Un juez tumba el caso de la Fiscalía contra los abogados cercanos a Scherer
El proceso, iniciado por una denuncia de Juan Collado, involucraba al exconsejero jurídico de Andrés Manuel López Obrador
Después de casi 24 horas de audiencia, un juez ha decidido no vincular a proceso a tres abogados y un asesor financiero del entorno de Julio Scherer por una causa de extorsión, tráfico de influencias, asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita. El proceso judicial, que involucraba al exconsejero jurídico del presidente Andrés Manuel López Obrador, partía de una denuncia hecha por e...
Después de casi 24 horas de audiencia, un juez ha decidido no vincular a proceso a tres abogados y un asesor financiero del entorno de Julio Scherer por una causa de extorsión, tráfico de influencias, asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita. El proceso judicial, que involucraba al exconsejero jurídico del presidente Andrés Manuel López Obrador, partía de una denuncia hecha por el abogado Juan Collado, en la cárcel desde julio de 2019. De acuerdo con la denuncia, los juristas que le defendían presumían de tener un vínculo cercano al entonces funcionario y le pidieron hasta 2.000 millones de pesos —unos 97,8 millones de dólares— para tramitar su salida de prisión. El fallo implica un varapalo para la Fiscalía General de la República, cuyo titular, Alejandro Gertz, rompió relaciones desde hace unos meses con el exconsejero jurídico.
Ninguna de las supuestas pruebas presentadas este miércoles por el Ministerio Público tuvieron fuerza suficiente para vincular a proceso al entorno de Scherer. Así lo creyó el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, que desechó la causa articulada por la Fiscalía de Gertz. El fiscal general de México, acusado en múltiples ocasiones de utilizar el poder de la justicia a su favor, se había lanzado en una cruzada contra el exconsejero jurídico después de una ruptura entre los dos funcionarios. La pelea escaló hasta llegar a los tribunales a principios de este año con una causa que echaba el cerco sobre exsocios y cercanos al exfuncionario. Scherer respondió con una denuncia contra Gertz por tráfico de influencias que aún está pendiente de resolverse.
Collado, el denunciante, cayó en prisión hace más de dos años por acusaciones de lavado de dinero y delincuencia organizada. Hasta entonces había representado a los más poderosos de México, entre ellos el expresidente Enrique Peña Nieto, en su divorcio, y a Raúl Salinas de Gortari, hermano del expresidente. La denuncia contra el Scherer y su entorno describía un modus operandi supuestamente articulado desde el poder: una serie de abogados cercanos al consejero judicial de Presidencia ofrecían a cambio de dinero beneficios, garantizados de alguna forma por estar coludidos con el funcionario. En la audiencia que comenzó este miércoles y finalizó este jueves, Collado se ha presentado de forma telemática desde el penal donde se encuentra. El juez ha ordenado ahora que se investigue si el denunciante o el Ministerio Público cometieron algún delito al realizar esta acusación.
La denuncia señalaba que a través de los abogados que defendían a Collado, entre ellos Juan Antonio Araujo, se le dijo que la única forma en la que podría salir de la cárcel sería vendiéndoles una empresa de su propiedad, Caja Libertad, a un precio muy por debajo del real. Además de Araujo, Collado había señalado a los abogados César Omar González Hernández, Isaac Pérez Rodríguez y el asesor financiero David Gómez Arnau. Ninguno de ellos quiso declarar en la audiencia. En el centro del supuesto esquema se encontraba Scherer, quien no estaba convocado ni para declarar ni para defenderse, algo que el juez reprochó a la Fiscalía.
La acusación, presentada ante el Ministerio Público el pasado octubre, sostenía que Collado les había dado 10 millones de pesos para frenar una investigación en su contra que llevaba adelante la Unidad de Inteligencia Financiera. Además, aseguraba haberles pagado 1,3 millones de dólares para dejar la prisión y haber acordado un pago final de 2.000 millones de pesos en forma de acuerdo reparatorio.
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