar dinero a otros países es un abuso en contra de los estadounidenses”.
En el camino, se van quedando muchas organizaciones civiles que promueven valores a los que el presidente les ha declarado la guerra. “Hay un gran retroceso en lo que respecta a los derechos de la población LGBTQI+”, dice Rosember López, coordinador de Una mano amiga contra el sida, que trabaja en Tapachula. Su organización recibe recursos de otras entidades como Acnur o Global Fund, que operaban con los fondos USAID y que representaban un 95% de sus ingresos. De momento han reducido su plantilla de 20 a cinco trabajadores, pero sus problemas son múltiples. “En Tapachula nadie quiere saber nada de VIH, de diversidad sexual o de interrupciones del embarazo por creencias religiosas. Luchar contra eso limita las posibilidades de tener otros recursos”, explica.
Una mano amiga... también era candidata a un proyecto de acompañamiento de migrantes que ha quedado suspendido por la congelación de los fondos. De momento viven en una calma tensa, pues el flujo de personas se ha reducido considerablemente con las restricciones migratorias de Trump, pero eso, dicen, no va a durar. “En cuanto se abra algo o haya una noticia positiva, esto va a ser un caos”, vaticina López que, después de 27 años operando en la ciudad, no sabe si dentro de un mes su entidad se mantendrá a flote.
Las ayudas internacionales representan un 1% del presupuesto anual del país, unos 79.000 millones de dólares, que hacen de Washington el principal donante del mundo. La opinión de los estadounidenses está dividida: un tercio aboga por reducir los apoyos, una proporción similar pide que aumente y otra que se quede igual, según el Pew Research Center. Las últimas decisiones de Washington entrañan una contradicción, porque al mismo tiempo que Trump reclama por la crisis migratoria o el avance del crimen organizado, reduce los recursos para afrontar esos problemas en las comunidades de origen.
“Es incongruente, porque van a regresar a las personas pero luego les quitan los apoyos”, valora Concepción Martínez, coordinadora del albergue Jesús Torres, en Torreón (Coahuila). “Si antes atendíamos a 180 migrantes a la semana con 10 voluntarios, ahora se va a tener que atender con la mitad”. En su caso, los fondos representaban un 25% de los ingresos y estaban destinados únicamente a alimentación. Sin embargo, en otros albergues, explica Martínez, el impacto es mucho mayor porque los fondos involucraban otros proyectos, como la contratación de personal. Aun así, ellos mismos han tenido que paralizar dos programas a los que eran candidatos: uno de construcción en el inmueble y otro de instalación de paneles solares.
“Gana algo en materia de política interna, pero pierde muchísimo en cuanto a política exterior en el mediano y largo plazo”, advierte Schiavon. Las ayudas de Estados Unidos han sido un instrumento desde el fin de la Segunda Guerra Mundial para proteger sus objetivos y ampliar su influencia en el mundo. Fundada en 1961, USAID ha sido un vehículo clave para incidir en otros países, sean o no aliados. En paralelo, Trump también ha impulsado la retirada de su país de organismos internacionales, de los que también es el principal donante, y ha amagado con cortar sus apoyos a Ucrania, actualmente el primer beneficiario de las ayudas estadounidenses. “Al retirarse de espacios estratégicos relevantes, el ganador es China, su mayor rival”, afirma.
Presionado permanentemente por Washington, el Gobierno mexicano no se ha pronunciado sobre los recortes en la cooperación. Entienden que puede ser interpretado como una muestra de debilidad y que hay otros asuntos más urgentes, como las amenazas arancelarias. “En el caso mexicano, hay una satanización de la ayuda internacional”, comenta uno de los afectados. Durante el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador hubo choques constantes con la sociedad civil y los espacios de las ONG se redujeron, en medio de reclamos del expresidente por las “injerencias” del Departamento de Estado y su apoyo a organizaciones “opositoras” o críticas.
La crisis de USAID viene precedida de recortes, incluso durante el Gobierno de Joe Biden. En el año fiscal de 2019, de octubre a septiembre, se destinaron más de 450 millones de dólares a México, mientras que los desembolsos para 2024 fueron de 185 millones. La mayoría de las asignaciones, sin embargo, se da en contratos multianuales, lo que amplía el alcance del tijeretazo presupuestal y las dudas sobre programas multimillonarios contra los feminicidios, la crisis de desaparecidos, las barreras de acceso a la justicia y la corrupción.
El panorama actual ha obligado a replantear lo que sigue. En las últimas semanas, las organizaciones se enfrentan a decisiones cruciales para garantizar su supervivencia, desde la reducción de costos a la diversificación de la financiación. Trump ha precipitado un momento decisivo para la sociedad civil en México, así como para 18.000 proyectos en marcha en todo el mundo este año.