Reforma judicial, el último mes y el legado de López Obrador: el horizonte del nuevo Congreso

Entre los hitos de la historia democrática de México casi todos coinciden en que el año 2000, con la victoria electoral del PAN, marcó la ruptura con el viejo régimen del PRI y la añorada transición. Otros se fijan en una fecha un poco anterior, 1997, cuando por vez primera el PRI perdió su aplanadora legislativa en el Congreso. Hoy, que Claudia Sheinbaum, sucesora de Andrés Manuel López Obrador, ha ganado la presidencia con más votos que nadie, y que Morena gobierna en la mayoría de los Estados y ha conseguido la mayoría calificada en el Congreso para modificar la Constitución sin oposición, ha vuelto a nacer la pregunta de si México se encamina a un nuevo régimen de partido hegemónico. De momento, el primer mes de la nueva legislatura será el último de López Obrador, quien está dispuesto a usar la aplanadora parlamentaria para aprobar sus últimas reformas de fondo y apuntalar su legado.

Este domingo tomarán posesión los legisladores que resultaron electos en los comicios del 2 de junio, una jornada en la que la oposición quedó reducida a mínimos históricos. Morena, y sus aliados del PT y el PVEM reúnen por sí solos 364 curules en la Cámara baja, el 73% del total. En el Senado, el bloque oficialista ha sumado 85 escaños —gracias a las recientes incorporaciones de dos perredistas—, y está a un voto de conseguir las dos terceras partes de esa Cámara. Con esa cartografía en el Congreso, la aplanadora oficialista ha definido sus prioridades legislativas. Su principal misión es aprobar, tan pronto como la primera semana de septiembre, la peliaguda enmienda constitucional para reformar el Poder Judicial. La dirigencia de Morena ha declarado que se pretende tal celeridad para que López Obrador pueda promulgarla antes de entregar el poder a Sheinbaum, el 1 de octubre. El líder del partido, Mario Delgado, ha dicho que quieren que sea “un regalo” para el mandatario saliente. Es difícil no evocar la época en que las mayorías priistas del Congreso obsequiaban al primer mandatario reformas y presupuestos.

La enmienda judicial ha sido polémica no solo por proponer que los jueces sean electos por voto directo en las urnas. Del lado del oficialismo se ha argumentado que ningún poder de la Unión debe sustraerse a la voluntad popular, en la lógica de que, si se vota a un gobernante o representante legislativo, no debe haber impedimento para votar a un juzgador. La reforma, sin embargo, va más allá de simplemente modificar el sistema de designación en la judicatura. Se trata de un cambio fundamental en el equilibrio de poderes del Estado mexicano. Tanto López Obrador como líderes de Morena han señalado que los tribunales, y especialmente la Suprema Corte de Justicia, han sido una trinchera de la oposición, una herramienta al servicio de intereses creados y un resabio antidemocrático del régimen neoliberal. “El Poder Judicial funciona como un dique de contención y resistencia del conservadurismo, protegiendo los privilegios oligárquicos y los intereses antinacionales en nuestro país”, declaró apenas el miércoles Delgado.

“La reforma más importante es la judicial, porque de ella depende la condición de posibilidad de todas las demás, y depende también la gobernabilidad del próximo sexenio”, sostiene la lingüista y analista política Violeta Vázquez-Rojas. La académica discute las afirmaciones de que esa enmienda es una “manzana envenenada” de López Obrador para Sheinbaum que podría descarrilar el inicio de su Gobierno, a la luz de las múltiples presiones en contra de la iniciativa: las protestas de los trabajadores del Poder Judicial que han paralizado decenas de tribunales; el nerviosismo de los inversionistas que ha impactado negativamente en el valor del peso, y los abiertos llamados de alerta desde Estados Unidos y Canadá a su principal socio norteamericano. “Yo creo que es al revés”, precisa Vázquez-Rojas. “El hecho de reformar al mayor poder contramayoritario que tenemos en México es la manera de garantizar que Sheinbaum va a poder gobernar —siempre y cuando tenga apoyo popular— con mucha mayor legitimidad. Y no va a tener el problema que sí tuvo López Obrador de que [los tribunales y la Corte] le estén tirando todas sus reformas [como la de la industria eléctrica]”.

