Los 11 días de confusión y guerra mediática tras la captura de El Mayo Zambada y el hijo de El Chapo

No había presa más codiciada. Era el último de su estirpe en pie, el único viejo capo que nunca había dado con sus huesos entre rejas, una de esas leyendas del narcotráfico que tanto gustan a la televisión y la nota roja: eternamente a la fuga, escondido en el monte, un director de orquesta discreto y con mano de hierro, la tramposa mitología del niño pobre que crece a fuerza de balas para convertirse en un Robin Hood sinaloense. Nada de eso —o casi nada— era cierto, por supuesto. La realidad es menos épica, más cruda, y sobre las espaldas de Ismael El Mayo Zambada, más que fábulas de superación, hay muchos muertos.

En los 11 días desde su captura, el jueves 25 de julio, ha pasado un poco lo mismo que durante su vida: su nombre ha estado rodeado de teorías, cuentos y pistas falsas que intentan echar luz sobre el arresto, descifrar qué fue lo que pasó de verdad, qué llevo a El Mayo Zambada a acabar esposado por el FBI y la DEA en un pequeño aeropuerto de Nuevo México. Mientras el mundo elucubra, Estados Unidos comienza el procesamiento legal del capo y el Gobierno mexicano se muestra noqueado, sin saber muy bien cómo uno de sus objetivos prioritarios ha acabado detenido antes al otro lado de la frontera que en el territorio que durante décadas castigó.

Pasaron cinco meses desde que Estados Unidos acusó a El Mayo de meter fentanilo en sus calles hasta que sus agentes le pusieron las esposas. Pasaron cinco décadas antes de todo eso en las que Zambada escaló de pequeño contrabandista a cabeza de una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo. Su fama le precedía como un tipo más discreto que sus pares, como su ostentoso socio, Joaquín El Chapo Guzmán Loera, preso desde 2017 en una cárcel estadounidense. También como alguien pacífico, más estratega que perro de presa. La justicia tratará en los próximos meses de demostrar lo contrario: sobre su espalda pesan acusaciones no solo de narcotráfico, también de ser una de las principales mentes criminal detrás de la guerra entre cárteles que hizo de Ciudad Juárez un cementerio durante la década de los 2010.

Entre los siete cargos que se le imputan al capo de 76 años se cuentan crimen organizado, conspiración para cometer asesinato, lavado de dinero y distintos delitos relacionados con el narcotráfico a Estados Unidos: cocaína, heroína, metanfetamina y, la sustancia de mayor peso para el tribunal estadounidense, fentanilo, un potentísimo opiáceo que liquida a más de 100.000 personas al año y ya es la principal causa de fallecimientos para las personas de entre 18 y 45 años en EE UU. Una auténtica crisis de salud pública que Washington ha situado en su diana.

Día uno. Jueves 25 de julio. El Mayo Zambada aterriza en un aeropuerto de Santa Teresa, Nuevo México. Allí le espera la DEA y el FBI. EE UU lo persigue desde hace tres décadas. Sobre su cabeza hay un precio: 15 millones de dólares. Junto a él está uno de los hijos de El Chapo, Joaquín Guzmán López, de 38 años. Las horas anteriores a la detención son un misterio. Solo se sabe que México no ha participado en el arresto.

La hipótesis que primero resuena, alimentada por los rumores longevos de que Zambada es un confidente de las autoridades y por ello nunca ha pisado una cárcel, es la de una entrega pactada. Un reportaje de The New York Times refuerza la teoría al afirmar que el capo lleva tres años negociando su rendición con Estados Unidos. Esa primera versión encuentra pronto relatos discrepantes. The Wall Street Journal contradice al Times y sostiene que Zambada es traicionado por Guzmán López.

Día dos. Viernes 26 de julio. El Mayo es el protagonista de una jornada que queda para la historia de la crónica negra: por primera vez en su vida, el invicto capo se presenta ante la justicia. Lo hace en silla de ruedas, con la ayuda de un intérprete proporcionado por la Corte, en lo que será una audiencia breve en la que solo responde a los primeros formalismos para dar por iniciado su proceso.

El Gobierno mexicano, algo perdido, reconoce a través de la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, que no sabe si ha sido una captura o una entrega. Sin embargo, informan de que el avión que lleva a los narcos a Santa Teresa despega desde el aeropuerto de Hermosillo, capital de Sonora, aunque en ese momento a bordo solo va el piloto, Larry Curtis Parker, no Zambada ni Guzmán López. “Salió uno y llegaron tres”, dice Rodríguez, desconcertada.

Día tres. Sábado 27 de julio. El abogado del líder del Cártel de Sinaloa, Frank Pérez, suscribe la hipótesis de The Wall Street Journal: El Mayo ha sido “violentamente secuestrado” por el hijo de El Chapo a cambio de favores con EE UU, proclama en una entrevista con Los Angeles Times. “Mi cliente no se entregó ni negoció ningún acuerdo con el Gobierno estadounidense”. Según Pérez, Zambada se reúne con Guzmán López, que aprovecha para someterlo con la ayuda de seis hombres “vestidos con uniformes militares”. Después, es amordazado y arrastrado hasta una pista clandestina donde lo obligan a subir al avión. “En el avión solo viajaban el piloto, Joaquín y mi cliente”, dice Pérez.

