El recorte del gasto en la política de género impacta en los refugios y en la futura Secretaría de las Mujeres

Los recortes en el Presupuesto federal proyectados para 2025 también impactarán en la política de género del Gobierno de Claudia Sheinbaum. México enfrenta una compleja situación económica que pasa por reducir un déficit histórico en niveles del 5,9% del PIB, la devaluación del peso frente al dólar, la caída de los ingresos petroleros, la desaceleración de la economía nacional o la victoria de Donald Trump en Estados Unidos, por solo mencionar algunos factores. En medio de semejante tormenta, el Gobierno mexicano presentó hace dos semanas el primer Presupuesto de Egresos del sexenio fuertemente marcado por las ayudas sociales, la construcción de vivienda de interés social y el desarrollo de la red ferroviaria.

En total México contará con un poco más de nueve billones de pesos para financiar el gasto de las diferentes dependencias. Lo destinado para reducir la desigualdad de género entre hombres y mujeres, conocido como el Anexo 13, representa para el año que viene un 5,2% del total de todo el Presupuesto. Pese a que el monto para igualdad subió este año un 9,5% respecto a 2024 y contará con unos 479.000 millones de pesos (unos 23.000 millones de dólares), la mayoría de los recursos serán destinados a los programas sociales del Gobierno, como la Pensión para Adultos Mayores, que la presidenta ha ampliado a mujeres de 60 a 64 años, y las becas universitarias Rita Cetina y Benito Juárez.

Los programas para prevenir y acabar con la violencia machista o atender la salud sexual siguen sin ser una prioridad. En vez de eso, el rubro para impulsar la igualdad volverá a estar centrado en la política social, símbolo del Gobierno de Sheinbaum y de la pasada Administración de López Obrador. La mandataria, que llegó al poder el pasado 1 de octubre, se comprometió desde el primer día de su Gobierno a promover y defender los derechos de las mujeres, aunque las organizaciones civiles cuestionan que esas prioridades estén reflejadas en el presupuesto del año que viene. Es un desacuerdo que viene desde hace años. El Gobierno defiende que los programas sociales son claves para mejorar la vida de millones de mujeres y con eso cerrar la brecha de género. La sociedad civil, sin embargo, sostiene que no es suficiente si no se atienden las causas de raíz y para ello hace falta que los programas tengan perspectiva de género y se fortalezcan las políticas públicas especializadas.

Desde 2008, el movimiento feminista impulsó de manera legislativa la creación del Anexo 13 para garantizar cada año que una parte del dinero público fuera a los programas para cerrar la brecha entre hombres y mujeres y para fortalecer la lucha contra la violencia, sin embargo, este propósito se ha ido diluyendo con los años. “Tratar de seguir operando con menos presupuesto, pone en riesgo la calidad y la cantidad de la atención que brinda el Estado”, señala Andrea Larios, investigadora del programa de Justicia Fiscal de la organización Fundar.

El Anexo 13 cubre tres temas prioritarios: promover la igualdad entre mujeres y hombres, erradicar la violencia de género y erradicar la discriminación. Pero las tres prioridades padecen de un desequilibrio presupuestario. El 95,2% se destina a la promoción de la igualdad, enfocado en los programas sociales; el 4,7% en la lucha contra la violencia y solo 0,1% en acabar con la discriminación. Algunos de los grandes perjudicados son el Programa de Apoyo a Refugios para Mujeres Víctimas de la Violencia que contará con un 4,3% menos este año o el Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF), que sufrirá un recorte de un 3,9%, respeto a 2024.

En un país en el que 10 mujeres son asesinadas cada día y más de 24.000 se han visto obligadas a vivir en un refugio con sus hijos, los recortes se vuelven preocupantes y pueden llegar a costar vidas, advierten las especialistas. “Incrementar los presupuestos para los refugios no solo representa una inversión en protección, sino también un compromiso con el derecho de todas las mujeres y niñas a una vida libre de violencia”, señala Wendy Figueroa, directora de la Red Nacional de Refugios (RNR), una organización con más de 75 centros en todo el país.

