El limbo de los 600 mexicanos desplazados a Guatemala por la violencia en Chiapas

Hace una semana que cientos de mexicanos de Chiapas iniciaron un éxodo hacia Guatemala huyendo de la violencia de los cárteles que se disputan el control del Estado sureño. Los Gobiernos de ambos países, de la mano del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), han desplegado acciones humanitarias para dar techo y comida a las familias. El Gobierno mexicano no ha explicado oficialmente cuántas personas se han desplazado; tampoco hay información sobre las edades de los afectados, cuántos son hombres y mujeres, cuántos niños o adultos mayores, si están enfermos, cuáles son sus necesidades. Las autoridades estiman que alrededor de 600 mexicanos se han instalado en refugios del municipio fronterizo de Cuilco, en el departamento de Huehuetenango. Se trata de un éxodo insólito, pues las migraciones en la región normalmente son del sur al norte, hacia Estados Unidos.

El fin de semana, México y Guatemala emitieron un comunicado conjunto en el que afirmaron que han brindado a los desplazados asistencia humanitaria y consultar, así como protección, y ofrecieron la posibilidad de que los mexicanos que así lo deseen regresen voluntariamente a sus comunidades “en condiciones de dignidad y seguridad”. “Los retornos serán planificados en conjunto entre los dos países, y en diálogo con las personas mexicanas, fijando un plan de fechas y horas para los mismos. Se harán con el acompañamiento de personal del Instituto Guatemalteco de Migración, así como en coordinación con las instancias de seguridad correspondientes”, señalaron en el comunicado. Este diario ha contactado a un portavoz de la Cancillería mexicana para preguntarle si ya algunos desplazados se han acogido al programa de repatriación, pero la solicitud no había sido atendida al momento de la publicación de esta nota. Juan Manuel Zardain, integrante de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chiapas, asegura al teléfono que ninguno de los desplazados ha regresado al país.

A fin de que los desplazados regularicen su situación migratoria, el Gobierno guatemalteco ha expedido varios certificados de permanencia humanitaria, que tienen vigencia de 30 días prorrogables. Zardain afirma que unos 200 mexicanos han recibido dicha certificación. “Eso les asegura refugio y alimento. Los que quieran regresar, está abierto el camino”, dice el funcionario en entrevista. “En realidad, ellos están en una población cercana a la frontera con México y a sus pueblos. Muchos tienen temor de regresar porque el conflicto sigue”, añade. Decenas de familias huyeron de Chiapas debido a la enconada guerra que libran grupos del Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación por el control del negocio del tráfico de migrantes. “El problema mayor que causó el desplazamiento es que los cárteles los obligan a trabajar para ellos poniendo obstáculos en la carretera, es decir, haciendo retenes, como si fueran gente del cártel. Y ellos no quieren, entonces, para no verse obligados, decidieron irse, porque, si los desobedeces, puedes tener consecuencias fatales”, detalla Zardain.

La organización guatemalteca Pop No’j ha dado apoyo humanitario a los desplazados mexicanos. Gilmar Gerónimo, integrante de la asociación, ha detallado que dos escuelas fueron habilitadas como albergues temporales para resguardar a las familias. El activista afirma que en la escuela El Rodeo se encuentran al menos 28 familias de desplazados, mientras que en la escuela Nueva Reforma hay otras 35. “Pero durante estos días han llegado más personas solicitando refugio”, indica en entrevista telefónica desde Guatemala. Gerónimo advierte de que, si bien la población de Cuilco ha brindado su ayuda para alimentar a los desplazados mexicanos, los esfuerzos no han sido suficientes. Añade que se han instalado centros de acopio para recibir comida, medicinas, colchones, ropa y productos de higiene. “Desde las organizaciones civiles se ha estado apoyando, así como la población, pero yo considero que no nos hemos dado abasto”, afirma Gerónimo. Por su parte, Zardain abunda que, con base en información aportada por la Comisión de Derechos Humanos de Guatemala, los mexicanos desplazados “están siendo bien tratados y están protegidos”. La semana pasada, se publicó en redes la noticia de la muerte de un mexicano de 93 años en uno de los albergues.

Chiapas, otrora un Estado tranquilo en el sureste mexicano, ha sido noticia en los meses recientes debido a las pugnas entre los cárteles, cada vez más intensas y públicas. Los grupos criminales no solo disputan el negocio de las drogas, sino también el del tráfico y las extorsiones de migrantes. La frontera sur de México es el cruce obligatorio de miles de personas provenientes de los países latinoamericanos en un intento por llegar a Estados Unidos. Ahora mismo, una caravana de unos 3.000 migrantes se encuentra en tránsito por México hacia la frontera norte. Mientras estas personas se abrían paso a EE UU, los cientos de chiapanecos se dirigían al sur. Los desplazamientos internos en Chiapas a consecuencia de la inseguridad ya habían ocurrido, como sucedió en el municipio de Tila, donde unos 4.000 pobladores abandonaron sus casas para buscar refugio en albergues. Pero la marcha a otro país Centroamericano no había tenido lugar antes, o no en las proporciones de este último éxodo. “Esto ha sido un hecho inédito, nunca se había presentado una migración inversa”, pondera Zardain.

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