Cambio de rostro institucional

Además de la enmienda en materia judicial, el Congreso se alista para aprobar la reforma que desaparece varios órganos reguladores del Gobierno, entre ellos el Instituto de la Transparencia (INAI), que garantiza que los ciudadanos puedan acceder a la información gubernamental, y el Coneval, la instancia que evalúa la eficacia de las políticas públicas para el combate de la pobreza. También está en puerta la enmienda que traspasa el mando de la Guardia Nacional al Ejército, en lo que organizaciones de derechos humanos advierten una militarización de la seguridad ciudadana. Otra reforma de grandes repercusiones es la que amplía la lista de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, una disposición que obliga a los jueces a encarcelar a personas acusadas incluso antes de que se demuestre su culpabilidad. “A lo que deberíamos ponerle más atención, más allá de las reformas puntuales, es al proyecto de país que está debajo de estas reformas, lo que estas reformas implican en términos de quién detenta el poder en México”, afirma Vázquez-Rojas.

El politólogo Javier Rosiles observa que la gobernabilidad en el próximo sexenio va más allá del control del Poder Legislativo y del Judicial, y señala las crisis a nivel estatal, causadas principalmente por la inseguridad, como en Chiapas, Guerrero, Michoacán, Tamaulipas y ahora también Sinaloa, con los grupos del crimen organizado sembrando el caos (todos esos Estados, por cierto, gobernados por Morena). “El reto principal de Sheinbaum está primero en garantizar la gobernabilidad y después aspirar a un modelo de gobernanza”, señala Rosiles. “En este momento no hay garantía de que todo el país esté controlado por el Estado, hay zonas donde no hay capacidad de gobernarlas en el sentido más estricto de la palabra. Pero, además, para que el gobierno de Sheinbaum sea exitoso, requiere el concierto de diferentes sectores, no solo del Legislativo —ese ya lo tiene—, sino de otros espacios que no tiene ganados y que se están viendo agraviados, como el empresarial y el judicial”, agrega. El académico advierte de que el oficialismo no está midiendo la gravedad de que esos grupos comiencen a articularse y sean opositores fuertes al inicio del nuevo sexenio.

Rosiles hace hincapié en la reforma que elimina siete órganos reguladores y afirma que su desaparición fortalece indebidamente el peso del Ejecutivo. “Implicaría transformar de manera radical el entramado institucional que se ha construido por décadas. Esos organismos le restaron atribuciones al presidente, y ahora regresárselas me parece un retroceso grave”, señala. El politólogo afirma que la aplanadora oficialista en el Congreso “genera condiciones inmejorables, como no se veía desde hace décadas, para consolidar un nuevo proyecto político”, pero contrasta: “El modelo mexicano que estamos viviendo tiene formas democráticas, pues privilegia las mayorías, pero también tiene rasgos autoritarios”.

Vázquez-Rojas sostiene que la mayoría calificada obtenida por Morena en el Congreso no es un poder arbitrario, sino un mandato concedido por la ciudadanía a través de las urnas. “La democracia no es que no haya mayorías, sino que las minorías eventualmente se constituyan en mayorías. Mientras esa posibilidad no esté cancelada, yo no veo dónde está la autocracia ni la muerte de la democracia”, resume. La lingüista hace notar que, en 2018, los votantes no le dieron a López Obrador un respaldo irrestricto en el Congreso, como ahora sí sucedió en el caso de la elección de Sheinbaum. “Morena es un instrumento de la mayoría democrática para poder tomar decisiones”, asienta. “El mensaje del 2 de junio fue muy claro: la gente quiere que gobierne este proyecto y además le dio la herramienta para que lo haga, que es la mayoría calificada en el Congreso, para que pueda hacer las reformas que necesita y poder con eso garantizar la gobernabilidad”.

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