Desde el sexenio pasado este programa ha sido uno de los más castigados en el presupuesto, incluso durante la pandemia, cuando las agresiones machistas se dispararon dentro de los hogares. Figueroa señala que la RNR necesitaría para el próximo año un incremento de por lo menos el 13% para hacer frente a la inflación y a las dificultades económicas. Si no, los albergues se verán empujados, una vez más, a buscar recursos adicionales en forma de donaciones o de la iniciativa privada.

Desde Fundar señalan que a pesar de ser un compromiso presidencial, el Presupuesto de 2025 “carece de políticas y programas específicos para establecer un Sistema Nacional de Cuidados”. El gasto en cuidados representa 0,5% del gasto neto total del Presupuesto que equivale al 0,1% del PIB, señalan desde el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, con subidas para las estancias del ISSSTE, las guarderías del IMSS y las guarderías del Bienestar. El Gobierno pondrá en el centro el gasto del Fondo de Aportaciones Múltiples que atienden a la población más vulnerable en zonas urbanas y rurales con un grado alto o muy alto de rezago social, a través de apoyos escolares, apoyos alimentarios o de asistencia social.

De igual manera, el programa asignado a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar a la Violencia contras las Mujeres (Conavim) sufrirá un recorte del 7% respecto a lo aprobado en 2024. Las organizaciones de la sociedad civil y la Alianza por la Justicia Fiscal han expresado su preocupación ante estos recortes y cuestionan el alcance que tendrá la nueva Secretaría de las Mujeres —una vez que sea promulgada la reforma de Ley Orgánica de la Administración Pública federal— con un presupuesto reducido.

El Instituto Nacional de las Mujeres, que se convertirá en la futura Secretaría de las Mujeres, recibirá el año que viene un 4,8% menos que lo aprobado este año, alrededor de 966.618 millones de pesos (unos 47.000 millones de dólares) y también tomará recursos de la Conavim. Falta por concretarse cuál será el presupuesto definitivo de la nueva dependencia. “La nueva Secretaría de las Mujeres debería fortalecer la política de igualdad de género, la estrategia contra la violencia y contar con un mayor presupuesto”, considera Larios.

El presupuesto tanto para el programa Salud Materna, Sexual y Reproductiva, como para el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva de la Secretaría de Salud, entidad rectora en esos temas, también tendrá recortes. Un 14% y un 13% menos a lo que tuvieron en 2019, el año en el que mejor les fue en el reparto de recursos. “Esto pone en riesgo el avance de los componentes y acciones que deben implementarse para garantizar la salud sexual y reproductiva de la población, incluidas las niñas, adolescentes, mujeres y personas gestantes”, advierte Fundar. En México hay 1.000 embarazos adolescentes al día, según datos oficiales.

En 2020, el Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas la Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) recomendó al Estado mexicano asegurar recursos públicos suficientes para desarrollar políticas públicas que garanticen la igualdad sustantiva en el país. “Es preocupante que se busque implementar nuevos programas o acciones quitando recursos a otros programas que han demostrado tener resultados efectivos”, subraya Figueroa, quien menciona que ha buscado un diálogo con la presidenta y la futura secretaria para tratar estos temas, aunque todavía sin respuesta.

Desde la Red por una Política Fiscal Feminista sostienen que el Estado debe reconocer las desigualdades estructurales que las mujeres han enfrentado históricamente y tomar decisiones desde ahí. También consideran fundamental que se tome en cuenta al movimiento amplio de mujeres “en todas las etapas del ciclo presupuestal para que sus necesidades sean incorporadas” y que el dinero público sea destinado a programas e infraestructura que contribuya a redistribuir la carga de trabajo doméstico y de cuidados. Una de las claves en el debate para los próximos meses será la creación y financiación de la Secretaría de las Mujeres, encargada de la política de género a nivel federal, una de las apuestas más ambiciosas de esta Administración.