Helena Monzón: “El caso no está cerrado, buscamos sentencias máximas para los detenidos”

La detención de los cuatro implicados en el feminicidio de la abogada Cecilia Monzón ha dado un impulso a la investigación del crimen. El 30 de julio la Fiscalía de Puebla apresó al último de los sospechosos, Silvestre ‘N’, presunto autor de los seis disparos que acabaron con la vida de la mujer hace tres meses. Las autoridades locales y el subsecretario de Seguridad federal han anunciado que con estas detenciones, entre ellas las del exdiputado priista Javier Ló...

La detención de los cuatro implicados en el feminicidio de la abogada Cecilia Monzón ha dado un impulso a la investigación del crimen. El 30 de julio la Fiscalía de Puebla apresó al último de los sospechosos, Silvestre ‘N’, presunto autor de los seis disparos que acabaron con la vida de la mujer hace tres meses. Las autoridades locales y el subsecretario de Seguridad federal han anunciado que con estas detenciones, entre ellas las del exdiputado priista Javier López Zavala, su sobrino Jair ‘N’ y el exdelegado de la Secretaría de Relaciones Exteriores en el Estado, Santiago Bárcena, el caso queda “esclarecido”. Pero la familia pide tanto a las autoridades como a la opinión pública que no cierren este asunto, porque queda todavía un largo recorrido en los tribunales. “Esto no está cerrado, lo que buscamos son sentencias máximas para los detenidos”, dice Helena Monzón, hermana de la víctima. En México solo tres de cada 100 asesinatos de mujeres obtienen una condena, según el Inegi, y solo la mitad de los feminicidios se resuelven.

El periodo de investigación complementaria puede extenderse entre cuatro y seis meses más. Después, un juez decidirá si el caso pasa a juicio en razón de las pruebas existentes o si lo desestima. “Sabemos que va a ser un procedimiento largo”, señala Monzón, quien calcula que el juicio podría tener lugar en el primer semestre de 2023. “Con la última detención renovamos la confianza en la Fiscalía, pero aún queda mucho camino por recorrer, porque las detenciones sin condenas no son justicia”, afirma la hermana. El juicio del feminicidio se acerca a las elecciones de 2024 en el Estado, Puebla, un escenario poco favorable por las vinculaciones políticas del caso.

López Zavala fue candidato al Gobierno de Puebla en 2011. Es el padre del hijo de la víctima, se le acusa de ser el instigador del delito y de haber contratado a dos sicarios para que mataran a la abogada, uno de ellos, su sobrino. Años atrás Cecilia Monzón le denunció por abandono del menor y por adeudo de la pensión alimentaria del niño.

Una semana antes de que la asesinaran, Monzón se quejaba de que las denuncias contra Javier López Zavala estuvieran atascadas en la Fiscalía y acusaba al político de esconder sus bienes para no tener que pagar la manutención de su hijo. Esas denuncias fueron clave para que la Fiscalía ejecutara la orden de aprehensión contra el político el pasado mes de junio, una semana antes de casarse por tercera vez.

Los detenidos permanecen en prisión preventiva para evitar el riesgo de fuga, sin embargo, sus apelaciones han sido constantes para continuar el proceso en libertad. A mediados de julio, López Zavala fue trasladado al penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México. Bárcena y Jair ‘N’, están recluidos en el penal de San Miguel y en el de Huejotzingo. “No canto victoria. Ahora mismo ya tenemos amparos preparados para todo el mes de agosto y sabemos que va a ser un procedimiento largo”, responde Helena Monzón desde Barcelona, donde reside.

Después de los avances de los últimos meses, Monzón, abogada como su hermana, dice que confía en la investigación que hasta ahora está haciendo la justicia: “La Fiscalía y yo consideramos que hay elementos sólidos para imputar al presunto feminicida”, señala. Agrega que, de acuerdo con las autoridades, hay pruebas sólidas que vinculan a López Zavala con los presuntos autores materiales. “Creemos en el Estado de Derecho. Hay un menor que merece que luchemos por él”, dice en referencia a su sobrino, un niño de 4 años. Ella es española, como lo era su hermana, por lo que la embajada y los servicios consulares del país siguen de cerca el caso y han brindado apoyo a la familia.

Actualmente, los familiares tienen la custodia del niño y luchan en los tribunales para quedarse con la patria potestad definitiva, que le sería retirada al padre. Mientras tanto, la legislación conserva ese derecho al presunto feminicida, quien ha pedido que se le mantenga el régimen de visitas al niño. Esas visitas “nunca se llegaron a ejercitar [cuando Cecilia Monzón vivía] y ahora se están tratando de utilizar en el marco del procedimiento de custodia”, ha dicho la famlilia en una entrevista a EL PAÍS.

El nombre de la abogada está lejos de caer en el olvido, así lo ha intentado no solo la familia, sino también grupos feministas y colectivos de mujeres a los que Monzón estaba muy vinculada. En julio de este año, la diputada local del PT Mónica Silva presentó una iniciativa para retirar la patria potestad a los feminicidas en el Estado de Puebla. La propuesta será votada en el arranque de la nueva legislatura a partir del mes de septiembre y ha sido bautizada con el nombre de “Ley Monzón”. “El fallecimiento de Cecilia no significa el silencio de su voz, significa que el ruido ahora lo tenemos que hacer otras”, dice su hermana.

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