El precio de la tortilla fluctúa en Guerrero por imposición directa del crimen organizado

El crimen organizado en el Estado de Guerrero obliga a los comerciantes a subir y bajar el precio de la tortilla según lo considere oportuno. Así lo han asegurado a EL PAÍS comerciantes e integrantes de la industria. Con la inflación al alza, el precio del kilo de tortilla en el país ha sufrido aumentos considerables en lo que va del año. En Guerrero, donde el kilo de este alimento básico fluctuó en días pasados entre los 28 y 30 pesos, (poco menos de un d...

El crimen organizado en el Estado de Guerrero obliga a los comerciantes a subir y bajar el precio de la tortilla según lo considere oportuno. Así lo han asegurado a EL PAÍS comerciantes e integrantes de la industria. Con la inflación al alza, el precio del kilo de tortilla en el país ha sufrido aumentos considerables en lo que va del año. En Guerrero, donde el kilo de este alimento básico fluctuó en días pasados entre los 28 y 30 pesos, (poco menos de un dólar y medio), un grupo del crimen organizado ha obligado ahora a los comerciantes a bajar sus precios a 21 pesos.

“[Los criminales] creen que uno sube el precio porque se nos ocurre, sobre todo en la zona de Guerrero, donde por inseguridad los costos del transporte son más altos”, dice en entrevista Homero López García, presidente del Consejo Nacional de la Tortilla. Varias fotografías compartidas en redes sociales y en medios de comunicación locales ilustran la bajada obligada. “A partir del 15 de agosto, por apoyo a las familias igualtecas, el precio del kilogramo de tortilla, 21 pesos, kg taquería 19. Atentamente. La Sierra [uno de los grupos criminales de la zona]”, reza el texto de un cartel colocado en una tortillería en Iguala.

A través de cartulinas o carteles en los establecimientos es como los miembros de La Sierra anuncian su determinación de precios. En octubre de 2021, el grupo, también conocido como Los Tlacos, ordenó a los comerciantes de más de una veintena de tortillerías a bajar sus precios entre uno y dos pesos. Hace algunas semanas, los tortilleros de Iguala también se vieron obligados a cambiar sus precios, pero esta vez, al alza. Mientras que a mediados de junio el kilo rondaba los 20 pesos, las tortillerías se vieron obligadas a venderlo en 25 y hasta a 27 pesos, ya que tenían que pagar una cuota a los narcotraficantes conocida como “derecho de piso” para poder seguir abriendo sus cortinas. Hace seis semanas, en Zihuatanejo, unas 50 tortillerías dejaron de abrir por dos días, de acuerdo con varios reportes de la prensa local ante las amenazas que habían recibido.

Para el líder de los comerciantes tortilleros, que agrupa a más de 19.000 establecimientos en varios Estados del país, la seguridad es un tema que se ha descuidado en Guerrero y en otros lugares. “Tenemos inseguridad en gran parte del país, en las carreteras, de la Ciudad de México a Puebla, a Veracruz, en Guerrero, es un tema muy generalizado. Esto sigue siendo urgente, porque los fleteros (transportistas) no quieren entrar a una zona porque los pueden asaltar”, dice.

En lo que va de 2022, la tortilla, base alimentaria de los mexicanos, ha visto un incremento promedio de 13,52%, el más alto en los últimos cinco años derivado de la inflación generalizada. El precio promedio en las tortillerías del país es de 21,24 pesos, de acuerdo con el Sistema Nacional de Integración de Mercados de la Secretaría de Economía, pero en el Estado de Guerrero y en Sonora el kilogramo se vende hasta en 30 pesos.

No solo los vendedores de tortillas han pasado momentos oscuros a causa de la inseguridad en Guerrero. En junio, decenas de vendedores de carne, principalmente pollo, dejaron de comercializar sus productos hartos de la violencia y el derecho de piso. Además, otros delitos atribuidos a los cárteles que se disputan las ciudades han dejado mella en la sociedad guerrerense.

Según la Fiscalía General de Guerrero, se investiga la relación que puede existir entre el asesinato del periodista Fredid Román y el de su hijo Bladimir Román, quien fue muerto también en una balacera. El hijo del periodista fue asesinado el 1 de junio de este año en la localidad del Ocotito, y se dedicaba a la distribución de pollos en los mercados de la entidad. El Gobierno que encabeza Evelyn Salgado solicitó a la Fiscalía “agilizar las diligencias ministeriales e investigaciones del caso con el propósito de dar a la brevedad con quien o quienes resulten responsables de este crimen”.

No es la primera vez que el crimen interfiere en actividades cotidianas, haciendo pasar sus imposiciones como beneficios para el pueblo, por ejemplo, repartiendo despensas en lo más crudo de la pandemia, cuando las economías familiares se tambaleaban.

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