Las montañas de maíz blanco sin compradores asfixian al campo de Sinaloa

El calor abrasador de Culiacán madura el maíz dorado que cosecha Heriberto Uriarte. El agricultor tiene que achinar la vista para recorrer con la mirada sus 400 hectáreas de cultivo dorado, deslumbrado por el resplandor del sol. La inmensidad del terreno da vértigo, y no solo por la extensión. A Uriarte apenas le queda tiempo para pensar, tiene que cosecharlo todo antes de que se seque demasiado. “Lo estoy aguantando todo lo que puedo”, confiesa, abrumado por la incertidumbre. Trillar el campo ahora, recoger el maíz, significaría venderlo al precio internacional: 5.200 pesos por tonelada. A Uriarte este año le ha costado producir esa misma cantidad 6.000 pesos en los terrenos que ha rentado. En otras palabras, significaría la quiebra.

La guerra de Ucrania, el tipo de cambio y las políticas para paliar la inflación crearon la tormenta perfecta para que el valor del producto se desplomara y aumentará el coste de producción. El riesgo de vender a pérdidas empujó a Uriarte a salir a tomar las calles de la capital de Sinaloa con su tractor, junto a una horda de campesinos con su misma situación, enfadados y desesperados. Consiguieron comprar un poco de tiempo al lograr iniciar las negociaciones con el Gobierno para un precio justo, para una protección. Sin embargo, solo se ha encontrado solución para la tercera parte de la producción del Estado. El resto forma abismales montañas de grano de maíz blanco en las bodegas colapsadas, esperando un comprador que salve la economía local del desastre.

La solución más rápida para que los campesinos abandonaran las calles y las sedes de Pemex que tomaron en Puerto de Topolobampo fue garantizar la compra de una porción del problema. El Gobierno se comprometió a adquirir dos millones de toneladas de las seis que produce Sinaloa. Esa parte la adquirirá a los 6.965 pesos de garantía por tonelada que piden los productores, pero quedan pendientes cuatro millones de toneladas sin destino y sin un precio claro.

Baltazar Valdez Armentía, presidente de la asociación Campesinos Unidos, explica que la estrategia del Gobierno reducir la oferta para que aumentara el precio de lo restante. Sin embargo, Segalmex, protagonista del mayor desfalco de dinero público registrado hasta ahora en el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, no solo fracasó en aumentar el precio. También añadió dos problemas. Al comprometerse a comprar solo las toneladas que procedan de los productores más pequeños —que tengan máximo 10 hectáreas— generó el descontento del resto de campesinos que quedaron fuera de la protección. Además, las pocas bodegas que pueden almacenar grano en Sinaloa quedaron saturadas por guardar el producto adquirido por la Administración, colapsando el almacenamiento para los demás. En un año normal, el producto de las bodegas va rotando a medida que se envía a los compradores y se vuelve a rellenar con más cosechas, pero ahora mismo no hay nadie comprando maíz.

Las colas de camiones fuera de las bodegas que no pueden dejar su producto generaron más tensión. Los campesinos no tienen instalaciones para guardarlo del sol, que puede dañar el producto o llegar a quemarlo. Tampoco de los incendios forestales que provoca el sofocante calor ni de la inminente lluvia que empezará a caer con la temporada de huracanes. En las situaciones más desesperadas, no les queda otra opción que malvenderlo.

Esta situación es la que motivó una nueva protesta campesina, pero esta vez a gran escala. Ocupar el aeropuerto de Culiacán y detener el tráfico de aviones consiguió escalar el conflicto que solo había resonado en los periódicos locales a la rueda de prensa mañanera del presidente. “Que se queden en el aeropuerto, pero no vamos a dejarnos chantajear por corruptos”, advirtió con severidad López Obrador. Horas antes, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, les había sugerido a los manifestantes trasladarse a las sedes de las principales empresas compradoras de maíz blanco: “Los invito a que vayamos juntos a protestar contra los verdaderos responsables de que sus cosechas se malbaraten: Gruma, Cargill y Minsa”.

Valdez explica que un grupo de campesinos no pueden enfrentarse solos contra esas industriales, que manejan casi en totalidad el comercio del maíz en México. “Nosotros no tenemos nada que hacer con todo su poderío económico, es el Gobierno el que nos tiene que ayudar a conciliar un precio justo con ellos”, apunta. Él y su grupo se retiraron del aeropuerto y volvieron a casa con sus tractores. Asegura que, aunque las palabras del presidente minaron el ánimo de los productores, consiguieron una pequeña victoria: que se reconozca el problema a nivel nacional y el apoyo del Gobierno estatal para volver a dialogar. “Queremos ser corresponsables de la solución, no estamos cerrados al precio”, agrega sobre las negociaciones que se llevarán a cabo con la Administración, las empresas y los campesinos. La propuesta actual es que cada parte aporte un 33% de la diferencia del precio que necesita el campo respecto al que da el mercado. Es decir, los campesinos aceptarán ganar menos y quedarse con un precio de venta de 6.400 pesos la tonelada, las empresas aceptarán pagar un poco más y el Gobierno subvencionará el resto. “Es difícil vivir con tan poca ganancia, pero al menos que no nos queden las deudas”, se resigna Valdez.