Día cinco. Lunes 29 de junio. El Gobierno mexicano anuncia su propia investigación para esclarecer las dudas sobre el arresto, que conducirá la Fiscalía General de la República (FGR). El presidente en funciones de México, Andrés Manuel López Obrador, opta por la prudencia y no da más información, a la espera de tener pruebas sólidas. Paralelamente, la sociedad se hace preguntas: ¿ha violado Estados Unidos la soberanía mexicana?

Día seis. Martes 30 de julio. Turno del abogado del hijo de El Chapo. Jeffrey Lichtman, el mismo hombre que representó a su padre en 2018 y a su hermano Ovidio, el cabecilla de la facción de Los Chapitos extraditado a Estados Unidos en septiembre de 2023, contradice a Pérez: “No hubo ningún acuerdo con el Gobierno”. Después, acusa al letrado de El Mayo de haber iniciado una guerra por el relato mediático: “Cuando los abogados tratan de marcar puntos con los medios con acusaciones como estas, las ignoro, porque no tienen sentido”.

Hasta ese momento, todo el mundo da ya por buena la teoría del secuestro y la entrega negociada. Hasta López Obrador declara: “Ya nos informaron que Guzmán López tenía pláticas con el Gobierno de Estados Unidos, que quería entregarse; eso es lo que el Gobierno de Estados Unidos está sosteniendo”. Ese mismo día, Guzmán López comparece por primera vez ante el tribunal. Llega con el mono naranja típico de las prisiones estadounidenses. Las manos y los pies, encadenados. Se declara no culpable de los cargos que EE UU esgrime contra él: lavado de dinero, tráfico de armas y drogas, entre ellas fentanilo.

Día siete. Miércoles 31 de julio. Otro giro de guión. Un abogado que se presenta como representante legal de la familia Guzmán en México, José Luis González Meza, enturbia del todo el caso al asegurar en una entrevista en Radio Fórmula que tanto El Mayo como Guzmán López se entregaron voluntariamente después de una negociación de cuatro años con Estados Unidos.

El letrado sostiene también que la relación entre los Zambada y los Guzmán, las dos familias que llevan las riendas del Cártel de Sinaloa, ha sido “impecable” y promete que no se desatará una guerra por el control de la organización criminal, una posibilidad que tanto el Gobierno mexicano como la sociedad civil temen —el presidente llega a pedir a los cárteles “que todos actúen de manera responsable”—. Las palabras de González Meza, sin embargo, tienen un valor relativo. El día anterior, en otra entrevista en Imagen Radio, ha dicho lo contrario: que ambos narcos han sido capturados ilegalmente en suelo mexicano por agentes de la DEA.

No es la única novedad del día. Unas horas antes, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, asegura que el avión en el que viajaron El Mayo y Guzmán López hasta Santa Teresa no despegó desde Hermosillo, la capital del Estado, como había informado días antes el propio Gobierno mexicano. No hay ningún avioneta en los registros del aeropuerto con las características de la que aterrizó en Nuevo México, dice Durazo.

Día ocho. Jueves 1 de agosto. El viejo capo repite su visita a la corte. Para entonces, el fuego cruzado de relatos sobre su arresto se ha disparado y la prensa corre descabezada de una versión a otra sin saber muy bien a cuál prestar atención. Hasta la Fiscalía parece abrumada y, un día antes, solicita a la jueza más tiempo para poder digerir la montaña de pruebas que hay contra el narco. También que el caso sea reconocido como “inusual y complejo” por el alto perfil del acusado y la complejidad de los delitos que le imputan. Así garantizan que evite un juicio rápido.

El Mayo acude a la cita en sudadera azul y chanclas. De nuevo, en silla de ruedas. La audiencia dura menos de 10 minutos. En ella, la jueza le pregunta si entiende que hay un potencial conflicto de interés, ya que un abogado del capo, Pérez, también es defensor de su hijo, Vicente Zambada Niebla, El Vicentillo. Él responde con un escueto “sí”. La letrada fija la próxima vista el 9 de septiembre.

Para algunos, la figura de Vicentillo refuerza la teoría de la entrega pactada: detenido en México en 2009, extraditado a Estados Unidos en 2010, se declara culpable y colabora con las autoridades, lo que le granjea la libertad vigilada en 2021, presumiblemente en el programa de protección de testigos. Su testimonio es clave en el juicio en el que El Chapo es condenado a perpetua en 2019. También el de un hermano de El Mayo, Jesús.

Día nueve. Viernes 2 de agosto. López Obrador asegura que, en caso de que El Mayo haya pactado con EE UU, “nada de lo que declare puede afectarnos”. Lo dice por el poder del capo, figura influyente que, de acuerdo con las investigaciones, tiene en nómina a altos cargos de la política y las fuerzas de seguridad mexicanas.

Día 10 y 11. Sábado 3 y domingo 4 de agosto. Las aguas se calman el fin de semana. Tras una semana y media de exclusivas y golpes de efecto, el caso está donde estaba al principio: nadie sabe muy bien qué ha pasado. Guzmán López y El Mayo duermen en una cárcel estadounidense.

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