López Obrador envía un paquete de reformas constitucionales que son legado y programa electoral

El camino está marcado. Cuatro meses antes de las elecciones que le retirarán a su rancho, el presidente López Obrador descargó este lunes en Palacio Nacional un paquete de reformas constitucionales que es a la vez legado y programa electoral. Ahí están las políticas en las que cree y las que no le ha dado tiempo o no ha querido consagrar en la Constitución cuando tenía mayoría para hacerlo. En la recta final de su mandato, el momento se torna más oportuno, con el electorado esper...

El camino está marcado. Cuatro meses antes de las elecciones que le retirarán a su rancho, el presidente López Obrador descargó este lunes en Palacio Nacional un paquete de reformas constitucionales que es a la vez legado y programa electoral. Ahí están las políticas en las que cree y las que no le ha dado tiempo o no ha querido consagrar en la Constitución cuando tenía mayoría para hacerlo. En la recta final de su mandato, el momento se torna más oportuno, con el electorado esperando un mensaje para salir a votar, porque por más que quisiera, el partido del presidente, Morena, tendrá que negociar con la oposición si quiere sacar adelante estas modificaciones legales, a menos que gane dos tercios de los curules del Congreso el 2 de junio.

Los morenistas se verán satisfechos cuando oigan estos alegatos en favor de los pobres, de los indígenas, de elevar el sueldo a maestros, médicos y policías, de asegurar un jornal al campesinado o garantizar un salario mínimo durante un año para la formación de los jóvenes que no estudian y no encuentra trabajo; devolver a la Comisión Federal de Electricidad su carga de empresa pública estratégica así como otorgar al pueblo la posibilidad de votar a los jueces y consagrar las ayudas sociales y educativas en la Constitución. O sea, “reencauzar la vida pública por la senda de la libertad, la justicia y la democracia”. Palabras grandilocuentes para un electorado que las espera. También tuvo guiños para los ecologistas, por ejemplo, restringiendo el uso del agua en zonas de escasez solo para uso doméstico, para quienes esperan el tren, 18.000 kilómetros que podrán transitar los pasajeros, prometió; otros rubros son del gusto más populista, el que se escucha en la cantina: reducir el número de políticos en el Congreso y el Senado o no permitir que funcionario alguno cobre más que el presidente.

Y así hasta 20 medidas con las que enfila el final de su trayecto y tiende las traviesas por las que deberá conducirse su sucesora, Claudia Sheinbaum. La campaña electoral estará atravesada por un intenso debate parlamentario, rentable para el partido del Gobierno, que deja a la oposición en la encrucijada de doblegarse a la negociación en busca de una posición que no afecte a sus intereses de camino a las urnas. Pocos minutos después del discurso, el presidente del PAN, Marko Cortés, salió a anunciar que analizarán “con responsabilidad” lo anunciado por López Obrador y criticó al presidente por eludir el asunto más grave que atraviesa el país, la inseguridad, como así fue. Apenas citó el presidente la idea de “penalizar con severidad el delito de extorsión que ejerce el crimen organizado”.

La violencia es la gran asignatura reprobada de este sexenio a la que se agarra la oposición una y otra vez, como lo hicieron este lunes. Eso y la eliminación de los organismos autónomos, como el INAI, para la transparencia administrativa, la Cofece, de competencia económica, y el organismo que regula la energía, entre otros, serán los escudos que protegerán a la derecha en su lucha contra un gobierno que pretende agotar el mandato con el mismo brío de quien lo estuviera empezando. Las negociaciones en las Cámaras coparán la expectación del público antes de decidir su voto. El peor escenario abre el telón frente a los aliancistas, que se desayunarán cada mañana con las diatribas de un presidente que ha sabido trocar en acción legislativa asuntos de campaña electoral.

El PRI calificó de “despropósito” que determinadas reformas, atentatorias, dijeron, “contra las instituciones”, se anuncien el día de la Constitución mexicana. Y atacó el afán electoralista del mensaje: “Morena busca enfrascar a la oposición en una discusión estéril y sin rumbo. Saben que no cuentan con los votos para consumar este asalto a la democracia”. Los priistas anunciaron sus líneas rojas: no votarán contra la desaparición de los organismos autónomos, “la debilitación” del Poder Judicial, asuntos que pueden calar en el electorado, como en su día pasó con los ataques gubernamentales al INE. “No cuenten con el PRI para destruir al país”.

López Obrador recurrió en la celebración de la Constitución de 1917 a un discurso patriótico, muy del gusto mexicano, por el que circularon todos los próceres del pasado, los constituyentes y los mártires de la Independencia y la Revolución, los hacedores de un México grande que hundieron, dijo el presidente, más de 40 años de neoliberalismo. En ese marco histórico situó su propio legado. Obrador se sube al presídium de los mexicanos ilustres como artífice del cambio de mentalidad del pueblo, lo que él llama “la revolución de las conciencias”. “Pero sería un error confiarnos y dejar pasar esta oportunidad histórica para afianzar valores e imprimirle a la Constitución su carácter democrático y social”, dijo. La oportunidad ya ha pasado, en realidad, ahora solo puede confiar en las urnas o en llegar a acuerdos con la oposición. El mensaje, pues, es electoral. Lo que no se logre en esas Cámaras legislativas, tendrán los ciudadanos solo una vía para obtenerlo, votando a su sucesora, Claudia Sheinbaum, quien ha garantizado la continuidad ideológica y política a todo el que quería escucharla. Aquí cabemos todos, llamó Obrador a los votantes: “Ahora son tomados en cuenta los estudiantes, los jóvenes, las mujeres, los adultos mayores, los indígenas, los campesinos, los trabajadores, los artistas, las maestras, maestros, los comerciantes, los pequeños y medianos empresarios”, prosiguió con guion mitinero.

No hay, sin embargo, ni rastro de ofensivas políticas que le puedan traer problemas con sectores sensibles, como el económico, menos en tiempo de votaciones. Mencionó el presidente la “importante tarea” de combatir la desigualdad “con una mejor distribución de la riqueza, del ingreso y del presupuesto”, pero entre las reformas que envió en la noche al Congreso no figuraba la fiscal, uno de los asuntos más clamorosos que queda en el debe de este sexenio. Tampoco hubo alusión a medidas que ocasionen disgustos de índole diplomática, o no se expusieron con la intensidad discursiva de que gozaron otras.

Las proclamas del presidente fueron las mismas que han presidido su mandato y las que lleva semanas introduciendo en el debate público desde sus conferencias matutinas, levantando las críticas de la oposición, porque consideran que Obrador extralimita su papel ejecutivo para acercarse más que peligrosamente a la arena electoral. Llevar sus políticas a la Constitución, en detalles tan menores como la prohibición de consumir fentanilo o el uso de vapeadores, no puede ser solo una forma de alzarse como un dirigente histórico, en el olimpo de aquellos a los que admira, puede interpretarse también como gestos electoralistas o simples señuelos para llevar a buen puerto las negociaciones.

“No se puede gobernar a base de impulsos de una voluntad caprichosa”, citó a Juárez. No parece capricho lo que impulsa al presidente a plantear estas enormes reformas, más bien un disparo muy calculado.

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