Ese temor por no llegar a pagar préstamos es la que impacienta a campesinos como Uriarte. Él, como la mayoría, pidió un préstamo bancario antes de la temporada de siembra. “Si yo hubiera sabido esto no le hubiera entrado”, admite. Pidió en octubre lo necesario para los fertilizantes, las semillas, el diesel de la maquinaria, los permisos para uso de agua, además de para rentar hectáreas y conseguir que este año sea más producto, con las buenas perspectivas de temporadas pasadas. El plazo para pagar esa deuda se termina en julio, cuando normalmente ya habría vendido toda la cosecha. Ahora no sabe ni quién va a comprarlo o siquiera cuánto van a darle por su maíz.

Omar Ahumada, asesor de la asociación AARC de agricultores y profesor de Ingeniería de Agronegocios en la Universidad de Autónoma de Occidente, explica que los créditos para sembrar son una de las razones del descontento en el campo. La Administración de López Obrador desapareció la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND), conocida como Financiera Rural, que era la prestamista de los agricultores. “La tasa de interés pasó del 3,5% al 11.25% con los créditos interbancarios con bancos privados para sustituir la financiera”, subraya Ahumada. En el caso de Uriarte, el crédito tiene un interés del 20%.

La falta de políticas públicas para subsidiar al campo se añaden a la lista de ingredientes de esta tormenta perfecta para una crisis agraria. La extinción de los fideicomisos también se llevó el Fonden, el fondo para desastres naturales que servía de respaldo para los campesinos en caso de perder sus cosechas por heladas, sequías o incendios. “En EE UU por ejemplo, que es competidor directo con México por el tratado de libre comercio, hay subsidios. Cuando Donald Trump tuvo pelea con China y perdió ese comprador, dio 200.000 millones en subsidios para subsanar las pérdidas de ventas”, narra Ahumada.

Sin apoyo público, el campo se quedó desprotegido cuando la guerra de Ucrania elevó por las nubes los precios en fertilizantes y cuando la inflación arrastró en la subida de precios otros insumos, como las semillas. “Con el PACIC [Paquete contra la inflación y la carestía] se quitaron los aranceles a muchos países como Argentina, Brasil o Sudáfrica. A principio de este año puso un 50% de arancel a la exportación del maíz blanco. Todo pensado para bajar el precio al consumidor a costa del productor. Ahora los precios han bajado y tenemos la competencia del mundo entero”, concluye el profesor.

La compra del Gobierno de 521.000 toneladas de maíz blanco a Sudáfrica para bajar el precio de la tortilla fue una gota más de hartazgo del vaso que se ha derramado en el campo. Y finalmente sin resultados, pues no impidió que subiera el precio de la tortilla. Ahumada recuerda que en Sudáfrica se cultiva maíz transgénico, prohibido para el consumo humano en México. Esa política contra los transgénicos también pone en posición de desventaja al productor mexicano contra el mercado internacional, ya que sale más caro cultivar sin glifosato y no tiene tanto rendimiento como las semillas modificadas.

El tipo de cambio actual del dólar al peso terminó de rematar al agonizante campo. Mientras México celebra positivamente el llamado ‘superpeso’ a poco más de 17 dólares por unidad, los campesinos que tienen su producto en un régimen de dólar reciben menos pesos por su mismo producto. Exportar es una opción muy poco atractiva.

A la vorágine del campo, Cristina Ibarra, presidenta del Colegio de Economistas del Estado de Sinaloa y profesora e investigadora de la Universidad Autónoma de Sinaloa, le añade otro factor de contexto. En México se produce más maíz blanco del que se consume, y el volumen de maíz cosechado aumenta cada año porque es muy rentable. En 2022, se cultivaron 23,5 millones de toneladas de este grano, pero solo la mitad se usaron en consumo humano, según el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera. El resto, al no tener demanda nacional y tener un arancel del 50% para las exportaciones, solo queda para el mercado agropecuario. El maíz blanco de excelente calidad sobrante que sirve para las maravillas gastronómicas mexicanas como las tortillas, los tamales y los pozoles se da de comer al ganado. El cambio de destino de humanos a animales supone abaratar el producto al precio del maíz amarillo, a 5.200 pesos por tonelada.

El futuro para la próxima siembra se ve incierto para Marte Nicolás Vega Román, presidente de la asociación CAADES. Advierte que de no encontrar una solución ahora, en el próximo ciclo de cosecha no habrá dinero para sembrar, ni bancos que quieran prestar dinero para intentarlo. “Si dejamos de producir nosotros, si nos vamos a la quiebra, ¿qué va a comer el mexicano? No existe en el mundo un maíz como el nuestro que no sea transgénico”, sentencia.

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